Se trata de una demanda del gobernador indígena Juvencio Nastacuas Pai, quien como representante legal del cabildo Awá de la Cabaña, ubicado en la vereda del mismo nombre de Puerto Asís, (Putumayo), interpuso una tutela para tumbar 27 pozos petroleros que se encuentran en esa región.
Esos pozos hacen parte de tres complejos petroleros y comprenden unas 37.000 hectáreas. Su operación está en los campos de producción Quinde, Cohembí y Quillacinga, e iniciaron por la concesión que en su momento Ecopetrol le dio a Colombia Energy, conformada por las empresas Vetra Exploración, y Producción Colombia S.A.S. y Southeast Investment Corporation.
Según la tutela de Nastacuas, la comunidad busca "la protección de los derechos constitucionales a la consulta previa, a otras formas de participación democrática, a la integridad étnica cultural de la nación y a la igualdad de culturas", por lo que pide que se suspendan esos proyectos petroleros.
La decisión afectaría a los pozos Piñuña 1, 2, 4 y 6, además de los Pozos Quillacinga 1, "y toda la actividad inconsulta hasta tanto no se cumpla y culmine el proceso de consulta previa", según se lee en la solicitud del líder indígena.
En abril del año pasado la Corte Suprema de Justicia había negado la tutela de los Awá, afirmando que no se vulneró su derecho a la consulta previa. Entonces el caso pasó a revisión de la Corte Constitucional.
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya hay un antecedente que juega a favor de las comunidades indígenas y que indica que el alto tribunal podría tumbar la operación de esos proyectos.
En junio del año pasado la Corte falló a favor de una tutela del líder indígena Ángel Rosendo García de la comunidad Awá de la vereda El Naranjito, de Orito (Putumayo), y ordenó cerrar dos pozos petroleros de Ecopetrol y Pacific, en zona rural de esta población.
La ponencia del magistrado Alberto Rojas (quien también es ponente en la nueva tutela que se discute hoy) indicó en ese momento que las petroleras debían realizar un proceso de consulta previa para reactivar dichos proyectos, dándole validez a los argumentos del representante indígena, quien aseguró que la presencia de los Awá en esa zona viene desde 1960.
La Corte también tuvo en cuenta el daño ambiental que la operación de las petroleras trajo para los ríos y el medioambiente.
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