Tras anunciar que pedirá la exclusión de Justicia y Paz de dos de los exparamilitares vinculados al secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía reveló que adelanta una investigación por los graves crímenes que se habrían cometido en la cárcel Modelo entre los años 1999 y 2001.
Esa investigación pretende aclarar uno de los capítulos más oscuros de las cárceles del país en una época en la que las mismas autoridades reconocían que los penales eran controlados por los internos que patrullaban armados y encapuchados los patios que dominaban.
Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, aseguró ayer que el ente acusador tiene conocimiento de al menos un centenar de casos de personas que fueron desaparecidas de esa cárcel. “El número exacto de víctimas es desconocido. Se sabe que hay una cifra que asciende a más de cien víctimas, e incluso el número puede ser bastante superior”, indicó. (Lea: En caso Jineth Bedoya piden excluir exparamilitares de Justicia y Paz)
Heyck explicó que estos casos se han encontrado tras realizar inspecciones en la cárcel Modelo y que se investigan a causa de la relación que esos aberrantes hechos tienen con la violenta agresión que sufrió la periodista Jineth Bedoya en mayo del año 2000.
“Se ha conocido que en la cárcel Modelo de Bogotá ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, no solo de presos y familiares de presos, sino también de personas que venían de afuera y que eran ajenas al penal”, dijo Heyck.
Bedoya investigaba
Precisamente, esos graves delitos eran los que venía investigando Bedoya Lima antes del ataque; llevaba meses recolectando información sobre las personas desaparecidas y sobre el poder que capos del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la delincuencia común tenían dentro del penal.
La periodista, que asistió ayer al anuncio de la Fiscalía que pondrá a alias J.J. y el ‘Panadero’ ante la justicia ordinaria, dijo que alcanzó a documentar los asesinatos y desapariciones de 16 personas que habían ingresado al penal y de las que nunca se volvió a saber nada.
Bedoya Lima indicó que incluso tiene los testimonios de los familiares de las víctimas, que a pesar de las amenazas de los grupos ilegales le contaron lo último que supieron de sus seres queridos.
La investigación, dijo la periodista, la alcanzó a compartir con el entonces defensor regional del pueblo, Iván Villamizar Luciani, quien fue asesinado en Cúcuta (Norte de Santander) en febrero del 2001.
El crimen, según fallos judiciales, fue cometido por integrantes de la Fuerza Pública aliados con paramilitares.
Bedoya Lima añadió que en su investigación hay testimonios que hablan de la forma como fueron desmenbradas las víctimas que luego fueron arrojadas a las cañerías de la cárcel.
Indicó que para la época la cárcel era “la oficina desde la que se manejaba la criminalidad más grande del país. Allí además de los jefes paramilitares más poderosos y de la delincuencia organizada todavía estaba el rezago del cartel del Norte del Valle del Cauca y entre todos se disputaban el poder”.
Oficinas de cobro
En la investigación que alcanzó a adelantar Bedoya Lima se habla de la existencia de oficinas de cobro dentro del penal en las que se hacían efectivas deudas del narcotráfico. El penal, dijo la periodista, también era escenario del pago de rescate por secuestrados.
De acuerdo con la fiscal Heyck Puyana, esas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en La Modelo vienen siendo investigadas por fiscales de la Dirección de Justicia Transicional desde fines del año pasado.
La funcionaria judicial dijo que las desapariciones se daban en el patio de alias el ‘Panadero’, exparamilitar que aceptó el pasado 12 de febrero su responsabilidad en el ataque contra Bedoya Lima
El órgano investigador aseguró que estos macabros hechos se habrían repetido en las cárceles de Popayán, Bucaramanga y Barranquilla.
“Los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo deben ser analizados en profundidad por la Fiscalía desde su responsabilidad penal, pero también ameritan una reflexión profunda de la sociedad colombiana”, dijo la fiscal Caterina Heyck.
“Esta es una deuda que el Estado tiene, no solamente con Jineth Bedoya, sino con los cientos de víctimas de la cárcel Modelo y de los paramilitares. Estoy sentada aquí porque quiero volver a creer en la Fiscalía”, dijo Bedoya, quien además le envió un mensaje al exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, quien era uno de los socios de los jefes paramilitares que ordenaron el secuestro.
“ ‘Don Mario’ me ha enviado un mensaje esta mañana (ayer), entrando aquí al búnker de la Fiscalía. Pues yo también le quiero enviar un mensaje a él, dijo Bedoya. Si realmente él está diciendo que está comprometido con la verdad de este país, esperamos que tenga la gallardía de dar los nombres de los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en mi secuestro”.
‘J. J.’ y el ‘Panadero’ faltaron a compromiso con la verdad
Las trampas con las que intentaron eludir su responsabilidad en el caso de secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, ocurrido en el 2000, tienen a los exparamilitares Alejandro Cárdenas, alias J. J., y Mario Jaimes Mejía, el ‘Panadero’, a las puertas de pasar en prisión al menos 30 años.
Las dilaciones en las que ellos incurrieron llevaron a que casi 16 años después de ocurridos los hechos no se haya producido ninguna condena.
Por eso, la Fiscalía oficializó ayer su decisión de excluirlos de Justicia y Paz, que les daba penas alternativas a pesar de la gravedad de sus crímenes.
La Fiscalía señala que tanto ‘J. J’. como el ‘Panadero’ “faltaron a su compromiso con la verdad, pues en sus diferentes versiones negaron su participación en los hechos e incurrieron en contradicciones evidentes”.
La fiscal Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, explicó que el requisito de contribuir con la verdad “descarta contradicciones, verdad a cuenta gotas, estrategias dilatorias, mentiras y manipulación de los hechos”, acciones en las que incurrieron los dos exparamilitares. Solo hasta el pasado 2 de febrero, después de años de anuncios incumplidos en el mismo el ‘Panadero’, se convirtió en el primer exparamilitar en aceptar los cargos por el caso de Bedoya. Ante un juez especializado se declaró culpable de secuestro simple, tortura y abuso sexual.
‘J. J.’, por su parte, solo hasta el 2012 confesó su participación, aunque no aceptó el cargo de violación; sin embargo, dos años después se retractó.
La solicitud de expulsión pasa ahora a manos de un juez de Justicia y Paz y en última instancia deberá ser validada por la Corte Suprema de Justicia.
EL TIEMPO