Cinco escándalos que han sacudido a la Policía Nacional

Cinco escándalos que han sacudido a la Policía Nacional

El que le costó el puesto a Palomino no es el primero en la historia reciente de la institución.

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17 de febrero 2016 , 11:04 a.m.

La salida este miércoles del general Rodolfo Palomino de la dirección por acusaciones de redes de prostitución y seguimientos ilegales, no es el primer escándalo que enfrenta la Policía. Recientemente, desde vínculos con redes delincuenciales hasta misteriosos asesinatos han enlodado la imagen de la institución.

El asesinato de una niña en una estación de Policía

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Diego Fernando Valencia Blandón, quien aceptó los cargos.

El 28 de febrero de 1993, Sandra Catalina Vásquez Guzmán, de 5 años, fue hallada muerta y con signos de violación en el baño de la estación de Policía del barrio Germania, en el centro de Bogotá. Aunque su padre, también uniformado, fue el primer sospechoso y estuvo un año detenido, una prueba de ADN lo exoneró.

Dos años después, las investigaciones condujeron a la captura de otro policía, Diego Fernando Valencia Blandón, quien confesó ante la Fiscalía y los medios de comunicación la autoría del crimen. El Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado y acceso carnal violento, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema.

Sin embargo, en enero de 2006, el mismo juzgado que había dictado sentencia le rebajó la pena por confesión, trabajo y estudio, y lo dejó en libertad tan solo 10 años, 3 meses y una semana después del crimen.

Las 'chuzadas' que estallaron en el 2007

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Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de la época. Foto: Héctor Fabio Zamora

Ese año, la salida de 12 generales coincidió con la revelación de que la Policía, desde su Dirección de Inteligencia, grabó ilegalmente más de 8.000 horas de conversaciones privadas de funcionarios del Gobierno, miembros de la oposición, fiscales, efectivos del DAS y periodistas de dos medios escritos que no estaban bajo investigación.

El ministro de Defensa de la época era Juan Manuel Santos y el presidente era Álvaro Uribe. Ambos rechazaron públicamente los hechos, negaron cualquier participación y aseguraron que el Gobierno no estaba involucrado en los seguimientos ilegales.

Por estos hechos, la Procuraduría destituyó al general de la Policía Guillermo Chávez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia (Dipol); a los tenientes coroneles Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del área de producción de inteligencia, y a Jairo Noé Ariza, jefe del área de contrainteligencia.

La muerte de un grafitero que habrían intentado encubrir

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Wilmer Alarcón, el patrullero que le disparó a Diego Becerra.

En la noche del 19 de agosto del 2011, en la avenida Boyacá con calle 116, el joven grafitero Diego Felipe Becerra recibió un balazo en la espalda que le propinó el patrullero de la Policía, Wílmer Alarcón, en lo que en un inicio se llamaron “hechos confusos”.

El joven murió a pocas cuadras, en la clínica Shaio, y el reporte oficial de la Policía lo presentó como un atracador. Luego, la Fiscalía desveló que detrás de la muerte hubo un montaje para presentarlo como delincuente, que se presionó a un conductor de buseta para que dijera que el joven lo había intentado robar e, incluso, se plantó un arma en la escena del crimen.

Por la muerte de Diego Felipe Becerra se han hecho efectivas 13 detenciones (10 policías y tres civiles), entre ellos el coronel Jhon Harvey Peña Riveros, quien en la época de los hechos era subcomandante de la estación de policía de Suba; los subintendentes Fleiber Leandro Zaravanda Payán y Nelson Giovanny Tovar Pineda, que pertenecían a la misma estación; el coronel José Javier Vivas, quien llegó a ser el segundo hombre de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Suba.

Ellos aún enfrentan juicio por los delitos de porte ilegal de armas, fraude procesal, favorecimiento al homicidio, falsedad ideológica y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El vergonzoso caso del general Santoyo

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El general Mauricio Santoyo, el más alto oficial de la Fuerza Pública extraditado a Estados Unidos, confesó ante la justicia de ese país -con el fin de lograr un acuerdo- que "conscientemente abusó de su cargo" para asesorar, apoyar y hasta suministrar personal a los grupos paramilitares de Colombia a cambio de millonarios sobornos.

Santoyo estuvo 30 años en la Policía y llegó a ocupar altos cargos, entre ellos el de jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2006. Con una investigación por las 'chuzadas' de casi 1.500 líneas telefónicas mientras fue jefe del Gaula, se retiró en el 2009.

En 2012, una Corte de Virginia (Estados Unidos) condenó al general Mauricio Santoyo a 13 años de cárcel y una multa de 125.000 dólares.

En Colombia tiene pendientes varios procesos: uno por la desaparición de dos defensores de víctimas en Antioquia y otro, ni más ni menos, por su presunta responsabilidad en el plan para desviar la investigación del crimen del periodista Jaime Garzón.

El general Buitrago, su esposa y el ‘Papero’

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En 2013, el general de la Policía, Flavio Buitrago, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, y su esposa, Elba Alieth Pulido Solano, fueron capturados por la Fiscalía señalados de ser testaferros del confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias el Papero, quien posaba como un empresario de Corabastos.

Actualmente, Buitrago y su esposa enfrentan juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y la Procuraduría pidió un fallo condenatorio. Ambos han sido sindicados también de tener relaciones con el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe del Bloque Central Bolívar de las Auc.

En sus declaraciones, el general en retiro ha negado haber recibido dinero de actividades ilegales, pero reconoció que supuestamente evadió impuestos cuando ocupó un alto cargo en la Embajada de Colombia en Washington (Estados Unidos).

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