Devolución de redes celulares, a tribunal de arbitramento

Devolución de redes celulares, a tribunal de arbitramento

16 de febrero 2016 , 08:45 p.m.

Un tribunal de arbitramento será el encargo de dirimir una compleja disputa que enfrenta al Gobierno con los operadores Movistar y Claro por la reversión (devolución) de las redes e infraestructura que instalaron desde 1994 para prestación del servicio, concepto que quedó plasmado en los contratos de esa época.

El ministro de las TIC, David Luna, cumpliendo con los términos de ley de este conflicto, presentó ayer la solicitud ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, tras la inexistencia de acuerdo entre las partes.

Con la obligación

Según la Contraloría, estos dos operadores, que tienen permiso de trabajo desde 1994, renovable cada 10 años, tenían la obligación de devolver las redes implementadas desde ese año.

No obstante, en 1998 la Ley 422, que renegoció por adelantado los términos de la prórroga del 2004, eliminó la obligación de la reversión.

Dicha eliminación de la reversión de infraestructura fue reconfirmada en la Ley 1341 de 2009. Sin embargo, para la Contraloría, los contratos originales de 1994 no fueron modificados y, por tanto, existe la reversión.

Además, el 22 de agosto de 2013, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-555, la cual declaró exequible las anteriores normas de las leyes 422 y 1341, bajo el entendido de que “en los contratos de concesión suscritos antes de entrar en vigencia estas normas se deberá respetar el contenido de las cláusulas de reversión, en ellas acordadas”.
“Con el objetivo de proteger el patrimonio público y garantizar la prestación de un servicio vital como lo es hoy la telefonía celular, hemos acudido a este mecanismo como el más idóneo. De hecho, este proceso fue recomendado en dos ocasiones por parte de la Procuraduría como el camino a seguir”, indicó el ministro Luna.

El pleito

Según Diego Molano Vega, exministro de las TIC, “se trató de llegar a un acuerdo siempre protegiendo los intereses del Estado. El problema está en un debate jurídico sobre cuál es el alcance de la reversión, de cuáles activos, por qué valor y por cuál periodo”.

La Contraloría no determinó en su fallo estos aspectos, lo que, luego de más de 25 mesas de trabajo desde el 2014, con acompañamiento de Procuraduría, la Contraloría misma, del MinTIC, la academia y expertos jurídicos, no permitió una conciliación y acuerdo entre las partes.

Por tanto, la Procuraduría recomendó al Ministerio TIC invocar al tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio, instancia que se encargará de dirimir las condiciones, términos, montos y tiempos afectados por la devolución.

Redacción Tecnósfera

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