La verificación incompleta

La verificación incompleta

¿Terminaremos con unas Naciones Unidas en Colombia sin dientes para los derechos humanos?

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16 de febrero 2016 , 07:51 p.m.

Srebrenica, 1995. Soldados de la ONU miran impávidos cómo ocho mil personas se dirigen hacia la muerte. No intentan detener la masacre: el mandato no lo permite.

Colombia, 2016. Observadores desarmados en regiones con múltiples actores violentos presencian actos de agresión contra civiles. No consiguen hacer nada: el mandato no lo permite.

Las diferencias entre los Balcanes y Colombia saltan a la vista; el riesgo para la credibilidad de las Naciones Unidas resulta el mismo.

Si el Gobierno logra su propósito, los observadores militares de la misión en Colombia tendrán las manos atadas y la voz amordazada ante las violaciones de derechos humanos. No podrán registrarlas, ni investigarlas, ni denunciarlas, ni mucho menos actuar para detenerlas. No alcanzarán siquiera a transmitir la información a las autoridades.

El Gobierno pretende que los derechos humanos queden por fuera del quehacer de la operación de paz, y el pulso entre la ONU y Casa de Nariño está al rojo vivo. Llama la atención la salida de Fabrizio Hochschild, de regreso a Nueva York en un alto puesto, antes incluso de la firma de la paz. Como residente coordinador del sistema ONU, Hochschild abogó por la incorporación de los derechos humanos en el mandato de la misión.

La Resolución 2261 del 25 de enero, que creó la presencia de la ONU en Colombia, solo recogió el comunicado conjunto de las partes en La Habana. Evadió lo fundamental y no concretó el mandato. ¿Qué actividades deberá efectuar el personal de las Naciones Unidas?

El presidente Santos había prometido una resolución del Consejo de Seguridad limpia. Y limpia sí fue. Solo recogió el comunicado conjunto de las partes en La Habana. Pero los derechos humanos no ensucian una resolución, ni tampoco un mandato. Todo lo contrario.

La Secretaría General de la ONU se pregunta cómo responder a los requerimientos de un país que acudió de manera voluntaria al Consejo de Seguridad sin traicionar el aprendizaje de fracasos tan sonados desde Ruanda 1994 a Sri Lanka 2009.

Tal como están las cosas, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, presente en el país desde 1996, no podrá realizar un acompañamiento de la misión, no tendrá acceso a las zonas de concentración y dejará de constituir la cabeza más visible de la ONU en el país. Peor aún, es probable que pierda financiamiento en tanto las contribuciones voluntarias de los países se concentrarán en la misión. Sin claros y expresos vasos comunicantes entre la operación de paz y la Oficina, ¿terminaremos con unas Naciones Unidas en Colombia sin dientes para los derechos humanos?

Las preparaciones para el despliegue están en marcha, y la estructura de la misión se está definiendo. El francés Jean Arnault, actual representante especial del Secretario General para las conversaciones en La Habana, dirigirá la operación. Coroneles en actividad, uruguayos y chilenos, están siendo reclutados. La ONU aspira a conseguir entre trescientos y trescientos cincuenta militares y policías de países de la Celac.

Una operación de paz de este calibre necesita un marco de referencia de derechos humanos. La exclusión de los derechos humanos del mandato de la misión provocará una pérdida de confianza de la ciudadanía en el componente internacional de la verificación que, en últimas, podrá debilitar la implementación de los acuerdos de paz. Los responsables serán el Gobierno, por haberlo exigido así, y la ONU, por haberlo aceptado.


Laura Gil

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