Ni plebiscito, ni referendo, ni constituyente

Ni plebiscito, ni referendo, ni constituyente

Santos tiene legitimidad política. Los colombianos votaron mayoritariamente por la negociación.

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16 de febrero 2016 , 04:31 p.m.

Hace varios años, el exministro liberal tolimense Rafael Caicedo Espinosa me decía que en medio del Bogotazo los liberales gaitanistas de Honda se enfrascaron en agria discusión sobre cómo serían los “estatutos de la revolución”. Hoy se está dando un fenómeno similar, a propósito de las discusiones sobre si lo que está haciendo el gobierno Santos –verdaderamente histórico y que daría a nuestra vida como Nación un giro inédito– debe enmarcarse en plebiscito, referendo o constituyente, fórmula esta última varias veces ensayada y fracasada.

Nada es más importante para la Colombia actual que parar esta máquina de guerra –sin características de guerra civil, pero tampoco sin ser la causante de todos los males que nos aquejan–, freno de nuestro desarrollo económico y social, y pretexto para que no se hagan las cosas que debieron hacerse hace tiempo.

Si finalmente se llega a un acuerdo de paz, existen ya los instrumentos jurídicos y la legitimación política para ponerlos en marcha. Ninguno de los acuerdos de paz anteriores fue sometido a aprobación popular, más allá de la derivada de que Ejecutivo, Legislativo y Judicial participaron en su diseño y ejecución, o de que se originara en elección popular o en la plena aplicación de las normas de un Estado social de derecho.

Rojas Pinilla llegó a un acuerdo (después sangrientamente incumplido) con las guerrillas liberales con decreto de estado de sitio. Alberto Lleras impulsó leyes de amnistía para acabar la violencia partidista. Turbay Ayala, con norma de igual carácter, creó una Comisión para lograr la paz con las guerrillas. Betancur, con la Ley 35 de 1982, logró una tregua con la Coordinadora Nacional Guerrillera, posibilitando un partido político luego anegado en sangre. Con dos decretos de estado de sitio, Barco inició un proceso constituyente completado por César Gaviria, e hizo la paz con el M-19 sin ninguna reforma constitucional. Samper sacó adelante la Ley 418, llena de instrumentos para negociar la paz. Pero aún hay voces que repiten la necedad de que la Constitución de 1991 permitió la reintegración del M-19.

La carta política (art. 189) confiere al Jefe del Estado la facultad indelegable de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Y eso se hace: por confrontación militar o por negociación, igual que con la guerra exterior. Claro, el Congreso cumple su misión por medio de leyes. Hasta ahora no se ha necesitado ningún cambio constitucional para hacer la paz. Y el Poder Judicial, independiente, cumple su misión, como siempre.

Si se reclama legitimidad política, Santos la tiene ampliamente, ya que su reelección se planteó como una decisión entre la solución militar y la negociada. Y los colombianos votaron mayoritariamente en el 2014 por la fórmula de la negociación, ya en marcha los procesos de La Habana. Difícilmente podría lograrse un mayor respaldo popular por otra vía.

Es recurrente el tema de cambiar la Constitución para todo. Si cumpliéramos menos del diez por ciento de la Constitución actual, podríamos hacer una verdadera transformación social y política. El solo hecho de que algo quede en la Constitución no garantiza su cumplimento. Aun cuando la situación actual es distinta, cabe recordar que la gran bandera de los narcotraficantes fue que se les quitara de encima la extradición, y así quedó inicialmente en la carta del 91. Pero posteriores hechos políticos llevaron a restablecerla en 1997, alterando lo que había “sellado” el “constituyente primario”.

Y en cuanto a participación popular, ¿quién nos garantiza una avalancha de votos si se convocara constituyente con todos sus bemoles? Si los constituyentes en 1991 fueron elegidos con apenas el 30 por ciento del censo electoral, ¿se aseguraría así “blindar” los acuerdos de paz? Urge, antes que nada, explicar con amplia pedagogía el tema de la paz, para lograr así el gran acuerdo que probablemente no se consiga ni con plebiscito ni con constituyente.


Alfonso Gómez Méndez

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