Este martes, la Procuraduría decidió iniciar una investigación formal contra el general Rodolfo Palomino, basada en tres aspectos: el incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales y la puesta en marcha de una red de prostitución denominada ‘La comunidad del anillo’.
Esta última estaría relacionada con posibles hechos de proxenetismo, inducción en la prostitución y trata de personas de integrantes de la Policía Nacional. Además, involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República en complicidad con algunos oficiales de esta institución. Estos hechos tendrían como fundamentos las declaraciones del capitán Ányelo Palacios Montero, quien en el 2012 había denunciado a varios oficiales de la Policía y un video que sería una de las pruebas de la existencia de la red.
Así mismo, uno de los episodios de ese escándalo que aún no ha sido aclarado es la muerte de la alférez Lina Maritza Zapata, de 21 años, el 25 de enero del 2006. El reporte de la Policía afirma que se suicidó, mientras que la familia dice tener pruebas de que fue asesinada, para silenciarla porque estaba dispuesta a denunciar la ‘comunidad del anillo’.
Estas son las tres claves para entender el escándalo que hoy tiene en la mira al general Rodolfo Palomino.
1. La red de prostitución en la Policía
El video que tumbó al viceministro Carlos Ferro, según la Procuraduría, "sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada 'La comunidad del anillo'. Hasta ahora, de esa supuesta red de favores sexuales dentro de la institución había denuncias, pero no pruebas concretas. Lo que puede desprenderse del video es la probable existencia de esa red y de su operación en el Congreso de la República entre los años 2004 y 2008. La Procuraduría dice que oficiales de la Policía, incluso Palomino, habrían favorecido la existencia de la red. El general responde que para esos años él estaba en México como agregado de la Policía en ese país.
2. El alcance de la decisión de la Procuraduría
La investigación formal en contra del general Palomino sin duda compromete aún más su posición como Director General. Pero se trata de una investigación en la que las acusaciones no han sido demostradas. Incluso, a diferencia del reciente caso del exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, cuestionado por denuncias de acoso sexual, el Procurador no tomó medidas que podría haber adoptado, como una suspensión del cargo. La Fiscalía y la misma Procuraduría adelantan investigaciones por las denuncias de supuestas interceptaciones ilegales ('chuzadas') contra periodistas y enriquecimiento ilícito. Esas investigaciones, hasta ahora, no arrojan pruebas contundentes contra el general Palomino.
3. ¿Se va o se queda?
Desde el comienzo de los señalamientos contra el general Palomino, el Gobierno ha sostenido la tesis de que deben ser las investigaciones de los organismos de control los que definan la continuidad o no del Director General de la Policía. Incluso, el tema de las peleas internas de poder ha sido uno de los factores señalados por el Ministro de Defensa como una de las explicaciones a la 'cascada' de escándalos que han salpicado a la Policía. En la medida en que lo que anuncia la Procuraduría es una investigación, mas no una conclusión, el Gobierno mantiene el apoyo al general Palomino. Pero, señalan fuentes de la institución, un remezón en la cúpula –que empezó con el llamado a retiro del general Gilberto Ramírez, quien era considerado como contradictor de Palomino– no es un escenario improbable en el mediano plazo.
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