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Demanda contra Comisión de Aforados, 'papa caliente' para la Corte

Si aceptan impedimento del magistrado Linares, generaría los de todos los togados de ese tribunal.

MILENA SARRALDE
Este martes, la Sala Plena de la Corte Constitucional discutirá si acepta o no el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares, en el que pide que se le permita apartarse de revisar la demanda contra la reforma del equilibrio de poderes que interpuso el fiscal Eduardo Montealegre.
En el impedimento, conocido por EL TIEMPO, Linares asegura que no puede estudiar esta demanda ni elaborar una ponencia, porque incurriría en conflicto de intereses. Esto porque uno de los artículos que Montealegre demandó de la reforma es el que creó la Comisión de Aforados, organismo que tendrá que llevar las investigaciones contra el Fiscal General y los magistrados, entre ellos los de la Corte Constitucional.
Ese organismo también recibirá los procesos que hoy lleva la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como la investigación que se sigue contra el magistrado Jorge Pretelt por un supuesto caso de soborno.
La decisión de este martes será clave porque si se acepta el impedimento, el argumento de Linares implicaría que todos los magistrados del alto tribunal tengan que declararse impedidos. Incluso, aceptarlo podría significar que los conjueces también tengan que apartarse, lo que enredaría el trámite de la demanda del Fiscal.
EL TIEMPO conoció que ya hay tres votos a favor de aceptar el impedimento: el de los magistrados Pretelt, Gloria Ortiz y Gabriel Eduardo Mendoza. En la Sala Plena hay dos conjueces.
Linares asegura en el impedimento que “el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la demanda presentada tendrá efectos en la permanencia o eliminación del órgano y de las normas que regulan la autoridad que investiga y acusa a los magistrados de la Corte (Comisión de Aforados o Cámara de Representantes), así como en el procedimiento seguido para el efecto (acusación ante el Senado o ante la Cámara de Representantes)”.
El magistrado considera que el hecho de que este órgano sea el encargado de investigarlos “afecta la autonomía e imparcialidad” de los magistrados. “Se trata entonces de un interés directo y actual”, dice el documento.
Otro impedimento
El 19 de agosto del año pasado, por sorteo, le correspondió al entonces magistrado Mauricio González ser el ponente de la demanda del fiscal Montealegre.
González –quien terminó su periodo en octubre, por lo que el caso pasó al despacho de Linares– también había presentado un impedimento, afirmando que en su caso podría existir conflicto de intereses pues la Comisión de Acusación de la Cámara hoy lleva una investigación preliminar en su contra.
Pero ese impedimento fue negado por la Sala Plena de la Corte. “Aunque en la hipótesis propuesta el operador jurídico es destinatario de la medida legislativa objeto de control, y aunque además esta medida se dirige específicamente a los magistrados de las altas cortes, (...) el interés que podría derivarse de las dos circunstancias anteriores carece de las cualificaciones necesarias para presumir la pérdida de la imparcialidad”, dijo la Corte en el auto del 30 septiembre pasado.
La Sala Plena decidió en esa ocasión que la Comisión de Aforados no tendría una relación directa con todos los magistrados, sino solo en el caso de que estén comprometidos efectivamente en una investigación penal o disciplinaria: “Así, la aplicabilidad de estas disposiciones dependen de un hecho futuro e incierto”. El alto tribunal expuso en ese momento que si se aceptaba el impedimento, había que declarar a todos los magistrados inhabilitados y dejar esa trascendente decisión en manos de quienes no son titulares.
MILENA SARRALDE
milsar@eltiempo.com 
MILENA SARRALDE
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