El Banco Agrario, ISA, La Fiduprevisora, Urrá junto con 12 hidroeléctricas más hacen parte de un listado de menos de 100 propiedades públicas que aparecen en el viejo Plan de Enajenación que el Ministerio de Hacienda le remite al Congreso cada año (el de este año tendrá que ser enviado antes del 29 de febrero).
En la lista reina Ecopetrol, como el bien más costoso: 62 billones de pesos, lo que se estimaba que valía la participación accionaria estatal en 2013. El resto de propiedades públicas son de valores menores, más aún después de la venta de la generadora de energía Isagén, que durante varios años rodó entre las más opcionadas para ser privatizada, lo que finalmente se hizo el 13 de enero pasado, cuando la canadiense Brookfield adquirió por 6,4 billones de pesos el 57,4 por ciento que el Estado tenía en ella.
La decisión fue tan controvertida que, en una encuesta de Yanhaas, el 85 por ciento de los consultados se mostraron en desacuerdo con la venta. Este fenómeno mantiene el debate acerca de qué tan bueno es que el Estado se quede con los activos públicos o se deshaga de ellos.
El motivo principal de la privatización de un activo del Estado es la necesidad de recursos, lo que en este momento se cumple con creces, pues, solo la renta petrolera ha caído en más de 23 billones de pesos frente a lo que se recibía antes de la crisis provocada por el precio del crudo.
Desde esa perspectiva, ante la pregunta sobre si los menores ingresos deben llevar a nuevas privatizaciones, el director de Anif, Sergio Clavijo, señala que “lo que se debe hacer es acelerar la reforma tributaria estructural, con la cual se obtendrían cerca de 2 puntos del producto interno bruto (PIB)”.
Pero Raúl Ávila, del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, por el contrario, cree que sí es probable que el Gobierno, en busca de recursos para el financiamiento de la infraestructura, eche mano de nuevas enajenaciones.
“Algunas electrificadoras departamentales, entre otras Caquetá, Huila, Boyacá, Meta y Nariño, así como de Gecelca, firma dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, y Urrá, que opera y administra la hidroeléctrica Urrá I, son activos potencialmente enajenables”, precisó Ávila.
En medio de tanta necesidad económica del Estado, ahora se hace más visible que, en Colombia, de lo público ya queda poco.
La situación en el resto del mundo no parece ser distinta, pues, en su reciente visita a Colombia, el economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica, puso sobre el tapete que las privatizaciones son las que están agrandando el capital privado porque los bienes públicos se entregan a precio de ganga: “Las grandes fortunas del mundo no son producto de la innovación –Carlos Slim no se inventó el teléfono– sino de situaciones como la privatización de empresas con gangas para los nuevos dueños, fenómeno que ha ido en aumento. La buena noticia es que se están acabando las empresas para privatizar”.
En Colombia, se recuerdan ventas de empresas del sector público como las termoeléctricas de Cartagena y Tasajero, pasando luego por grandes transacciones como las de Carbocol, Cerrejón y Ecogás. A esto se le suma que, en años más recientes, el Estado vendió el 10 por ciento de Ecopetrol y ha habido amague de deshacerse de otro 10 por ciento.
Jaime Castro, exconstituyente y exalcalde de Bogotá, dice que desde que se autorizaron, en la Constitución de 1991, esta tarea se ha hecho de manera desenfrenada. “Hemos privatizado empresas y participaciones accionarias sin sujeción a criterios que establecieran, por ejemplo, que, por razones de soberanía y/o de independencia nacional, el Estado conservaría presencia, no meramente normativa y regulatoria, en actividades estratégicas como la energía y las telecomunicaciones”.
Venta pública, incógnita
El Plan de Enajenaciones del Gobierno, para 2016, aún se desconoce. Según la ley, tendrá que enviarse antes del 29 febrero al Congreso de la República, fecha en la que se cumplen los 60 primeros días reglamentarios del año para que el Gobierno haga el trámite.
Lo que quede inscrito allí, después de esa fecha, podrá ser vendido en cualquier momento, si así llegara a necesitarse. Por eso, el Minhacienda se blinda e incluye cada año todas las propiedades.
En la lista están 13 empresas del sector eléctrico, incluyendo a ISA y varias electrificadoras, todas avaluadas en 5,3 billones de pesos. Hay cinco fondos ganaderos (Atlántico, Magdalena, Cesar, Tolima y Huila) por un valor de 8.000 millones de pesos. En este caso, el gremio no está muy cómodo con tener al Estado como socio. Hernán Araújo, presidente de Fedefondos, indica que la participación del Gobierno en estos es inferior al 20 por ciento y que el gremio está, desde hace una década, a la espera de que vendan su parte. “El mismo Gobierno los ha desprestigiado, además de que no tiene una política clara para ellos”.
Otro de los sectores en los que más plata pública hay puesta es el financiero, con el Banco Agrario, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex, Fiduagraria, entre otras.
Al Estado le queda también tajadas en Satena, Positiva compañía de seguros y la Previsora, entre otras.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios