Editorial: Desactivar la bomba de tiempo

Editorial: Desactivar la bomba de tiempo

Autoridades deben saber que tensión entre 'amarillos' y Uber puede desembocar en tragedia.

14 de febrero 2016 , 09:47 p.m.

Por fortuna, todavía estamos a tiempo para advertir que si las autoridades no actúan pronto puede ocurrir una tragedia con desenlace fatal en las calles de las principales ciudades del país por la tensión entre los taxis amarillos y los vehículos de servicio especial, así como con los particulares que utilizan las aplicaciones Uber y UberX para transportar pasajeros.

El llamado, claro y urgente, es a que las entidades encargadas, con nombre propio, Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y Policía Nacional, entiendan que las señales de los últimos días han sido más que suficientes para motivar una acción efectiva y coordinada que desactive cuanto antes esta bomba de tiempo.

Reglamentar la operación de los vehículos blancos, tarea que no ha cumplido el Ministerio y que este evadió con un decreto, el año pasado, que no resolvió nada, es, sin duda, una de las labores pendientes, pero está lejos de ser la única. Aquí el problema tiene mucho que ver también con una larga historia de permisividad frente a las anomalías de los taxis amarillos que se refleja en la total falta de ‘dientes’, que constatan las autoridades del orden local cada vez que intentan poner en cintura a las manzanas podridas de un gremio en el que, desde luego, son muchos más los conductores ejemplares.

Es un asunto estructural, como ya se ha denunciado, que tiene que ver con el modelo de negocio vigente. Ese que nadie, entre quienes cuentan con las facultades para hacerlo, se atreve a cuestionar y mucho menos a modificar para bien de los usuarios y de los mismos conductores que hoy trabajan, en muchos casos, bajo precarias condiciones laborales.

La situación descrita sí que ha influido en el empoderamiento progresivo de líderes negativos del mencionado gremio, que han promovido movilizaciones nocturnas en las que algunos taxistas deciden hacer justicia por sus propias manos, algo que hay que rechazar con toda severidad.

Es un hecho grave y fácilmente verificable que los nefastos ‘bloques de búsqueda’ de los ‘amarillos’, como ocurrió recientemente con una hija del exvicepresidente Francisco Santos, se alimentan en gran medida de la certeza cultivada por años de que este, así como otra serie de abusos que usuarios denuncian con mucha frecuencia –taxímetros adulterados, malos tratos, negarse a prestar servicio–, no será ni perseguido ni sancionado. Por la razón que sea.

No se pide nada fuera de lo común. Basta con que los involucrados asuman que tienen en sus manos impedir una tragedia. El Ministerio debe promover un nuevo marco normativo que modifique las reglas de juego de los taxis y que les dé un espacio a los nuevos actores –revisando con mucho cuidado el tema de los particulares que prestan tal servicio, como ocurre con UberX–. Este debe incluir más herramientas para los entes municipales y distritales, que les permitan ejercer control efectivo.

A la Policía, por su parte, le corresponde evitar una pasividad que se presta para malas interpretaciones. Debe saber esta institución que el vacío actual no es, de ninguna manera, aval para endosarles a particulares tareas que la Constitución le asigna. Entre ellas, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos que se ven atrapados en las redadas de marras.

EDITORIAL
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