Del Plan Colombia al Plan de Colombia

Del Plan Colombia al Plan de Colombia

Los fines esenciales del Estado, citados en nuestra Carta Política, hoy parecen letra muerta.

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14 de febrero 2016 , 08:00 p.m.

El Estado, a través de sus instituciones, es responsable de organizar a la sociedad a la que gobierna a partir de lo que dispone la Constitución. Un Estado viable mantiene el monopolio legítimo de la fuerza y es capaz de cumplir con los objetivos que él mismo se ha trazado. Por contraste, será fallido el Estado “cuando sus cúpulas se desentienden con desdén del derecho” y cuando no son capaces de atender las demandas de sus ciudadanos.

En estos días de celebraciones y críticas al Plan Colombia, se ha dicho que antes de su implementación se veía al país como un Estado fallido. No poder demostrar que controlaba la totalidad del territorio nacional, la existencia de un conflicto armado interno y el enquistamiento del narcotráfico, alimentaba dicha postura. Lo cierto es que los índices internacionales que miden este fenómeno colocaron a Colombia en el puesto 14 en el 2005 (cuatro puestos por encima de Haití y nueve arriba de Somalia); 46 en el 2010 y 61 entre 177 países en el año 2015. Es decir, a partir de las políticas dirigidas a neutralizar a los actores armados con el diálogo y luego a combatirlos, Colombia mejoró su posición en el ranking. Ello coincidió con el repunte de la economía nacional y de los indicadores macroeconómicos: aumento de inversión extranjera, disminución del desempleo, inflación y tipo de cambio.

Ahora bien, desde la perspectiva del cumplimiento de los propósitos del Estado, si hoy se hace un examen de su gestión y viabilidad, la conclusión resulta preocupante, máxime si se considera que el país viene construyendo una esperanza de poder verse como una nación que ha conquistado la paz.

Los fines esenciales del Estado, de acuerdo con la propia Carta Política que este año cumple un cuarto de siglo, parecen letra muerta: ¿cómo sostener que ese órgano sirve a la comunidad cuando los recursos públicos no son aplicados para el desarrollo de la infraestructura que el país requiere? Los permanentes escándalos de corrupción, enriquecimiento desmedido de funcionarios y contratistas, la falta de control y la irresponsabilidad frente a todo ello, dejan claro que lo que menos hace el Estado es servir a la comunidad, pues está ocupado permitiendo que sean otros los servidos.

Cuando se tiene noticia de la muerte de niños por desnutrición, cuando no pasa nada frente a los reclamos de ancianos que han dedicado su vida a trabajar y que a la hora de jubilarse no pueden gozar de una pensión digna, o cuando las denuncias y cifras negras dan cuenta de una creciente inseguridad ciudadana, ¿cómo sostener que el Estado garantiza la efectividad de los derechos de los habitantes de Colombia?

Tampoco se promueve la prosperidad general. Si no fuera así, ¿por qué siguen derrochándose los recursos de la regalías?, o ¿por qué hay aún millones de personas sin acceso al agua potable y cientos de niños fuera del sistema educativo?

La Carta indica que las autoridades están instituidas para proteger a todos residentes en Colombia y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Pareciera que esas autoridades han omitido leer este articulito, pues muchas están dedicadas a diseñar estrategias para entronizarse en el poder, no para contribuir a distribuir equitativamente la riqueza sino para enriquecerse y no perder el puesto.

Ese es el pan diario de millones de colombianos. Mientras tanto se oyen propuestas de elegir gobiernos interinos, Constituyentes para legitimar acuerdos y artilugios que desdibujan la naturaleza de delitos como el narcotráfico para convertirlos en conductas que merecen el perdón y hasta el olvido.

En medio de todo lo anterior, ¿de verdad puede planearse una Colombia viable y en paz?

CLAUDIA DANGOND
@cdangond

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