El presidente Juan Manuel Santos arrancó ya la campaña por el ‘sí’ en el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. Desde Mompox, pidió a los colombianos “que me ayuden, cuando se les presente ese plebiscito, a decir yo sí quiero la paz para mí y para mis hijos”. Todo esto resultaría comprensible si no fuera por dos pequeños detalles.
El primero, que, como el propio Santos dijo una vez sobre el paro agrario, el tal plebiscito no existe. O aún no existe, pues la ley que lo crea está siendo revisada por la Corte Constitucional y, según una nota de ‘Semana’, la tendencia de la votación en el alto tribunal va en contra de la norma. La tesis de algunos magistrados es que la paz es un derecho fundamental y, en consecuencia, no puede ser sometido a aprobación o negación.
Otra cosa sería un referendo que preguntara sobre puntos específicos del acuerdo, como que los excomandantes guerrilleros no paguen prisión efectiva o que, a pesar de ser responsables de delitos atroces, puedan ser elegidos alcaldes, congresistas y hasta presidentes de la República. Lo otro, una pregunta general sobre la paz, equivale, según la tesis de esos magistrados, a un plebiscito sobre el derecho a la vida o sobre si Colombia debe ser o no una democracia.
Ojalá la Corte se anime a tumbar el plebiscito, aunque lo dudo: ese tribunal está lleno de santistas leales. Y lo debería tumbar no solo por el argumento constitucional, sino porque hacer preguntas obvias, como si la gente está a favor de la paz, es un embeleco digno de dictaduras de república bananera.
El otro pequeño detalle es que el plebiscito, tal y como el propio Santos lo ha planteado, busca refrendar los acuerdos de La Habana. Y así como el plebiscito aún no existe porque la Corte Constitucional no lo ha avalado, los acuerdos entre el Gobierno y las Farc tampoco existen porque su negociación no ha terminado y las partes no han estampado sus firmas.
Santos y los voceros de las Farc han repetido que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Y como no todo está acordado, nada está acordado de modo definitivo. Incluso la fecha del 23 de marzo, señalada para la firma del acuerdo, está en veremos. ‘Jesús Santrich’, uno de los voceros de las Farc, lo acaba de decir clarito: “Indudablemente, el 23 no va a haber firma porque hay muchos puntos sin resolver”.
¿A cuenta de qué el Presidente hace campaña para una votación que aún no está definida, y que versa sobre temas que tampoco lo están? Resulta inevitable preguntarse si el Gobierno quiere usar el plebiscito como cortina de humo para ocultar graves problemas: la crisis fiscal que puede llevar al país a un hueco mucho más grande que los 30 billones previstos, algo que inquieta a casi todos, menos al Gobierno, que decidió aplazar la reforma tributaria, en un entorno mundial muy deteriorado; la muerte, por cuenta de la ‘mermelada’ criminal, de decenas de niños en La Guajira porque la plata de su alimentación se la quedaron algunos amigos de la Unidad Nacional; la inflación, que galopa fuerte en el arranque del año, o el escándalo de Reficar, del que, después de 5 años y medio en el poder, el gobierno Santos no puede culpar de modo simplista a su antecesor.
En cuanto a la inflación, también hay afán de tender cortinas de humo, como lo demuestran las declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al culpar a los supermercados por el alza de precios de los alimentos. Lo único que el Ministro demostró es que no tiene idea de cómo se forma el precio de la carne, pues no fue capaz de distinguir entre el precio del kilo del ganado en pie (que incluye huesos y desperdicio) y el de la carne ya cortada y lista para la venta minorista. En esas andamos, de cortina de humo en cortina de humo, ¿hasta el incendio final?
MAURICIO VARGAS
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