'Constituyente para refrendar la paz no es conveniente'

'Constituyente para refrendar la paz no es conveniente'

Rodrigo Uprimny, experto en derecho constuticional, dice que ese modelo 'no suele funcionar bien'.

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13 de febrero 2016 , 06:45 p.m.

Obstáculos como el largo camino que se tiene que recorrer para llegar a ella y el elevado umbral que exige la Constitución para convocarla hacen que una asamblea constituyente no sea un instrumento “conveniente” para refrendar los acuerdos de La Habana.

Esta tesis es del jurista Rodrigo Uprimny, director del colectivo de Dejusticia, uno de los centros de estudios jurídicos y sociales más respetados del país.

En diálogo con EL TIEMPO, Uprimny, quien se ha dedicado en los últimos años a estudiar a fondo el proceso de paz, explicó además que la Corte Constitucional –que revisa el proyecto de ley que habilita un plebiscito como mecanismo refrendatorio– podría hacerle “ajustes” a esa iniciativa, pero que es “una fórmula posible” para consultarles a los colombianos su opinión sobre lo pactado con la guerrilla.

Igualmente, resaltó el acuerdo sobre justicia transicional logrado entre las dos partes.

A su juicio, ¿qué aportará la refrendación de los acuerdos a la búsqueda de la paz?

La refrendación de los acuerdos es esencial porque les da legitimidad democrática en la medida en que la ciudadanía los avalaría. Además, por esa ruta se les puede dar, dependiendo de la vía que se escoja, fuerza jurídica, con lo cual se facilita la implementación de lo pactado y también se le da mayor estabilidad e irreversibilidad.

¿Qué lectura tiene del plebiscito por la paz propuesto por el Gobierno como fórmula para refrendar lo pactado en Cuba?

Escribí una columna en la que critiqué esa figura, diciendo que el Congreso y el Gobierno se habían equivocado al escoger esa forma, porque el plebiscito es para aprobar o improbar políticas presidenciales, y el instrumento propuesto es para avalar o no un acuerdo de paz. El mecanismo, como está, tiene potencialidades que permiten que la ciudadanía se pronuncie sobre si está de acuerdo o no con lo pactado y que ese pronunciamiento tenga una fuerza jurídica para permitir su implementación. Creo que eso está bien y que el plebiscito es una posible fórmula.

¿Qué podría esperarse de la revisión de la Corte Constitucional del proyecto de ley que permitiría convocar el plebiscito?

Lo que uno esperaría es que la Corte Constitucional entienda que el Congreso se equivocó. Ese alto tribunal, no obstante, tiene algo que se llama el ‘principio de conservación del derecho’ y puede ajustar las tareas del legislador y adaptarlas a la Constitución. Se esperaría que la Corte utilice ese principio y señale que esto no es un plebiscito, sino una ‘consulta especial’ para refrendar acuerdos de paz, por ejemplo, y determine los efectos jurídicos del pronunciamiento ciudadano, que para mí sería darle una incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico, y además autorizar la puesta en marcha de mecanismos especiales de implementación.

¿Es decir que una posibilidad que tendría la Corte Constitucional sería, por ejemplo, cambiarle el nombre al plebiscito?

Se le cambiaría la naturaleza. En estos temas jurídicos y políticos, los nombres son importantes.

¿La Corte Constitucional podría también modificar el umbral o mínimo propuesto para que el plebiscito sea válido?

Creo que en esto lo único que la Corte podría decir es sí o no, pero ese alto tribunal es el que examinará el tema.

¿Cómo ve ese umbral del 13 por ciento por el ‘sí’ o el mismo porcentaje por el ‘no’ como mínimo para que el plebiscito sea válido?

Yo he defendido ese mínimo necesario porque lo que hace el proyecto de ley es cambiar la naturaleza del umbral, que es aprobatorio y no de participación. Esto quiere decir que se cuentan los votos favorables, con lo cual se desestimula la abstención. En la paz, las personas deben revelar sus preferencias y no que quede la ambigüedad de que alguien se quedó en su casa porque se opone al acuerdo o porque no le importa nada. Creo que esa ambigüedad no debe existir, sino que debe establecerse un mecanismo –como los umbrales aprobatorios– que no estimule la abstención.

¿Cómo se puede explicar ese mínimo del 13 por ciento para el plebiscito por la paz?

Un umbral aprobatorio del 13 por ciento equivale materialmente a uno de participación del 25 por ciento, que es el que está hoy en las normas para los referendos, o sea que es un umbral compatible con la Constitución.

Usted ha dicho que una constituyente para refrendar los acuerdos no se podría hacer. ¿Por qué?

Lo que he dicho es que una constituyente para refrendar los acuerdos no es conveniente. Primero, es muy difícil jurídicamente porque toma tiempo: requiere una ley que debe ser revisada por la Corte Constitucional; luego se debe hacer una votación que debe llevar a la elección de la asamblea constituyente y posteriormente esta debe debatir, y eso toma mucho tiempo. Si se espera que el acuerdo se firme rápido, la idea es que se implemente rápido y no esperar un año a que esté el mecanismo de refrendación e implementación. Y segundo, porque además de esos obstáculos jurídicos, que hacen que sea una fórmula difícil, está también la dificultad del umbral, que en la Constitución es muy alto.

¿Hay casos exitosos en los que unos acuerdos de paz se hayan refrendado mediante una constituyente?

Hay experiencias comparadas que muestran que las asambleas constituyentes que tratan de expedir una constitución como mecanismo de refrendación y concreción de un acuerdo de paz no suelen funcionar bien, porque las funciones mismas de un acuerdo de paz, que es pacificar, no son exactamente las mismas de una constitución, que es establecer un orden jurídico y político para el largo plazo y el futuro. Además, las condiciones de seguridad, todavía precarias para el momento en que se firme un acuerdo, no son las mejores para que delibere una constituyente. Por eso lo que han planteado algunos es una especie de ‘constitucionalismo multietapas’, en el que haya un momento en el que se apruebe el acuerdo, luego se establezca un mecanismo para refrendarlo e implementarlo rápido, y no se excluya que en un tiempo razonable, que pueden ser dos, tres o cuatro años, cuando esté más calmado y pacificado el país, se pueda convocar una constituyente sin los líos de seguridad y polarización que puede haber hoy, y no para cerrar el conflicto armado, sino para profundizar la democracia.

¿Qué opinión le merece el acuerdo de justicia transicional alcanzado entre el Gobierno y las Farc?

Creo que es un buen acuerdo; obviamente, tiene cosas polémicas y otras que no comparto, pero creo que cuando se mira globalmente es un pacto robusto, que combina diferentes instrumentos como la Comisión de la Verdad, programas de reparación y la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. También establece mecanismos para determinar responsabilidades a quienes incurrieron en violaciones de los derechos humanos; claro, con un sistema alternativo, que es de justicia restaurativa y no puramente retributiva, el cual genera polémica, pero cuando se mira en contexto es un mecanismo admisible.

A su juicio, ¿qué habría que precisar en ese acuerdo?

Por ejemplo, el tema de cómo van a ser elegidos los jueces y algunas cláusulas que son problemáticas, como la responsabilidad del mando superior, pero esas son cosas que podrán eventualmente precisarse y corregirse.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.
Redacción Política

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