Desde el pasado 25 de enero, el cacique indígena Pedro Pestana Rojas, uno de los más cuestionados poderes políticos de la costa Atlántica, volvió a ser prófugo de la justicia. La misma situación aplica para uno de sus exsocios, el también indígena Antonio Hernández.
Ese día todas las autoridades nacionales y la Interpol fueron notificadas de la orden de la Corte Constitucional para que Pestana cumpla, después de varios años de sacarle el cuerpo a la justicia, la condena que se le impuso por aliarse con los paramilitares de alias Cadena en Sucre.
Pestana es el hombre que maneja desde la sombra los hilos de la EPS indígena Manexca –una de las más grandes del norte del país–, y su poder electoral fue revalidado en el 2014, cuando logró elegir con 85.000 votos a su hermana Yamina como senadora.
En 2016 logró una curul en la Asamblea de Sucre para otra de sus hermanas y, lo principal, consiguió vía tutela que un juez de Chinú (Córdoba) desactivara la orden de captura en su contra con el argumento de que los años que había pasado en un resguardo indígena evadiendo a la justicia le contaban para descontar pena. Como lo reveló EL TIEMPO en diciembre pasado, ese juez basó su polémica decisión en una sentencia proyectada por el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, a la que le dio alcances que no tenía para favorecer a Pedro Pestana.
Tenía que ir a una cárcel
Al revisar la tutela, la Corte tumbó la libertad porque “las autoridades indígenas, en acuerdo con los condenados, decidieron en forma unilateral y con desconocimiento del principio de colaboración armónica interjurisdiccional asumir la ejecución de la pena”. El tribunal recordó que la misma Corte Suprema validó la reclusión de Pestana en una cárcel ordinaria y no en uno de los resguardos donde él era, y sigue siendo, un poder.
La Corte señaló que “el acuerdo celebrado entre las personas condenadas y la autoridad indígena, por sí y ante sí para que la sanción se cumpla en un centro de reclusión comunitario, es inoponible y en modo alguno vinculante para la justicia ordinaria”, en contravía con lo que consideró el juez de Chinú.
Precisamente, la Corte ordenó investigar disciplinariamente al juez porque este se negó a permitir que el Tribunal Superior de Bogotá, que había ratificado la condena contra Pestana, se pudiera oponer a la tutela. También dilató el envío del expediente a la Corte Constitucional, lo que redundó en un beneficio de los intereses del indígena.
En los casi dos años que estuvo a salvo de la orden de captura, Pestana intensificó sus actividades políticas en Córdoba y Sucre. Fue uno de los principales socios de otro político cuestionado, el exrepresentante Yahir Acuña, en la pasada campaña para gobernador en Sucre. Y como Acuña, Pestana resultó damnificado por la sorpresiva victoria de Édgar Martínez sobre Milene Jaraba, esposa del exrepresentante y cuyo triunfo en Sucre se daba casi por descontado por el poder de la maquinaria electoral que la apoyaba.
JUSTICIA
