En Washington solo se habló de éxito. No hubo evaluación del Plan Colombia, sino un mensaje de cada presidente a su país polarizado y una reiteración de la alianza especial. Pero los logros son ambivalentes. Hubo fracasos evidentes y resultados contraproducentes. El plan que termina y el que se anuncia requieren debate.
El programa radial que inauguró Razón Pública arrancó con ese balance y mostró, entre otras cosas, un plan con énfasis cambiantes. Ante la difícil situación nacional, Pastrana recibió una propuesta colombiana de un Plan Marshall. Con el nombre de Plan Colombia, la ligó a su Plan de Desarrollo y pidió apoyo para inversiones sociales, institucionales, de seguridad e iniciativas de paz. Clinton quería mostrar esfuerzos para impedir que las drogas ilícitas llegaran a su país. Resultó un Plan Colombia con énfasis antinarcóticos y un US Aid Package antidrogas que cedía algo a temas no militares. Bush unió las guerras contra las drogas, el terrorismo y la subversión. Uribe lo centró en la búsqueda de derrota militar de las Farc, a las que consideró el mayor cartel narcoterrorista. Obama y Santos han hablado de equilibrar los recursos militares y sociales, y anuncian el nuevo plan Paz Colombia.
Aunque los 9.600 millones de dólares del US Aid Package en 15 años permitieron adquirir insumos estratégicos –aéreos, de comunicaciones e inteligencia– que ayudaron a llevar a las guerrillas a la negociación, son poco frente al esfuerzo realizado por Colombia, que dobló sus gastos militares y estableció el impuesto de guerra. A cambio, Colombia asumió el primer lugar mundial en la guerra contra las drogas, con combates, extradiciones y encarcelamientos, destrucción de laboratorios y confiscaciones, aspersión masiva de veneno en cultivos de coca.
A pesar de ello, crecieron el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. Se disparó la corrupción en el gasto militar y policial. Se produjeron graves daños ambientales y sociales. Los cultivos se hicieron nómadas. No hubo más ni mejor Estado. Más que llegar con vías, institucionalidad e inversión, el Estado militarizó su relación con zonas en conflicto. Asimiló los cocaleros a guerrilleros y narcotraficantes y, sin alternativas, los forzó a erradicar. Aunque la entrega de recursos EUA estaba sujeta a la defensa de los derechos humanos, en la primera década de los 2000 aumentaron su violación, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado. La negociación con paramilitares destronó a unos líderes, pero se multiplicaron las bandas criminales.
La única debilidad del Estado no era militar. La justicia estaba y está peor. Coaliciones electorales de sectores ligados a paramilitares, narcotráfico, contrabandos, minería ilegal y contratación pública amañada tienen a buena parte del país en manos de mafias, corrupción y violencia. Las instituciones siguen frágiles y la sociedad, más polarizada. Al pretender involucrar a la subregión en la guerra contra las drogas, la Iniciativa Andina estadounidense aumentó las tensiones de Colombia con sus vecinos.
El nuevo plan anunciado incluiría a las víctimas, la justicia, el desminado, la incorporación de exguerrilleros, la lucha antidrogas y contra el crimen organizado. Estas últimas no pueden revivir la receta bélica. Como propone la Fundación Ideas para la Paz, la respuesta al orden ilegal que trata ahora de aprovechar los espacios que deje la guerrilla exige revertir las condiciones que las economías criminales reproducen, sin prolongar por ello el conflicto armado, y requiere una relación distinta con las comunidades y los territorios, que permita restablecer autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos y de opciones de desarrollo sostenible.
Socorro Ramírez
