Pedro Pestana, cuestionado líder indígena de Sucre y Córdoba que a pesar de haber sido condenado por alianzas con los grupos paramilitares sigue siendo uno de los grandes caciques políticos de la Costa, deberá cumplir la condena por ese delito.
La decisión de 55 páginas conocida por EL TIEMPO pone un plazo de 48 horas para que un juez local emita una orden de captura en contra del indígena, hermano de la senadora Yamira Pestana.
La Corte Constitucional tumbó una controvertida tutela por la que un juez de Chinú, Córdoba, decidió concederle la libertad en el 2014, con el argumento de que su reclusión voluntaria en su resguardo equivalía a la pena de cárcel que le impuso la justicia ordinaria por un delito que nada tenía que ver con su etnia. Esto a pesar de que la Corte Suprema se había pronunciado en el caso y había advertido que Pestana, quien es considerado el hombre que maneja los hilos de la EPS indígena Manexca, era un prófugo de la justicia y debía ir a prisión ordinaria. (Vea: Pestana, cacique de la Costa, a punto de perder su polémica libertad)
La Corte desestimó los argumentos del juez de Chinú, quien –como lo reveló este diario el año pasado– le dio alcances que no tenía a una sentencia del mismo tribunal que fue proyectada por el magistrado Jorge Pretelt. Esa sentencia absolvió a un indígena por un caso de violación y su ponencia inicial pretendía imponer que, en todos los casos, prevaleciera la justicia indígena sobre la ordinaria. La Corte modificó este último punto por considerar que excedía el asunto inicial, pero el el juez de Chinú aplicó lo que no había sido aprobado y terminó favoreciendo los intereses de Pestana.
En el fallo se lee: "En virtud del procedimiento de facto y unilateral, a través del cual los implicados decidieron refugiarse en el resguardo indígena para luego alegar pena cumplida, se privó a las autoridades judiciales y administrativas competentes de la posibilidad de adoptar una decisión que tomara en cuenta estos elementos que han sido considerados relevantes por la jurisprudencia constitucional, en términos de protección de la comunidad indígena, a efecto de definir el lugar de reclusión de uno de sus miembros".
Igualmente, señala: "Pese a su condición indígena, los investigados habían pasado por un proceso de aculturación. En el caso de Pestana Rojas se estableció que es profesional en Medicina, en tanto que respecto de Antonio Martínez se reseñó que es administrador de empresas, y que los dos se han desempeñado en cargos públicos y el ejercicio político, lo que llevó a los jueces a inferir su conocimiento respecto del origen y actividades desarrolladas por los grupos de autodefensas como fenómeno social y como una organización armada ilegal involucrada en la comisión de ilícitos caracterizados por su crueldad".
Además, el Tribunal ordenó compulsar copias contra el juez que le concedió la libertad.
Tras la decisión de la Corte, la orden de captura contra Pestana se emitió el 25 de enero pasado.
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