La puja política por la Contraloría y la Personería distritales, los órganos de control más importantes de la ciudad, está que arde en el Concejo de Bogotá.
Al enredo jurídico para elegir a los dos funcionarios, en el que la Procuraduría tiene los ojos encima ante cualquier irregularidad, se suman comentarios como que los cargos ya tienen dueño, que son de los liberales, que ya están en manos de Cambio Radical o que los nuevos ‘cacaos’ se los quieren apropiar. Hasta se dice que el ‘carrusel’ de la contratación tiene lista su candidata.
Varias razones tienen agitado el ambiente político por esos dos cargos. En primer lugar, el lío jurídico. Hay tres visiones encontradas: los que consideran que la elección debe darse por concurso de méritos en cumplimiento de la ley y que gane el mejor.
En el segundo grupo están los que piden que se haga por convocatoria, pero con examen y requisitos por meritocracia, en una mezcla clara de política y academia. Y el tercer sector, que es el de la vieja guardia, que defiende la convocatoria sin examen, sin mayores requisitos, lo que se traduce casi que en una decisión ‘a dedo’.
Para la congresista Angélica Lozano, todos los concejos municipales y distritales deben elegir a sus personeros previo concurso de méritos “conforme a la Ley 1551 del 2012 y al decreto reglamentario 2485 del 2 de diciembre del 2014 que así lo estableció”.
Sin embargo, en diciembre pasado, el anterior Concejo aprobó un proyecto de acuerdo para reglamentar la elección tanto de personero como de contralor mediante convocatoria pública, que fue objetado por el exalcalde Gustavo Petro.
Para desenredar el tema y darle vía libre a la elección de estos dos cargos, la administración actual se acogió a un concepto del Consejo de Estado del pasado 19 de noviembre, donde se señala que la elección de contralor debe ser semejante a la de personero, y decidió retirar las objeciones por considerar que no hay ilegalidad. El viernes pasado, el polémico acuerdo quedó en firme. Este no contempla la realización de examen de méritos, tema que acabó por enrarecer la elección.
Presiones políticas
Este panorama tiene a la mesa directiva en un enredo de conceptos, consultas y dudas que son avivadas por la presión de políticos tradicionales contra las nuevas fuerzas que hoy se debaten en el Concejo.
“Hay fuerzas internas del cabildo que quieren quedarse con los cargos”, dice un concejal, en referencia a Cambio Radical. Pero, para otro, lo que Cambio Radical está haciendo es “midiendo el aceite para que la administración Peñalosa sepa si se van a hacer pasito, es decir, si les van a dar cargos o si van a mostrarse los dientes”.
¿Por qué este juego de poderes? Porque, como lo reconocen concejales y exconcejales, desde los organismos de control se ejercen presiones o favores políticos para beneficiar a unos y castigar a otros. “Revise la nómina de esas entidades y verá que muchos son amigos de los concejales”, dijo un excabildante.
Entre el abanico de candidatos a la Contraloría se menciona al exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados, otros señalan a Julián Henao, hermano del ministro de Vivienda, Luis Felipe, cercanos a Germán Vargas Lleras.
Para la Personería irían tras el cargo el penalista Luis Gustavo Moreno con el apoyo del senador Germán Varón Cotrino; una candidata al parecer apoyada por el ‘carrusel’ de la contratación, e incluso en el sonajero aparece Augusto Ocampo, exdirector de asuntos disciplinarios del exalcade Petro, destituido por 10 meses precisamente por la Personería por afirmaciones irrespetuosas, deshonrosas y calumniosas en redes sociales.
Y aquí surge otra polémica: si por un concurso de méritos Ocampo llegase a sacar la más alta calificación, “¿se imagina usted a ese abogado como personero distrital persiguiendo a los funcionarios de Peñalosa por no permitir la invasión del espacio público? Sería un palo en las ruedas de Bogotá”, dijo un concejal.
Lo que valen esos cargos
Hoy culmina el periodo del actual contralor distrital, Diego Ardila Medina, y la Mesa Directiva del Concejo debe decidir a quién deja en el cargo. Los concejales están obligados por ley a nombrar contralor y personero en propiedad, antes de que termine este periodo ordinario, que va hasta el 9 de marzo.
Cabe reseñar que el presupuesto de la Personería es de 110.185 millones de pesos, tiene servicios personales del orden de los 94.366 millones de pesos, una planta laboral de 873 cargos y más de 400 contratistas.
Y entre tanto la Contraloría tiene recursos del orden de los 107.052 millones de pesos, servicios personales por 95.420 millones de pesos, 976 funcionarios de planta y más de 140 por prestación de servicios.
