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Reforma del equilibrio de poderes gana su primer 'round' en la Corte

Tribunal Constitucional no se pronunció tras considerar que la demanda no cumplió con requisitos.

JUSTICIAfebrero 10 de 2016, 08:46 P.M.

Considerando que la demanda que presentaron varios abogados contra la reforma del Equilibrio de Poderes no cumplió con todos los requisitos para realizar un estudio de fondo, la Corte Constitucional se declaró el miércoles inhibida para pronunciarse al respecto.

Así, esta reforma, promovida por el Gobierno, ganó su primer round en la Corte Constitucional. Sin embargo, el alto tribunal aún tiene pendiente el estudio de otras tres demandas que piden declarar que esa normativa es contraria a la Constitución.

Las ponencias de esas demandas las tienen los magistrados Alberto Rojas, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares.

Entre las demandas que aún siguen en espera de revisión está la que presentó el fiscal general Eduardo Montealegre en agosto del año pasado. En su recurso, el Fiscal asegura que la reforma “afecta el balance entre los poderes públicos, y la independencia y autonomía de la administración de justicia”.

Además, señaló que el proyecto de reforma del Equilibrio de Poderes tenía fallas que no se habían corregido en su trámite en el Congreso, por lo que de mantenerse la norma, “se convertiría en un cambio constitucional altamente nocivo para la institucionalidad del país y nuestro Estado de derecho”.

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En la sala del miércoles, la Corte les dio la razón a los sectores que en una audiencia pública, que se desarrolló en el alto tribunal en septiembre pasado, argumentaban que la demanda tenía errores que impedían realizar un análisis de fondo y que era inepta.

La ponencia del magistrado Alejandro Linares se presentó en ese sentido y fue apoyada por unanimidad por todos los magistrados de la Sala Plena, excepto por la magistrada María Victoria Calle, que no participó de la votación porque está impedida.

La demanda fue presentada en julio pasado por los abogados Flavio Eliécer Maya Escobar, Ómar Édgar Borja Soto y Diana Patricia Rueda González, quienes pidieron que se declararan inconstitucionales los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la reforma, que trajeron cambios para la administración de la justicia.

Esos artículos le dieron a la Corte Constitucional, por ejemplo, una nueva competencia para dirimir conflictos entre jurisdicciones, lo que a los ojos de los demandantes iba en contra de la Carta Magna.

Los abogados también pretendían tumbar el Consejo de Gobierno Judicial, organismo que quedará a cargo de la administración de la Rama Judicial y que reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura.

Otra de las reformas que pedían que se declararan inexequibles fue la que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplazará a la Sala Disciplinaria de esa corporación, y que se encargará de las sanciones e investigación a los funcionarios de la Rama Judicial.

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