Editorial: Blindar las 'fábricas de agua'

Editorial: Blindar las 'fábricas de agua'

La decisión de frenar la minería en páramos necesita el respaldo de una autoridad ambiental fuerte.

10 de febrero 2016 , 08:28 p.m.

Imagen del Páramo de Santurbán, en Santander, declarado Parque Natural Regional en 2013. Foto: Archivo EL TIEMPO

En medio de la fuerte sequía que atraviesa el país, la decisión de la Corte Constitucional de proteger los páramos de la minería y la explotación de hidrocarburos resulta pertinente y necesaria. Es un nuevo mensaje para que la nación entienda, por fin, la importancia de proteger sus ‘fábricas de agua’.

Con los ríos secos y cientos de municipios con un deficiente abastecimiento del líquido vital, el que la Corte le cierre el paso a la explotación en estos ecosistemas, de los que depende el 70 por ciento del agua del país, es fundamental.

Pero se puede quedar corta si las autoridades ambientales no asumen con prontitud y extremo cuidado la delimitación de 35 complejos de páramos del territorio nacional. A los que hay que defender, sobre todo de la minería ilegal. Como se sabe, el alto tribunal declaró inconstitucional el parágrafo del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo, que permitió que proyectos que tenían licencias ambientales o títulos mineros de antes del 9 de febrero del 2010 pudieran seguir operando hasta su terminación. Vale anotar que este parágrafo también dio vía libre a que los proyectos de explotación de hidrocarburos con licencias de antes del 16 de junio del 2011 continuaran sus labores hasta el fin del proyecto.

No obstante, la Corte mantuvo en la norma la tarea del Ministerio de Ambiente de delimitar qué hace parte y qué no de estos ecosistemas de alta montaña. Estos mapas son esenciales tanto para preservar los páramos de la minería como para definir, de una vez por todas, cuál es el área que se debe planear y conservar.

El ente judicial hizo un llamado a seguir las indicaciones de la investigación técnica del Instituto Humboldt, que lleva 4 años estableciendo las áreas de referencia de más de 28 páramos. Sin embargo, no hay que pasar por alto que será el Ministerio el que reste o adicione las hectáreas que por decreto se considerarán ecosistema de páramo. Este proceso solo se ha hecho para el páramo de Santurbán, en Santander, y ya han pasado cuatro años desde que el Consejo de Estado le ordenó tal tarea al Gobierno. Así que es prioritario acelerar su reglamentación.

La conservación del ambiente debe ser el primer criterio en aras de blindar estos ecosistemas. No podemos olvidar que tenemos el privilegio de albergar el 50 por ciento de páramos de todo el mundo, reservorios vitales del precioso líquido.

Ahora bien, la delimitación del Ministerio de Ambiente no puede darles la espalda a las comunidades que por décadas han vivido en estos ecosistemas. Se estima que son cerca de 350.000 colombianos. Sus actividades agropecuarias, que pueden dañar los páramos, deben ser evaluadas y restituidas por otras unidades productivas, si el caso lo amerita.

La otra parte del reto consiste en fortalecer la institucionalidad local. Para ser claros: regular la minería legal es tan importante como mantener a raya la ilegal. Y conviene advertir también de la necesidad de velar por que la concertación que ordena el tribunal con las autoridades locales no abra una inesperada y muy nociva ventana de irregularidades.

Se trata, pues, de contar con instituciones fuertes a todo nivel y, sobre todo, con reglas precisas que redunden en beneficio de todos.


editorial@eltiempo.com

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