Luego de conocerse el fallo mediante el cual la Corte Constitucional prohibió la explotación minera en los páramos del país, privilegiando la protección de esos recursos naturales sobre el derecho de empresas mineras, autoridades ambientales piden que no cesen los operativos en los Farallones de Cali.
De acuerdo con un informe del año pasado, en menos de cuatro años la minería triplicó sus estragos en los Farallones, el Parque Nacional Natural donde nace el agua para casi un millón de caleños.
Parques Nacionales Naturales (PNN), con apoyo de la Personería, ha elevado la alerta sobre los riesgos latentes y en crecimiento por la explotación en el sector de Socorro, a dos horas de camino.
PNN y la Personería, con apoyo del Ejército, la Policía y los Carabineros, han acometido tres incursiones en los últimos años. La primera fue en el pasado gobierno municipal en mayo de 2011. Entonces se calculó en más de un centenar los mineros en la zona.
El artículo 173 del Plan Nacional prohibió las actividades agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables o la construcción de refinerías de hidrocarburos en zonas de páramos, previamente delimitadas por el Ministerio de Ambiente.
Autoridades anunciaron dos puestos de control en el lugar, sin embargo, todavía se encuentran materiales en la zona, lo cual ha causado graves daños ambientales a la reserva, así como al agua y ecosistema de los caleños.
El personero Andrés Santamaría dijo que estas disposiciones se presentan en un trabajo de verificación y seguimiento a situaciones que generan impactos en este ecosistema.
Además, anotó que esta actividad pone en riesgo la salud pública porque se contaminan las cuencas de los ríos con metales pesados, aparecen asentamientos humanos y hay desplazamiento de fauna, así como alteración y deterioro de cobertura boscosa y de páramo, por lo que se espera que este fallo traiga consigo verdaderos operativos en la zona.
La Personería ha pedido presencia de la Fuerza Naval del Pacífico –Armada Nacional– en las cuencas del Pacífico, en los ríos que convergen con el Parque Farallones, en especial Raposo, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquí y Naya.
Y también ordenar las actividades de ecoturismo y controlar la ocupación y asentamientos humanos en el área protegida y en las cuencas de los ríos Cali, Meléndez y Pance, al sur de la capital del Valle.
La Corte estudió varias demandas presentadas por congresistas del Polo Democrático y consideró que en ningún caso se puede permitir la minería y la explotación de petróleo en zonas de páramos, pues ello podría ocasionar daños ambientales en estas zonas protegidas que llegarían a ser irreversibles.
Deterioro ambiental
En marzo del 2015, un informe de la Personería registró el estado de deterioro del área protegida del Parque, donde la minería ilegal, hasta el 2014, ya había afectado 252 hectáreas de páramo y bosque alto andino.
Jaime Celis, jefe del Área Protegida PNN Farallones de Cali, aseguró, en ese entonces, que las hectáreas afectadas ascienden a unas 622 y se contabilizan 187 socavones.
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