La ONU y su papel en el proceso de paz de Colombia

La ONU y su papel en el proceso de paz de Colombia

La internacionalización de los diálogos genera una dosis de garantía en los acuerdos de La Habana.

notitle
08 de febrero 2016 , 11:34 p.m.

El pasado 19 de enero, a través de un comunicado conjunto, el Gobierno y las Farc hicieron pública su voluntad de poner en marcha mecanismos de monitoreo y verificación que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos como resultado de los acuerdos definitivos de paz, aun no alcanzados. Puntualmente, se estableció un mecanismo tripartito para el cese bilateral al fuego y de hostilidades, y dejación de las armas, conformado por los negociadores y un componente internacional que se encargará de coordinarlo.

La voluntad expresada se tradujo en una solicitud formal del Gobierno, dirigida, dos días después, al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad, buscando que se aprobara la creación de una Misión Política Especial que diera cumplimiento al mandato antes perfilado, con un límite temporal de ejecución de 12 meses prorrogables. (Lea también: El espaldarazo de la ONU al proceso de paz en La Habana)

La solicitud fue acogida unánimemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la Resolución 2261 del 25 de enero de 2016, como resultado del Proyecto presentado por el Reino Unido, gracias a la gestión del Embajador Néstor Osorio –Jefe de la Misión Diplomática de Colombia ante ese país– y quien resulta fácil presumir, fue uno de los gestores de la propuesta.

Se han generado muchas discusiones en torno a la naturaleza de la Misión que las Naciones Unidas enviará a Colombia, la efectividad que tendrá, el rol que jugará la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC y los pros y contras de la internacionalización del cumplimiento de los Acuerdos.

Primero, se trata de una Misión Política Especial, que no debe ser confundida con las Operaciones para el Mantenimiento de la paz. Aunque ambas son autorizadas por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas, se distinguen en sus finalidades y miembros que las conforman: Las operaciones cuentan con la participación de personal militar, civil y de policía, mientras que en las misiones políticas se despliegan observadores civiles, por un arco de tiempo específico y limitado, con el fin de apoyar a los estados miembros en la prevención de conflictos y consolidación de la paz. Es decir que no veremos cascos azules (militares) ni boinas azules (policía) en el territorio nacional.

Como antecedente, es importante recordar el papel fundamental que cumplió la ONU en los procesos de paz centroamericanos.

En el caso de El Salvador, la Misión de Observadores (ONUSAL), que tenía como mandato verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue establecida como una operación integral de mantenimiento de la paz, lo que significó el envío de 380 efectivos militares y 631 de policía.

Igual fue el caso del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) que desde noviembre de 1989 hasta enero de 1992, verificó el cumplimiento de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua de los compromisos adoptados para poner fin a su ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos insurrectos en la región, impidiendo que el territorio de dichos países fuera utilizado para perpetrar ataques contra otros Estados. Esta misión contó con un componente militar de 260 observadores, un batallón de infantería de alrededor de 800 efectivos y personal de las fuerzas aérea y naval.

Pero el ejemplo latinoamericano más cercano a nuestro contexto, fue la Misión de Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), establecida en septiembre de 1994 por la Asamblea General, la cual, si bien inició como una misión política conformada por 250 expertos civiles, contó de enero a mayo de 1997 con un grupo anexo de 155 observadores militares establecido por el Consejo de Seguridad para la verificación del cese al fuego entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la desmovilización y concentración de los excombatientes en puntos acordados para tal fin.

En conclusión, si bien la naturaleza de la misión de verificación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC será la de una misión civil sin presencia de efectivos militares o de policía, esto no quiere decir que el mandato no pueda ser modificado por las Naciones Unidas, cambiando con ello su configuración.

Pero aclaro que estas modificaciones no podrán ser realizadas de forma unilateral por las Naciones Unidas, organización que se encarga de coordinar un mecanismo tripartito del cual –bajo un modelo de pesos y contrapesos que a nivel internacional ha demostrado ser efectivo en instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– también hacen parte el Gobierno y las FARC.

La participación de la CELAC no tampoco será de carácter institucional, simplemente los observadores que conformen el componente internacional serán nacionales de los 33 países que la conforman. Ahora bien, no se debe descartar que la mención específica de cooperación que se hace, haya sido motivada por el grupo guerrillero para contar con la veeduría de una organización a la que encuentra ideológicamente cercana, lo cual puede llevar a que con el paso del tiempo su rol sea más relevante.

La internacionalización del mecanismo de monitoreo y verificación del acuerdo de paz, más allá de generar expectativas tan básicas como que sus gastos serán cubiertos con los recursos de la ONU, o tan complejas como que puede ser una estrategia para que el Consejo de Seguridad utilice el poder que le otorga el artículo 16 del Estatuto de Roma para suspender o no iniciar las investigaciones que puedan surgir en contra de miembros de las FARC en el ámbito la Corte Penal Internacional, lo cierto es que genera una dosis de garantía en que una vez se hayan alcanzado los acuerdos, las partes tienen toda la intención de cumplir con ellos.

Aunque es inevitable contagiarse de optimismo frente a las negociaciones de La Habana con hechos como éstos, no se puede olvidar que todavía nada está escrito sobre piedra, no hay acuerdo definitivo, y aunque la comunidad internacional esté dispuesta a contribuir para que lo que se pacte se cumpla, los colombianos debemos seguir preguntándonos por el contenido detallado de lo acordado.

Por: Carlos Arévalo
Profesor Maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.