Procuraduría pide anular preacuerdos en caso de tragedia de Fundación

Procuraduría pide anular preacuerdos en caso de tragedia de Fundación

El ente de control señala que se vulneró el debido proceso.

08 de febrero 2016 , 12:42 a.m.

Mediante una acción de tutela presentada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación busca que se deje sin efectos la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta que aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y los dos imputados por la tragedia de Fundación, en la que murieron 33 niños y una mujer tras incendiarse un bus el 18 de mayo de 2014.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, según la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, vulneró el debido proceso al revocar el 9 de diciembre pasado la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, que en junio de 2015 negó el preacuerdo entre la Fiscalía y Jaime Gutiérrez Ospino, conductor del bus, y Manuel Salvador Ibarra, líder espiritual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quien contrató el servicio de transporte.

Para la Procuraduría, la vulneración al debido proceso se presentó debido a que ya no era viable aceptar el preacuerdo, que cambió el modo del delito imputado a los dos detenidos, variando la calificación de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo y simultáneo, a homicidio culposo.

Dicha variación, según la Procuraduría, “no era procedente al no cumplir respecto de las conductas punibles la condición de ser tipos relacionados”. Además, tampoco se explica en el acta del preacuerdo cómo se realizó el cambio, ni los fundamentos fácticos ni jurídicos que lo permitieron.

En la tutela, el organismo de control indica que no hay evidencia que los elementos materiales de prueba hayan cambiado trascendentalmente de manera que se tuviera que adecuar la conducta a otro tipo penal y advierte que sí se observa en el acta del preacuerdo que su propósito, abiertamente manifestado por la Fiscalía en el momento de variar el delito, es la disminución de la pena.

La Fiscalía inicialmente había pedido la pena de 44 años de prisión para los sindicados, pero al cambiar el delito tendrían que pagar entre seis u ocho años. Actualmente, ambos se encuentran recluidos en la cárcel El Bosque, de Barranquilla.

En su momento, los abogados de las víctimas anunciaron que presentarían una acción de tutela para solicitar la anulación de la decisión del Tribunal porque según la ley 1098 no puede haber beneficios en un preacuerdo cuando se trata de delitos contra menores.

SANTA MARTA

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