'Desplazados por el tranvía' quieren volver a viviendas evacuadas

'Desplazados por el tranvía' quieren volver a viviendas evacuadas

Un estudio de la Universidad Nacional dará respuestas en marzo sobre el futuro de esas casas.

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08 de febrero 2016 , 09:06 a.m.

En más de una ocasión, cuando ha visto sus pertenencias arrumadas y cuando recuerda la casona de 200 metros que heredó de sus padres y en la que habitó hasta noviembre de 2014, Lucero Bustamante ha estado a punto de empacar y volver.

Volver implicaría convivir con las gritas de sus paredes, levantar de puerta y ventanas los sellos que indican que allí hay riesgo y oponerse a una orden de evacuación del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).

En el último año y medio, ella y otras 74 familias han salido de sus viviendas en San Luis y Alejandro Echavarría, barrios del oriente de la ciudad, atravesados por las obras del tranvía de Ayacucho y sus dos líneas de cable.

La recomendación, cuentan los afectados, se dio luego de que sus casas, la mayoría construidas desde hace medio siglo sobre calles empinadas, comenzaran a fisurarse con el efecto de las máquinas y explosivos para construir la obra del Metro. “Las ventanas vibraban, el piso se nos movía, eso parecía el fin”, recuerda Lucero el tiempo de la construcción.

Luego de esperar varios meses con subsidios de arriendo que en promedio suman los $622.000 y sin respuesta sobre el futuro de sus propiedades, un grupo de más de 60 de los afectados, autoproclamados ‘Los desplazados del tranvía’, buscan otras salidas.

Con frecuencia, se reúnen en la parroquia Concilio Vaticano Segundo. Para acompañarse en la incertidumbre, pero también para discutir soluciones alternativas.

El plan A es esperar, seguros de que retornarán a casa, aunque en un comunicado del Metro de mayo de 2015, firmado por Tomás Elejalde, entonces gerente de Planeación, ya se les anunciaba: “Se cuenta con tres opciones. La primera, adquirir las viviendas; la segunda, adquirir las viviendas y desarrollar un proyecto ejecutado por un tercero que posibilite el desarrollo de vivienda en el mismo sector (reubicación en sitio), y la última sería la reparación, que por lo complejo del tema, prácticamente está descartado”.

El temor de no poder recuperar sus casas los hace pensar en un plan B: que los evacuados vuelvan a las viviendas y que los que recibieron la orden hace poco, no se vayan.

El primero en motivarlos a esto es el padre Juan Diego Ruiz, párroco de la iglesia Concilio Vaticano Segundo. “Yo sí les he dicho que deben volver a las viviendas. Si tienen instrumentos públicos que demuestran que es su casa y si no hay instrumentos públicos donde resulte afectación, como ha pasado con varios de los afectados, ¿por qué se van a ir?”, anotó el sacerdote.

Para él es claro que “una obra, que se supone que es para la comunidad, no puede generar desarraigo, y menos en una comunidad tan estable”.

Martha Castañeda, Elena Jaramillo y Edilma Pinilla recibieron hace poco la orden. Decidieron no evacuar, temiendo que el retorno a sus casas se prolongue como con sus vecinos. “Esta tierra vale. Aunque lleguen a mi casa y me saquen arrastrada, yo de aquí no me voy”, aseveró la última, mientras Martha Dolly González, ya evacuada, afirmó: “No vamos a vender. Vamos a pelear hasta lo último, a demostrar que el Metro fue el que nos dañó nuestras casas y a exigir que las arreglen”.

Un grupo de 75 familias ya fueron evacuadas por obras del tranvía. No obstante, las autoridades estudian la evacuación de otras 92 en el mismo sector del oriente de Medellín. Foto: Javier Agudelo

Respuestas en marzo

Si bien la comunidad, representada por el padre Ruiz, concluye que las viviendas sufrieron grietas y daños estructurales por las obras del tranvía, la teoría del Metro es otra.

Según Claudia Restrepo, gerente de la entidad, cuando el trazado del tranvía pasó por San Luis, se estimó que la empresa debía comprar parte de las viviendas. No obstante, las fallas estructurales constructivas de las que no se adquirieron, generaron un movimiento en masa y un posterior efecto dominó que implicó la evacuación de 75 familias en los últimos dos años.

Lo que se acordó entonces con la comunidad fue iniciar un estudio patológico con la Universidad Nacional que evidenciara la composición y fallas de suelo en todo el sector. Los resultados, que se le entregarán al Metro en marzo, y de forma segmentada por manzanas, responderán si las casas son sujetas de reparación, si deben derribarse, si allí se puede volver a construir, dónde y qué tipo de edificaciones.

“Si las viviendas no logran ser reconstruidas, de todas maneras tenemos que pagarlas. La garantía que le doy a la comunidad es que, a todos, a los que les interesa el reasentamiento en sitio y a los que no, les tenemos que responder”, agregó Restrepo.

Por ahora, el Metro sostiene el arrendamiento de los evacuados y está a la espera de nuevos desalojos.

De acuerdo con la funcionaria Juliana Portillo, funcionaria del Metro para el tema de vivienda, en la actualidad, y luego de algunos retrasos, se normalizó el pago anticipado de los arriendos para los afectados; a las personas que lo han solicitado, se les ha hecho la desconexión de los servicios públicos, y tras un recorrido con un ingeniero estructural patólogo en diciembre, el Metro le envió al Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) una ficha de 92 nuevas familias que, según su concepto, necesitan ser evacuadas.

La respuesta que el Dagrd le envió al Metro es que le darían traslado de ese análisis de evacuación a la Secretaría de Gobierno. Por lo pronto, sin la resolución de esa entidad, las comunidades pueden permanecer en su territorio.

No obstante, según el padre Juan Diego Ruiz, aunque tendrán una reunión con el Metro esta semana, “si no se echa para atrás en las acciones que está realizando, como expropiar, asumir el usufructo de los bienes y cambiar las claves de las chapas, sabiendo que no es competente para hacerlo, tendremos que llegar a instancias como la acción popular o la acción de grupo”.

Según Portillo, el sacerdote siempre les había prestado los espacios para reuniones con la comunidad. Sin embargo, desde hace dos semanas, ha recibido información de reuniones y acompañamiento con abogados que cambian el ambiente “sano” con el que venían trabajando.

MEDELLÍN

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