Un cuarto de siglo después de la expedición de la Constitución de 1991, el país sigue buscando, sin éxito, fórmulas para que la justicia funcione. Ineficiente, morosa, inequitativa, lenta, anticuada, selectiva e inocua son apelativos que le caen encima, sin que nadie se indigne. Por desgracia, solucionar esa crisis no pareciera hoy una prioridad para nadie. Una tragedia que aleja más la posibilidad de ejercerla con probidad, imparcialidad y eficacia.
Es una historia de luces y sombras que, precisamente hoy, 25 años después de que se iniciaran las deliberaciones de la Constituyente, marca un panorama tan opaco que algunos creen que la solución es una reforma más. O una constituyente que nos lleve al primer día de la creación para echar por la borda lo poco que se ha conseguido y genere una ruptura para que todo quede en entredicho. Es decir, exactamente lo contrario de lo que se acordó como principio de actuación de la negociación de La Habana. Volver a barajar todo para que la inercia continúe. O para perseguir victorias que no se consiguieron en la mesa de diálogo.
El traje constitucional que se le puso a Colombia en 1991 no le quedó chiquito, como pretenden hoy quienes quieren refundar la República. Tal vez resultó grande porque han sido las instituciones y algunas personas al frente de las mismas quienes han sido inferiores al espíritu constitucional. El frágil desarrollo de las instituciones de la Rama y algunos de sus personeros, mas no los artículos de la Constitución, son los titulares del déficit actual de la justicia.
Humberto de la Calle ha resaltado que el gran reto, después de la firma del acuerdo de paz, son la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Pero nada marchará en estos campos si la justicia sigue siendo invisible para la mayoría. Sin ella, la paz será una flor que se marchitará pronto. Se necesita una justicia moderna, fuerte, presente, cercana a la gente; una justicia que rompa con el vicio centralizador y clientelista que impide que llegue al ciudadano de a pie.
Es la justicia básica, local, municipal y rural. Allí donde ella ni cojea, ni mucho menos llega. Donde el acceso a esta es un lujo que tiene más cara de atropello y arbitrariedad que de derecho. Allí, donde los violentos se han arrogado, impunemente, el papel de jueces. En medio de la confusión, los colombianos siguen aferrados a la tutela, como náufragos que encuentran el madero para flotar en la tormenta de un mar cada vez más bravo con sus derechos.
Los grandes retos de la justicia no están en el terreno de las macrorreformas paridas de nuevos cambios de la Constitución. Ni de constituyentes que abrirán una caja de Pandora que se cerró en el 91, con una Constitución más progresista que los propios acuerdos con la guerrilla. Si va a cesar la larga noche de violencia, la justicia deberá ser la prioridad de la nación. Recursos no faltarán para ese propósito. Pero se necesita mucho más que voluntad política. Se requiere un capital humano dispuesto a hacer realidad las ideas del cambio. Hay que cerrarle el camino al viejo truco de viejas ideas empacadas en nuevos ropajes para frenar los espíritus transformadores. Esa historia ya la conocemos.
Mucho seguiremos hablando de justicia transicional como clave para lo que viene. Eso es indispensable. Pero la otra justicia, la estructural, la básica, la permanente, la ajena hoy a los grandes acuerdos, sigue paralizada a la vera del camino, esperando que alguien se apiade de ella. Lo aparentemente nuevo se resiste a nacer y lo viejo, a morir. Ni lo uno ni lo otro pasa por las promesas de las normas, sino por las debilidades de las personas.
El dilema, en últimas, es muy simple. Por una parte, decían los clásicos que una sociedad es capaz de aguantar mediocres legisladores, pero no malos jueces. Por otra, quizá porque hemos expedido muchas leyes, pero hemos dado poco ejemplo.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Exministro de Justicia e Interior
