¡Coherencia!

¡Coherencia!

Quienes hemos defendido el proceso de paz debemos exigir coherencia con requisitos del posconflicto.

06 de febrero 2016 , 08:29 p.m.

La negociación en La Habana entró en su fase final. Después del silencio de los fusiles vendrán las tareas de construcción de la paz. Y serán muy exigentes. La garantía de no repetición requiere no solo la entrega de las armas por las Farc. El Estado tendrá que ocupar las zonas que hasta hoy están controladas por esa agrupación, para brindar allí seguridad, justicia y servicios básicos. Y deberá promover el desarrollo rural, según el primer punto acordado en La Habana. Las víctimas deberán ser reparadas. Los guerrilleros, reinsertados. Todo esto requerirá una acción concertada de muchas entidades del Estado, que deberían estar ya preparadas para implementar estas exigencias de la paz. Y muchas de ellas no parecen siquiera haberse percatado de lo que se avecina.

Lo más preocupante es la aparente falta de interés del Gobierno en el desarrollo rural. El Ministerio de Agricultura sigue dedicado a distribuir subsidios, aunque hace ya año y medio se acordó el tema rural en La Habana y hace meses conoce las recomendaciones básicas de la Misión Rural. Debería estar ya implementando esos acuerdos y recomendaciones, concentrando su atención en los temas de tierras, investigación y desarrollo, asistencia técnica y construcción de distritos de riego y drenaje.

Pero el desarrollo rural no es solamente responsabilidad de ese ministerio: exige una mejora sustancial en la educación y la salud rural, y vías y comunicaciones que conecten bien los productores a los mercados. Y no se percibe a los ministerios de Educación, Salud y Transporte preparándose para estas tareas.

Pareciera que la paz es un asunto del Presidente y los negociadores, pero no del resto del Gobierno. Esta falta de preparación y coherencia puede hacer fracasar el posconflicto.

Cada cual en el Gobierno parece estar siguiendo su propia agenda. Y nadie coordina ni dirige. Ni el Presidente, que ha demostrado ser alérgico a la coordinación, y a veces parece solo estar interesado en firmar el acuerdo y ganar el plebiscito, y no en la difícil tarea que vendrá después. Ni el ‘Vice’, que solo parece estar dedicado a su pedazo de gobierno y a consolidar sus aspiraciones presidenciales.

Quienes hemos defendido el proceso de paz tenemos el derecho de exigir del Gobierno un mínimo de coherencia.

Por ello insisto en una pregunta que parece incomodar al Gobierno y sus aliados: ¿cómo piensan financiar los gastos del posconflicto, que se estiman entre 1 y 1,5 por ciento del PIB, en medio de un faltante fiscal cercano al 2,5 por ciento del PIB, como consecuencia de la caída en los ingresos del petróleo? ¿Cómo podrán hacerlo sin una reorientación sustancial del presupuesto, en especial en los ministerios de Agricultura y Transporte, y reduciendo los generosos cupos indicativos para los parlamentarios? ¿Y sin jugársela por una reforma tributaria estructural que aumente recaudos y permita alguna recuperación de la inversión privada y la generación de empleo? El Gobierno y los partidos que lo apoyan siguen actuando como si aún estuviéramos en plena bonanza petrolera y no se avecinara el posconflicto.

Lo peor que le puede pasar al posconflicto es desenvolverse en medio de una crisis fiscal y económica. Quienes nos preocupamos por esta posibilidad no estamos en el plan de ‘asustar’ al Presidente, como escribió hace poco uno de sus áulicos. ¿Será que no han advertido que el spread de los bonos del Gobierno (que mide la percepción de riesgo de los inversionistas) se disparó desde junio de este año? ¿Y que anda ya cerca de los 400 puntos básicos, muy por encima del de los bonos soberanos de Chile, Perú y México, y acercándose peligrosamente al de los brasileños? ¿Ni que las agencias calificadoras están a la espera de señales más claras de acción en el frente fiscal?

GUILLERMO PERRY

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