Editorial: Riesgo serio de parálisis

Editorial: Riesgo serio de parálisis

La Rama Judicial viene emitiendo preocupantes señales que obligan a reaccionar lo antes posible.

06 de febrero 2016 , 08:29 p.m.

De la misma manera que obra como columna vertebral del Estado de derecho, la justicia está llamada a ser la columna vertebral del posconflicto en Colombia. Solo por eso hay que advertir –una vez más– que el semblante que hoy muestra esta rama del poder está lejos de ser el ideal para los retos que le esperan al país.

Es cierto que gran parte de la tarea de alcanzar la verdad y de reparar a las víctimas corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz, que estará al margen de la justicia ordinaria. Pero ha quedado claro que dicha instancia tendrá una relación estrecha con esta última. Y, en general, no cabe duda respecto a que un sistema judicial eficiente y oportuno, de fácil acceso para todos los colombianos, es garantía para la gente y, a su vez, de que lo que se acuerde en La Habana se llevará a la práctica.

Un objetivo que al contrario de acercarse, como todos quisiéramos, pareciera hacerse cada vez más esquivo. O al menos esta es la sensación que queda luego de constatar el estado actual de procesos y decisiones cruciales para que esta goce de buena salud.

Sobresale el de las seis vacantes que hoy existen en la Corte Suprema de Justicia. Como ya se ha advertido desde estos renglones, tiene que ser asunto prioritario para este tribunal que en marzo, con la salida de José Leonidas Bustos, serán siete.

Una de las primeras consecuencias negativas de no hacer esta tarea será la dificultad no solo de elegir a los nuevos colegas –como se requieren 16 votos bastaría uno negativo para dejar esas elecciones en una sinsalida–, sino también del sucesor de Eduardo Montealegre como jefe del ente acusador. No han sido pocas las voces de advertencia en el sentido de que estamos ‘ad portas’ de vivir un capítulo de interinidad en la Fiscalía similar al que ya tuvo lugar cuando Mario Iguarán dejó el cargo en agosto del 2009. Los mismos observadores han cuestionado, con razón, si tal escenario es el más aconsejable para la implementación de los eventuales acuerdos con las Farc.

Y si hay temor por las consecuencias de posibles dilaciones en este alto tribunal, en torno a otro, el Consejo de Estado, se vive una zozobra similar. Aquí el asunto es la reforma de poderes y su aplicación, en veremos por las demandas que esta instancia debe resolver para terminar de conformar el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, llamado a sustituir a la hoy agonizante y deslegitimada Sala Administrativa de la Judicatura.

Como es bien conocido, la nueva entidad es la encargada, entre otros temas, de definir las políticas de la Rama, aprobar su presupuesto y postular las listas de candidatos a magistrados. Si hay zozobra es porque circula la versión de que las demandas en cuestión podrían ser demoradas con el propósito de ponerle un tardío palo en la rueda a una reforma constitucional que, al parecer, levantó ampolla entre más de un integrante de los altos tribunales.

Un recuento en el que no se puede pasar por alto lo accidentada que ha resultado la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso, al que alguna vez se refirió el presidente Juan Manuel Santos como la verdadera reforma de la justicia. De la mano con lo anterior están las dificultades para adoptar la oralidad en juzgados civiles y de familia, de la que ha dado cuenta más de un informe de este diario en las últimas semanas. Junto a ellos han figurado los de un nuevo cese de actividades de algunos trabajadores de estos mismos juzgados.

Luego está la lista de males que son de público conocimiento, y que van desde la congestión en los despachos y lo difícil que resulta para el ciudadano común acceder a los servicios judiciales hasta los escándalos que el año pasado sacudieron a la Corte Constitucional, por culpa de las actuaciones que le valieron –en un hecho sin precedentes– ser acusado ante el Senado al togado Jorge Pretelt, y a la Fiscalía, donde su cabeza, Eduardo Montealegre, en un acto poco decoroso, le entregó una mención de honor a Natalia Springer, cuando se encontraba en el ojo del huracán por la calidad y rigor de los análisis que le encomendó la entidad mencionada.

Constituiría una lamentable paradoja que, justo en el momento en el que Colombia celebra quince años de una iniciativa que espantó los fantasmas del Estado fallido, los males de la justicia se agravaran al punto de crear un escenario muy común en naciones que corren con tal suerte.

Por eso, desde estos renglones, al tiempo que advertimos sobre lo crítico de la situación, hacemos una convocatoria para un acuerdo de voluntades que impida, ante todo, una parálisis de la Corte Suprema. Algo que, como queda claro, podría desencadenar una bola de nieve absolutamente inconveniente en momentos en que el país se prepara para comenzar a construir una paz estable y duradera, de la cual el sistema judicial ha de ser nada menos que su piedra angular.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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