La eventual desmovilización de las Farc a raíz del proceso de paz de La Habana podría llevar a una guerra sangrienta por el control de sus zonas de injerencia o a una transición “concertada y pacífica” del poder de la guerrilla a otros grupos ilegales.
Esos dos escenarios que se podrían dar en el posconflicto, y que ya están en el radar de la Fiscalía, llevaron a que esta semana se pusiera en marcha un plan de choque en cinco zonas claves del país, que podrían ser el teatro de esa pugna por el poder criminal.
Un informe de la Fiscalía conocido por EL TIEMPO dice que en algunas zonas se estaría dando esa transición en el control de negocios de narcotráfico, minería ilegal y extorsión. “Los vacíos de poder que está dejando la inactividad de la guerrilla, así como la expectativa de la desmovilización, están siendo aprovechados por organizaciones criminales, además del Eln y el Epl”, se lee en el documento.
Desde hace meses, investigadores vienen trabajando en ese plan de choque, que se adelantó ante la alerta sobre esos movimientos de ilegales para copar los territorios de las Farc.
El fiscal general de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, afirmó que el plan incluye “una intervención y una gran ofensiva judicial” contra estructuras criminales en el Urabá y el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, La Guajira y los Llanos.
Para definir las zonas que serán impactadas y a las que llegarán más investigadores y fiscales especializados se tuvieron en cuenta cuatro variables: la alta tasa de homicidios, los niveles de corrupción, incluyendo la filtración de esas redes en los órganos judiciales; la existencia de rutas o corredores estratégicos para el transporte de droga y contrabando, la producción de la minería ilegal y las armas. Y, finalmente, se consideraron reportes de Inteligencia sobre las zonas en las que hay un alto riesgo “de mutación de los actores del conflicto a bandas de crimen organizado”.
El cruce de esas variables dio como resultado que las zonas por impactar son el bajo Cauca y Urabá, en donde se conjugan las muertes violentas, la minería ilegal y corredores estratégicos para el delito. También se priorizaron Buenaventura, Tumaco y Barbacoas, en Nariño, en donde se registra la tasa más alta de desaparición forzada del país, y en donde hay rutas claves para tráfico de armas, personas y droga.
Esa zona fue calificada por los investigadores como la de mayor índice de riesgo en el posconflicto.
La ofensiva también llegará a La Guajira, zona con altos índices de corrupción y rutas de contrabandistas y traficantes de armas; al Catatumbo, que tiene índices preocupantes de masacres, y altos índices de corrupción. Finalmente, se intervendrán los Llanos, al considerar que Meta es uno de los departamentos con una mayor tasa de homicidio y que registra “una criminalidad organizada vigorosa, pero independiente de la del resto del país”.
A esas zonas ya fueron enviados grupos de investigadores apoyados por el Ejército y la Policía, con asesoría de agencias internacionales, como la DEA.
El objetivo: dejar de capturar a los integrantes más bajos de la cadena delictiva, que regularmente son sorprendidos en flagrancia, y empezar a neutralizar, incluso con bombardeos, a los mandos más operativos, que mantienen vigente la organización. Se ordenó crear grupos especiales contra el lavado de activos y de extinción de dominio, para atacar las finanzas de cada organización. Además de esos delitos, se priorizaron narcotráfico, homicidio, desaparición forzada y minería ilegal.
Uno de los ejes más fuertes de la estrategia es golpear la corrupción en las mismas autoridades, por lo que entrarán a funcionar grupos élite de contrainteligencia.
Investigadores señalaron que tienen la meta de desmantelar en un corto tiempo varias de las organizaciones que delinquen en las zonas consideradas de alto riesgo, impidiendo que sectores de las Farc que no se desmovilicen intenten engancharse en esas redes criminales.
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