La dura pelea de las víctimas de ácido para lograr un tratamiento

La dura pelea de las víctimas de ácido para lograr un tratamiento

Deben elevar tutelas para reclamar cremas, o para que les programen citas con psicólogos.

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06 de febrero 2016 , 05:59 p.m.

En octubre del año pasado, la EPS Savia Salud le prometió a María Galeano Sánchez que le daría una licra con láminas de silicona para ayudarle a cicatrizar las heridas que le causó el ácido que le lanzaron en el cuerpo.

Han pasado cuatro meses, pero María no ha recibido ni la licra ni todos los tratamientos a los que tiene derecho. Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, interpuso una tutela que no le cumplieron, ganó un desacato que tampoco atendieron, y con la cara y un brazo quemados sigue haciendo filas interminables, esperando que el Sistema de Salud le ayude a reconstruir su cuerpo y su vida.

Medicina Legal reportó que el año pasado se conocieron 42 casos de ataques con agentes químicos y que las víctimas fueron 16 hombres y 26 mujeres. En 2014 se denunciaron 111 casos.

La Defensoría del Pueblo, a través de la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, atendió 17 de esos casos, en los que corroboró cómo las EPS han venido incumpliendo con el tratamiento integral para víctimas como María. Esto, no obstante que desde el 2014 el Ministerio de Salud ha expedido sendos actos administrativos para garantizar la atención a quienes son atacados con ácido.

Esos decretos, por ejemplo, incluyeron en el plan obligatorio de salud (POS) los tratamientos de rehabilitación, y los que no estén incluidos pueden ser recobrados por las EPS al Fosyga. Además, las víctimas están exentas del pago de cuotas moderadoras y las instituciones médicas deben garantizarles una ruta de atención integral.

Esa ruta, en teoría, cubre la atención de primeros auxilios, la protección a la familia, el acceso a la justicia, y hasta garantiza que quien sufrió un ataque con químicos pueda estar ocupado laboralmente.

En los casos de las víctimas que atendió la Defensoría, en su mayoría mujeres con difíciles condiciones económicas, que por la violencia intrafamiliar o la intolerancia sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, esas garantías no se cumplieron.

María Galeano, por ejemplo, tiene 45 años y desde el 4 de agosto del año pasado, cuando un jovencito le lanzó ácido en el rostro, no tiene trabajo. Por miedo se fue del barrio Cristóbal de Medellín, dejó de limpiar casas, y la única entrada que tiene es el salario mínimo que gana su hija, porque desde hace dos meses el Sisbén le quitó el auxilio que le venía dando.

A María no le alcanza ni para pagar los 250.000 pesos que vale la licra para su recuperación, y aunque ya tuvo un intento de suicido, no le han programado citas con el psicólogo. Ni siquiera sus agresores han sido capturados, y este es el momento en que no sabe qué fue lo que realmente pasó. “Me faltan más cirugías reconstructivas porque el oído izquierdo se me pegó del cuello y tengo cicatrices y queloides. Ahora me hacen infiltraciones, pero solo me han hecho dos, a pesar de que ya debería tener cuatro”, asegura.

“A pesar del marco normativo que regula la materia, los principales obstáculos reportados en las defensorías regionales son la falta de especialistas y de pabellones especializados en los centros médicos o EPS que reúnan las condiciones necesarias para la óptima y oportuna atención de estos casos, donde el tiempo es un factor determinante”, afirma la Defensoría.

De hecho, en Colombia solo el Hospital Simón Bolívar de Bogotá tiene un pabellón de atención especializada y especialistas en cirugía reconstructiva, por lo que quienes son atacados fuera del Distrito Capital tienen un alto riesgo de sufrir otras afectaciones mientras se realizan las remisiones en la fase inicial de la atención. La Defensoría conoció el caso de una víctima a la que le retiraron tejido sano de una pierna para ponerlo en su rostro, pero, por falta de especialistas en la EPS, le afectaron la movilidad de esa extremidad.

Tutela, el recurso

A pesar de que la Defensoría y organizaciones de víctimas afirman que las quejas contra EPS son reiterativas, en el último año la Superintendencia de Salud solo ha recibido ocho. Fuentes afirman que pocos conocen este mecanismo administrativo y terminan exigiendo sus derechos con tutelas.

Gina Potes –una de las primeras víctimas en Colombia de ataques con ácido–, quien lidera la Fundación Reconstruyendo Rostros, sostiene que este organismo, que ha acompañado al menos a 50 mujeres, ha encontrado que no obstante los avances legislativos, “las barreras de acceso siguen siendo las mismas. Algunos médicos siguen considerando que las cirugías son estéticas o que no hay nada que hacer frente a las secuelas”.

Potes dice que un tratamiento integral para una víctima de ácido podría costar hasta unos 500 millones de pesos, por lo que en la mayoría de los casos la recuperación depende de la voluntad de los centros médicos. Agrega, además, que en el país hacen falta especialistas que tengan un enfoque diferencial y que “entiendan esta violencia como la ven las víctimas”.

En Medellín, la Fundación conoció a una mujer agredida hace cuatro años que quedó ciega y debió acudir a una tutela. Ni siquiera ese recurso le ayudó, ya que las dos cirugías que le practicaron se le dañaron porque el centro médico dejó pasar mucho tiempo. “Ella llega a la Fundación y acá nos preocupamos por volver a darle unas cejas, los orificios de la nariz, cosas que a veces los médicos no ven como prioridad. Que uno respire no significa que ya está bien”, dicen en la entidad.

De los hospitales a los juzgados

Un año sin atención médica

Yarlenis Bermejo duró más de un año sin que la EPS le diera tratamientos médicos adecuados para las quemaduras de más del 59 por ciento de su cuerpo, heridas que sufrió después de que su esposo le arrojó una sustancia química, en enero del año pasado. Con la Defensoría del Pueblo, interpuso una tutela en la que un juez ordenó, hace más de tres semanas, que se le brindara atención médica adecuada. “La primera cirugía se la hicieron mal, y se le pegó el cuello. Se negaban a corregirle lo del cuello porque decían que la piel que le debían poner salía por 14 millones de pesos”, cuenta su prima Daira Quesada.

Tutela para poder viajar a las citas

La Fundación Reconstruyendo Rostros, que cuenta con la colaboración de tres médicos especialistas que no cobran por sus servicios, ha conocido varios casos de víctimas que deben pelear en los juzgados sus tratamientos. Es el caso de una mujer de Montería, madre de cuatro hijos, agredida hace dos años. “Perdió un ojo, se lo sacaron, y el otro lo tiene muy mal y estamos en el trabajo para recuperarlo”, dice Potes.

Según la líder de víctimas, la mujer tuvo que interponer una tutela para que le garantizaran, entre otros servicios, los viáticos para viajar a Bogotá y Medellín, donde debía ser atendida para las cirugías reconstructivas. “Es uno de los casos más exitosos que hemos visto porque, tras la tutela, la EPS ha sido muy consciente”, cuenta.

MILENA SARRALDE DUQUE
Periodista de Justicia

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