La Fuerza Pública, en su laberinto

La Fuerza Pública, en su laberinto

No se entiende que el estatuto excepcional para soldados y policías esté en la agenda de La Habana.

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05 de febrero 2016 , 06:18 p.m.

La conocida máxima –ejército que no entierra sus muertos y no recoge sus heridos pierde la guerra– debería adicionarse así: Estado que no investiga y sanciona a sus soldados y policías renuncia al ejercicio de su soberanía y produce dolor de patria en sus gobernados. Es lo que puede estarnos ocurriendo, porque en La Habana decidieron que las faltas penales, disciplinarias o fiscales que comprometan la responsabilidad de los servidores públicos uniformados y que directa o indirectamente estén vinculadas al conflicto deben ser investigadas y sancionadas por la jurisdicción especial para la paz (JEP), que también crearon en Cuba y que para los efectos anotados podrá revisar decisiones de la Procuraduría, la Contraloría General, la Fiscalía y cualquier tribunal o juzgado, y asumir el conocimiento de los procesos que adelanten esas autoridades. La JEP estará integrada por magistrados nacionales y extranjeros y tendrá facultades para adoptar el derecho sustantivo y procesal que rija sus determinaciones. Lo anterior hace parte de documento suscrito por el Gobierno y las Farc (“sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”), y como también se aplica a miembros de la Fuerza Pública, quienes lo defienden sostienen que garantiza a soldados y policías tratamiento penal equitativo y simétrico con el que se dará a los rebeldes.

Pocos controvierten la conveniencia y necesidad, por razones de interés público, de un régimen penal favorable para actores legales de un conflicto que por su degradación, entre otras causas, cometieron las faltas atrás referidas. Hasta ahora, las amnistías, indultos, rebajas de penas y extinciones de la acción penal que periódicamente decretamos los han excluido, pero el país no entiende porqué algunos de los participantes en la misma guerra o batalla pagan penas de varias décadas y otros disfrutan las mieles del poder. Lo que no se entiende es que ese estatuto excepcional para soldados y policías haga parte de la agenda que ahora se negocia y, en vez de ser adoptado y aplicado por las autoridades del Estado, está siendo definido con la participación, en igualdad de condiciones, de quienes fueron contraparte bélica de la Fuerza Pública y sería aplicado por jueces que esa misma contraparte ayudaría a escoger. Tal vez por ello militares privados de la libertad dialogan con voceros de las Farc y les piden que lo que se decida en la isla no atente contra la dignidad militar.

El Gobierno repite que ese “régimen no fue objeto de negociación en La Habana” (pte. Santos), porque “la jurisdicción especial para los agentes del Estado es una decisión unilateral del Estado, no es una decisión negociada en La Habana con las Farc” (Mindefensa). Pero Juan Carlos Henao, delegatario en Cuba, dice que “el trato equitativo, preferencial y prevalente para los militares fue uno de los grandes logros de la negociación... ese punto fue muy duro... también fue muy peleado el fuero penitenciario para militares y policías...”. Y Rodrigo Uprimny, defensor del sistema, afirma que “la jurisdicción especial de paz no es un invento gratuito del Gobierno, sino fruto de una difícil negociación de paz con la guerrilla”.

Con otras palabras, los miembros de la Fuerza Pública que pudieron faltar a sus deberes por razón y con motivo del conflicto deben beneficiarse de régimen penal especial que para ellos dicten las autoridades del Estado, sin la aprobación de quienes fueron su contraparte. El contenido de ese régimen (más o menos favorable que el que rija para los subversivos) importa menos que la determinación de quienes lo expidan y quienes lo apliquen.


Jaime Castro

jcastro@cable.net.co

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