Un millón de dólares perdidos deja presión a contratistas de Ecopetrol

Un millón de dólares perdidos deja presión a contratistas de Ecopetrol

Empresas en el Magdalena Medio denuncian "imposiciones", bloqueos y sabotajes. Comunales lo niegan.

04 de febrero 2016 , 06:34 p.m.

 Una ‘oleada’ de presiones indebidas, en la que algunos líderes comunales estarían “imponiendo” de manera reiterativa trabajadores y pagos exagerados de servicios a los contratistas de Ecopetrol, está afectando notablemente la producción de hidrocarburos en el Magdalena Medio.

A la crisis generada por los bajos precios internacionales del petróleo, y el sobrecosto en el transporte de crudos pesados por la sequía del río Magdalena, se unieron en el último año las sistemáticas denuncias en la que empresas petroleras aseguran ser obligadas a vincular mayor personal del que requieren y financiar onerosos precios por alquiler de camionetas y volquetas, entre otros pagos.

Los afectados, que han denunciado sus casos ante la Fiscalía por costreñimiento, manifiestan que si no ceden a las elevadas pretensiones, con los sobrecostos que ellas generan, son víctimas de saboteos de equipos y bloqueos que producen millonarias pérdidas.

Nelson Alberto Castañeda, vicepresidente de Desarrollo y Producción en la Regional Central de Ecopetrol, con sede en Barrancabermeja, indicó que en los últimos doce meses esta situación provocó el ‘éxodo’ de cuatro empresas que en el Magdalena Medio obras civiles, transporte, servicios a pozos y alimentación en sectores petroleros de Santander, sur de Bolívar, Antioquia y sur del Cesar.

“Queremos que los con contratistas puedan trabajar y no cedan ante presiones sobre precios de productos y servicios que no van acorde a la realidad. Como consecuencia de esta situación el país perdió en el 2015 un millón de dólares por 15.000 barriles de crudo que se dejaron de explotar en esta zona. Nos reportan casos similares en Meta y Casanare donde las compañías están denunciando lo mismo”, agregó Castañeda.

Cobros exagerados

El último caso denunciado por los contratistas se registra en los municipios de Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo (Bolívar) donde en los últimos meses se han registrado varios bloqueos de personas que exigen rotación y contratación continua de personal que haría inviable el trabajo administrativo y operativo.

A través de un comunicado la empresa Petrotech indicó que “hemos sido objeto de presiones por parte de líderes comunales que alientan a la población a realizar bloqueos e impiden el ingreso de nuestros equipos”.

El caso más sonoro ocurrió en diciembre pasado después de que una empresa proveedora de alimentos renunció a un contrato de 7.000 millones de pesos a dos años en el que apenas llevaba cuatro meses.

La empresa Serviconal estaba encargada de la prestación del servicio de alimentación para los campos La Cira Infantas-Teca, Campo Provincia, y El Centro, situados en Barrancabermeja y Sabana de Torres.

El contrato, que había iniciado el 14 de agosto del 2015, se ejecutaría hasta el año 2017 pero el contratista solicitó la terminación anticipada debido al desequilibrio económico ocasionado por la presión para asumir nuevas contrataciones laborales, así como la contratación de vehículos de transporte de alimentos a valores muy por encima de las tarifas de mercado.

“La empresa Serviconal vinculó por presiones a 27 personas al casino, cuando en realidad requería 18. Mientras el valor comercial de un vehículo que presta los servicios de transporte de alimentos a los carros no debe superar los 6,5 millones de pesos en las áreas descritas estaban pagando hasta 9,8 millones”, señaló en su momento Ecopetrol.

Con acompañamiento permanente de uniformados del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) comenzó el año pasado su trabajo en el sur del Cesar la empresa Broca Ltda que accedió a un contrato por 4.300 millones de pesos para realizar obras civiles en el Campo Tisquirama, donde la producción diaria de 890 barriles de petróleo ascendería a 2.000 barriles si se ejecuta la totalidad del proyecto en el municipio de San Martín.

Directivos de la empresa precisaron que en octubre pasado manifestantes destruyeron los panorámicos de seis volquetas y realizaron siete bloqueos viales para perjudicar los trabajos de remoción de tierras.

Según los denunciantes mientras la contratista ofrecía 10,5 millones mensuales por el alquiler de una buseta (19 pasajeros), en San Martín le pedían 18 millones para un sobrecosto del 171%. Por los servicios de una camioneta, que en el resto del país cuesta 3 millones de pesos, Broca ofrecía 4,5 millones, pero los gremios exigían 6,3 millones de pesos.

Para la primera fase del proyecto se estimó que por el transporte de material en volqueta se pagarían 157,5 millones de pesos, valor superior a los 136,5 que costaría el mismo trabajo en otra región del país. Los líderes de los manifestantes piden 178,5 millones de pesos que constituye un 113% de desviación frente a las cifras del mercado.

Aunque finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes se puso en riesgo la continuidad del proyecto que contempla la perforación de 15 pozos y una inversión total de 54 millones de dólares (más de 178.000 millones de pesos) que generaría más de 120 empleos directos.

Problemas en Meta

En Meta, el modelo de contratación en las zonas petroleras de Ecopetrol ha facilitado que grupos criminales constituyan empresas fachadas para participar de los millonarios contratos de la industria.

Investigaciones de la Policía revelan que las bandas criminales, en complicidad con algunos líderes comunales, sacan provecho de los recursos en las zonas de influencia petrolera de San Isidro de Chichimene, en Acacías, así como en Castilla La Nueva y Guamal.

La Policía maneja información de que algunas comunidades impulsadas por miembros de las juntas de acción comunal realizan bloqueos en pozos para presionar a las empresas contratistas para que los contratos sean asignados a firmas de dudosa procedencia.

“Existe un pacto de silencio entre los que participan de la repartición de los contratos y los recursos porque todos sacan un beneficio, tanto los contratistas como los líderes comunales y los delincuentes”, afirma un oficial de la Policía a cargo de las investigaciones.

El caso emblemático que destapó esta situación ocurrió el 29 de agosto del 2014 cuando mediante una alianza entre la banda criminal ‘bloque Meta’ y líderes comunales de la inspección de San Isidro Chichimene asesinaron a Edith Santos, dirigente social que se había convertido en la piedra en el zapato para quienes pretendían controlar la contratación de personal y de bienes y servicios en la región.

Por la investigación de la Policía y la Fiscalía 74 de la Unidad contra el crimen organizado ya van 15 personas vinculadas, entre ellos dos líderes comunales, el representante legal de la firma Sumitransportes Esterling y miembros de la banda criminal.

Líderes comunales niegan presiones indebidas

De manera tajante y con tono enérgico algunos dirigentes comunales del Magdalena Medio aseguraron no ser los responsables de las presiones indebidas de las que serían víctimas los contratistas de Ecopetrol.

Enrique Sánchez, líder de la vereda Campo 38, en el corregimiento El Centro (Barrancabermeja) negó las acusaciones de las que son objeto e insistió que desconoce quiénes serían los responsables del acoso ilegal.

“En Colombia la protesta es libre por constitución, pero nosotros nunca hemos presionado de la forma en la que lo manifiestan los directivos de las compañías. No podemos hacer ese tipo de presiones porque son ilegales y nos caería encima el peso de la ley. Nosotros lo único que hacemos son recomendaciones a Ecopetrol, pero nunca a las empresas”, aseveró Sánchez.

El líder veredal insistió en que algunas empresas estarían violando los acuerdos a los que llegan con las comunidades de las regiones petroleras y esas situaciones generarían algunas protestas para exigir el cumplimiento de lo pactado.

“Que quede claro que, en nuestro caso, nunca hemos ejercido ese tipo de presión. Si lo han ejercido otros, pues tal vez, pero no puedo decirle si es así o no. Lo único que hacemos es que se respeten acuerdos entre Ecopetrol, la empresa y la comunidad. Las empresas no se van por culpa de nosotros que, por el contrario, queremos estabilidad laboral con la presencia de esos contratistas.

Otros líderes comunales, que solicitaron la reserva de sus nombres, se declararon sorprendidos por las denuncias de los contratistas y exhortaron a la Fiscalía para que se investigue y se identifique a los responsables del acoso.

“Nosotros programamos reuniones cuando notamos que llega personal foráneo y no se le da la oportunidad a la mano de obra calificada y no calificada de la región. Participamos en mesas de trabajo donde hay presencia de Ecopetrol y, en algunos casos, de representantes del Ministerio Público. No hacemos nada ilegal”, replicaron los comunales.

“Uso no tiene información sobre esos casos”

El presidente nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, sindicato que agremia a algunos trabajadores del sector petrolero, aseguró no contar con información sobre las presiones que han ocurrido en el Magdalena Medio.

¿Qué conocen ustedes sobre las denuncias de los contratistas?
La verdad no tenemos información precisa y no tenemos datos sobre ese tipo de presiones.

Las empresas insisten en ser amenazadas con bloqueos si se niegan a ceder…
Si se han presentado ese tipo de actos en la USO no los compartimos. Defendemos la mano de obra local y los salarios.

¿Estarían los grupos armados detrás de este tipo de presiones?
No tenemos conocimiento de eso. Si se están presentando esos actos que las autoridades intervengan para tratar de contrarrestar ese tipo de acciones. Como sindicato apoyamos la protesta social de la comunidad. No compartiremos nunca acciones violentas.

¿Si estas acciones ocurren al margen de la USO el sindicato estaría perdiendo influencia en regiones donde ha tenido una notable presencia?
Insisto en que no apoyamos las acciones violentas. Si la autoridades tienen algún tipo de información frente a lo que está sucediendo pues que hagan las averiguaciones correspondientes. Como sindicato coincidimos plenamente con las comunidades en reclamar el empleo de mano de obra local.

¿Si no es consultada la USO por los líderes comunales de las regiones petroleras que pasa con el sindicato?

La base nuestra son los trabajadores afiliados y que están en firmas contratistas. Nosotros con ellos articulamos acciones. Las comunidades tienen sus formas organizativas y las juntas de acción comunal tienen criterio y autonomía y frente a eso el sindicato respeta sus decisiones. Nos caracterizamos por defender el tema laboral y mano de obra local.

BUCARAMANGA

*Con reportería de Villavicencio.

Despierta con las noticias más importantes.Inscríbete a nuestro Boletín del día.

INSCRIBIRSE

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.