Un amigo solía aconsejarme: “Nunca se comprometa por fecha”. Era un amigo sabio. Y el mismo consejo habría podido dársele al presidente Santos en las ocasiones en que se ha comprometido a tener listos los acuerdos de paz en tal fecha, incluida la última del 23 de marzo próximo, que está por vencerse, y que se vencerá sin haberse firmado todavía en La Habana el fin de la guerra entre el Gobierno y las Farc. Ambas partes han admitido que será necesario prolongar las conversaciones más allá del 23 de marzo. ¿Hasta cuándo? No se sabe y es preferible no saberlo. Es preferible que ahora ni el Gobierno ni las Farc se comprometan por fecha, que con seguridad volverán a incumplir.
Los colombianos hemos soportado setenta años una guerra inverosímil por la cantidad de crímenes horrendos que en ella se han cometido, de lado y lado, aunque inexcusables en quienes han recibido del país el encargo de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y no de unos cuantos privilegiados ganaderos y terratenientes. ¿No podremos esperar unos meses o un año de más por un acuerdo de paz que no sea versallesca, que no deje sembradas las semillas de la guerra siguiente, sino de una paz que se prolongue en el tiempo para el bienestar de infinidad de sucesivas generaciones colombianas? Nuestros descendientes inmediatos y remotos sabrán agradecerlo.
Que por favor ni el gobierno ni las Farc nos anuncien nuevo compromiso de fecha para firmar los acuerdos de La Habana. Que sigan dialogando con calma, sin presiones, sin apresuramientos, con transparencia, lo que deban dialogar. Y que cuando hablen no sea para repetirnos que “ya vamos a firmar los acuerdos”, sino ¡ya los firmamos! ¡La guerra ha terminado! ¡Viva Colombia! Ahí sí entraremos en la rumba espesa del posconflicto, del plebiscito, de la Asamblea Constituyente, o de lo que sea necesario para comenzar a construir la paz entre los cincuenta millones de seres humanos que habitamos este país inhumano. Nos daremos todos el beso reconciliador y reconfortante que se dieron el expresidente y senador Álvaro Uribe y la exsenadora Piedad Córdoba (quién lo creyera, dos enemigos que parecían irreconciliables), y le abriremos a Colombia las puertas doradas del siglo XXI.
Sin embargo, hay una acción imperativa que no puede aguardar hasta la firma de los acuerdos de paz: la lucha contra el crimen en un país acorralado por los criminales de todo género, los organizados y los desorganizados. La pregunta que desmoraliza es ¿cómo luchar contra el crimen en una nación cuyas instituciones legítimas han sido permeadas por esa peste de la corrupción, mil veces peor que el promocionado Zika?
No es el momento de engañarnos ni de escupir al espejo que nos muestra nuestros defectos. La corrupción se devora a Colombia. Basta leer los periódicos o escuchar los noticieros de radio y TV para espantarse. El caso Reficar (y podría colmar esta columna con miles de otros ejemplos) nos indica hasta dónde ha llegado la capacidad de nuestros corruptos para saquear los fondos públicos. El Gobierno no puede pretender que seamos los ciudadanos los que, por vía de feroces impuestos, tapemos los huecos que la corrupción les abre al fisco y a la economía, ni someternos a una austeridad tramposa que solo servirá para alimentar la corrupción y deteriorar el nivel de vida de los colombianos que se la ganan esforzadamente con su trabajo. Poner, verbigracia, a un pobre trabajador independiente, que carece de recursos, a pagar un servicio de salud que no le prestan, como requisito para cobrar una cuenta, es lo más parecido a un atraco callejero, en el que la víctima está en total indefensión.
El más grave efecto de la corrupción es la sensación de desamparo que se forma en los ciudadanos. No hay justicia a la cual acudir. Nuestro sistema jurídico ha puesto la ley por encima de la Justicia, y la ley la hacen los poderosos para amparar sus intereses. No hay autoridades de policía capaces de prevenir actos de la más miserable cobardía como es atacar con ácido a una niña que camina desprevenidamente por la calle. Uno debería sentirse tranquilo cuando ve esos notables grupos de agentes de la policía, con sus vistosos chalecos amarillos, y sus motos de cilindraje poderoso, y sin embargo los criminales cometen sus fechorías y escapan, sin que les arredre el castigo de cuarenta años de cárcel (Ley Natalia Ponce) ni los intimiden los chalecos amarillos. ¿Habrá en Colombia algún hogar que pueda estar tranquilo cuando los niños salen a la calle? No solamente los amenazan los atacantes con ácido, sino los que se dedican a la trata de personas, y otros virus criminales mucho más peligrosos que el zika, que tanto nos preocupa.
Natalia Ponce de León es una de las personas más valientes y dignas que existen, una mujer que enaltece a Colombia; pero no podemos dejar que caiga sobre sus hombros, ni sobre su fundación, todo el peso de la lucha contra los criminales que atacan con ácido. No basta una ley (benigna para crimen tan horrendo) que los castigue con cuarenta años de cárcel, para disuadirlos de cometer semejante atrocidad. La batalla contra el crimen tenemos que darla todos, como Estado, con el Gobierno a la cabeza.
De otro modo, bien sea el 23 de marzo o unos meses después, pondremos fin a la guerra, pero no tendremos paz. La paz no puede convivir con el crimen en ninguna de sus formas.
Enrique Santos Molano