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Estado debe pagar $ 1.300 millones por secuestro de político en 2002

Estado debe pagar $ 1.300 millones por secuestro de político en 2002

El Consejo de Estado señaló que no se ofreció seguridad y protección en la zona.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
04 de febrero 2016 , 12:00 a. m.

El Consejo de Estado condenó a la Nación y al Ejército Nacional por el secuestro de un aspirante a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila en febrero del 2002. El hombre fue retenido por integrantes de las Farc en un retén en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia.

En la decisión se exige el pago de más de $ 1.300 millones por concepto de perjuicios morales a la víctima y sus familiares, debido a los tratos inhumanos que recibió durante los 18 meses que estuvo en cautiverio. (Además: Fiscalía debe más de $ 470.000 milllones por detenciones injustas)

La Sección Tercera indicó que el secuestro se registró debido a “un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil”, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención.

Por tal razón, se habla de la afectación al principio fundamental de la democracia, pues no se ofreció la seguridad y protección a las personas, especialmente a los actores políticos de la época en sus desplazamientos por el territorio nacional.

Además, el Consejo de Estado solicitó al presidente Juan Manuel Santos, como parte de los negociadores de paz en La Habana, para que le comunique a las Farc y a sus dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes.

En relación al caso, el Ejército afirmó que dentro de sus funciones no está la prestación de seguridad de manera individual y que ninguna de sus actuaciones, por acción u omisión, facilitó el desenlace de los hechos.

Llama la atención que en la sentencia, el Consejo de Estado ordena algunas medidas de reparación integral como la inclusión del fallo en el centro de memoria histórica, que los ministerios del Interior y de Justicia difundan la sentencia y que se envíe copia de la misma para que la Fiscalía y demás autoridades evalúen la continuación de investigaciones penales para determinar si las Farc y sus máximos responsables incurrieron en violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

JUSTICIA

 

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