En un fallo de tutela, la Corte Constitucional sentó su precedente frente al manejo del Gobierno Nacional en el manejo de los reclusos en los sistemas penitenciarios del país. El alto tribunal señala que existe un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991.
“La Política Criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. El manejo histórico de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena”, consideró el alto tribunal.
Para la Corte existen diversos casos en los que consideró que se han vulnerado masivamente los derechos humanos de los presos al interior de los penales del país.
En los fallos proferidos, el alto tribunal, por ejemplo, confirmó la decisión del juzgado primero de menores de Bucaramanga en que concedía los derechos a la dignidad humana, la salud y la vida de los reclusos del patio cuarto de la cárcel Modelo de esa ciudad.
Algunos de estos casos también fueron confirmados por la Corte Constitucional en las cárcel de Anserma (Caldas), el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta (Norte de Santander), El Pedregal en Medellín (Antioquia), la regional penitenciaría de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), el penal de Roldanillo (Valle del Cauca), entre otros.
A su vez, el alto tribunal ordenó, como reiteración del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la sentencia T-388 de 2013, ordenar varias disposiciones al Gobierno Nacional dentro de sus facultades a través de las instituciones competentes (Fiscalía, Ministerio de Justicia, Congreso de la República y Ministerio de Presidencia), “iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal”.
Llama la atención que la Corte Constitucional le concedió seis meses para que el Gobierno diseñe un plan y un cronograma buscando acciones necesarias para dar mayor viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas.
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