¡Tan solo un articulito!

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El Estatuto de Contratación requiere de pequeños pero severos ajustes para combatir la corrupción.

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03 de febrero 2016 , 06:21 p.m.

Luego de conocer los resultados de un estudio según el cual la corrupción sigue permeando la contratación regional, las cabezas visibles de los órganos de control quedaron estupefactas en reunión celebrada el pasado 28 de enero.

Edgardo Maya, contralor general, se mostró allí sorprendido con las alarmantes cifras del documento, y recordó con frustración que ante sus ojos lo único que veía era la proyección de una película que por años no ha parado de repetirse; incluso, con los mismos protagonistas. Se refería a la época en que fungió como procurador y durante la cual corroboró que las prácticas corruptas de entonces, en departamentos y municipios, hoy parecen calcadas con idéntico trazo.

No muy diferentes fueron las percepciones del resto de asistentes al evento. La ‘Paca’ Zuleta, a cargo de la Agencia de Contratación, y Francisco Reyes, supersociedades, tampoco ocultaron su preocupación. Ante las protuberantes e innegables conclusiones del estudio, su respuesta solo podía ser una: indignación. En blanco sobre negro, lo ocurrido ese día en aquel ‘conclave’ conduce a dos reflexiones de fondo: por un lado, existe material de sobra para documentar el fenómeno de la corrupción en el ámbito subnacional. Y, por el otro, es inocultable que el Gobierno y los órganos de control son hoy más conscientes que nunca de sus alcances y de su presencia. Hay, sin duda, un consenso en ese sentido.

De cara a esta realidad, la pregunta es ineludible: ¿cómo ponerle freno a un problema tan reiterativo y creciente como este? La solución apunta en una sola vía: tramitar en el Congreso un simple y concreto proyecto de ley que, de forma expedita, incluya la obligación del pliego-tipo, para que así los procesos licitatorios no sigan siendo manipulados a discreción de algunos funcionarios regionales.

Sería un contrasentido darle luz verde, tal y como se discute por estos días, a una reforma tributaria estructural sin antes erradicar de raíz el flagelo de la corrupción. En camisa de once varas quedaría atrapado el Gobierno a la hora de seducir a los contribuyentes para pagar nuevos tributos cuando simultáneamente les llega el mensaje de que buena parte de sus dineros va a parar en un barril sin fondo, coadministrado por el contubernio sombrío de gamonales, políticos y contratistas corruptos que, poco a poco, se han abierto camino en departamentos y municipios.

El Estatuto de Contratación no requiere de grandes reformas, sino de pequeños pero severos ajustes para combatir la corrupción. Desde esa óptica, tan solo hace falta seguir las recomendaciones de la Ocde en el sentido de adoptar legalmente la obligatoriedad de los pliegos estándar, y un articulito bastaría para hacerlo. Dicho lo anterior, no parece necesario agregar al debate parlamentario un proyecto farragoso para reformar la ley de contratación, menos aún cuando la agenda legislativa del 2016 gravitará esencialmente en torno a la paz y la reforma tributaria.

Es una verdad de a puño que la corrupción en Colombia está sobrediagnosticada. Así como verdadero es el hecho de que pocos se atreven a emprender una batalla para combatirla. Entreguémosle entonces las banderas de tan inaplazable propósito al presidente Juan Manuel Santos, quien, sin lugar a equivocaciones, podrá impulsar tal reforma en las huestes parlamentarias de la Unidad Nacional.

Del buen manejo en los tiempos y de un proyecto sencillo dependerá el fin de la corrupción en las regiones. No suena conducente, además, pretender la consolidación de la paz en regiones carcomidas por las prácticas corruptas.


Juan Martín Caicedo Ferrer

* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

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