Antes del desplazamiento por la violencia en el Chocó, sus habitantes, afros e indígenas tenían la comida al alcance de la mano; hoy es muy cara y el que no tiene dinero, sencillamente muere de desnutrición.
Patricia Valencia revuelve un chicha amarilla, de maíz, que se cuece en un caldero puesto sobre un fogón de leña. A su alrededor, mujeres y niños dejan ir el ojo sobre la comida caliente que será embotellada y vendida en el mercado de Quibdó. Ellos almorzarán plátano cocido con jugo de ‘mil pesos’, que sacan de los frutos dátiles de las palmas silvestres. ¡No hay más!
La escena se presenta en el asentamiento Cabí, que hace parte del cordón de miseria de Quibdó, en el que intentan sobrevivir las comunidades embera katío que hace 12 años huyeron de la violencia y ahora son amenazadas diariamente por el hambre.
“Mi nombre es Patricia Valencia. Acá no tenemos agua, esa que no es limpia es para cocinar y para bañarnos, por eso nos da rasquiña. Yo llegué aquí hace 12 años, mi piso es así. Los zancudos pican a la niña porque aquí es muy difícil. Yo no tengo plata para hacer casa ni para la comida”, relata Patricia.
En Chocó, un departamento con el 79 % de las necesidades básicas insatisfechas, los afros e indígenas que tuvieron que abandonar sus territorios comparten una misma realidad: el dolor por haberlo perdido todo y el vacío que se apodera del estómago cuando no hay plata en el bolsillo.
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Nevaldo Perea, miembro del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, no vacila cuando dice: “Descubrí hace 18 años que necesitaba plata para vivir. En Puntas de Ocaidó tenía comida en la huerta de mi parcela, solo necesitaba meterme al río para sacar los peces o llevarme a los perros para cazar guaguas (guartinajas). No faltaba la carne. En Quibdó necesito $ 7.000 diarios para comprar una libra de carne de res, que solo alcanza para una comida”.
La desnutrición en Chocó golpea a los niños con rudeza. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, a 2013 (las más recientes consolidadas), en ese departamento 35 de cada 100.000 niños mueren por desnutrición aguda severa. La cifra está incluso por encima de La Guajira, donde 32 de cada 100.000 fallecen por esa causa.
Y al verlos, sus caritas famélicas entristecen. Algunos de ellos gatean en una casa del centro, donde hasta hace poco operó la Fundación Amor y Vida, contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para atender los cuatro centros de recuperación nutricional adonde van los menores en estado desnutrición crónica.
La casa tiene capacidad para atender a 15 niños. Por cada uno el Instituto pagaba 71.742 pesos. A partir de febrero las cosas cambiaron, el ICBF le revocó el contrato y se lo otorgó a la Diócesis de Itsmina. Jilson Hinestroza Ibargüen dice que no sabe por qué, el ICBF solo ha informado que está revisando la ejecución de la contratación para hacer ajustes. Los bebés acostados sobre una colchoneta tirada en el piso, llorosos y cansados, son la sinfonía del desamparo.
Para las madres de los pequeños, el lugar, aun cuando no está en las mejores condiciones, es el único que mantiene a sus hijos en esa franja débil entre la vida y la muerte. Allí por lo menos tienen comida para sus niños y para ellas. Saben que cuando salgan, la escasez los abrazará.
Chocó es una contradicción. Es una tierra bendita por el agua y las posibilidades de productividad, pero azotada por diversos actores armados que arrinconaron a los nativos y los obligaron a hacinarse en centros poblacionales a los que les falta de todo, lo principal, comida.
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En el campo accedían con facilidad y a muy bajo costo al bacalao y al caracol –que lo preparan con leche de coco–, y a una gran variedad de pescado y frutos como el borojó y el chontaduro. Si ahora quieren comerlos, deben comprarlos a precios elevados. Cuatro bocachicos medianos cuestan en la orilla del río Atrato, 40.000 pesos.
Ante la escasez y los altos niveles de pobreza, al Chocó han llegado diversas entidades a solventar la crisis humanitaria que se ha vivido por años en el departamento, pero los alimentos que llegan no son los de la dieta básica de los habitantes de esta región ni los culturalmente aceptados. Aun cuando parezca extraño, las comunidades afro y las indígenas no están enseñadas, por ejemplo, a comer lentejas.
La sostenibilidad alimentaria de los habitantes del Chocó, que está en riesgo de manera permanente, intenta ser mitigada por otras acciones, como los restaurantes escolares, que le otorgan al estudiante un complemento alimenticio; pero la realidad para muchas comunidades en el Chocó es que se convierten en la única posibilidad de que los niños al menos tengan una comida segura al día. De 0 a 5 años los pequeños son llevados a los antes llamados hogares comunitarios y allí son atendidos por mujeres que siguen haciendo la multiplicación de los panes.
En los colegios, los estudiantes deben recibir los beneficios del Programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, la realidad es que la corrupción y la politiquería permearon la iniciativa perjudicando a los chicos, según los informes de Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, que advirtieron sobre la desfinaciación del programa de alimentación escolar y las irregularidades en su prestación. En total, durante el año 2015 se invirtieron 21.000 millones de pesos que ejecutaron cinco operadores en las instituciones educativas públicas de los 29 municipios del departamento.
Durante el año 2015, el ICBF invirtió 28.000 millones de pesos en el Chocó, a través de su programa de atención a la primera infancia, para niños de 0 a 5 años. La fundación Chocó Social recibió el 5 % del valor total de esos contratos, de los 52 operadores que fueron contratados en el departamento.
Mientras el Gobierno intenta corregir las fallas y ponerle contención al manejo de los recursos para mitigar el impacto de la desnutrición en el Chocó, algo difícil porque en 7 años el departamento ha tenido 10 gobernadores, los pobres de la región pasan hambre y trabajo. El índice de desempleo es el más alto del país: 14,6 %, el doble del promedio nacional establecido por el Dane en noviembre del 2015, en 7,3 %. A los pobladores de las zonas rurales no les queda más remedio que emplearse en la minería ilegal, arriesgando su vida como única posibilidad de seguir subsistiendo.
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Los supervivientes del hambre se pasean por las calles del centro pidiendo ayuda, además, para comprar las tablas necesarias para levantar una casa en un barrio carenciado. Lo más lamentable es que se les acaban las energías para avanzar como quisieran, porque apenas si comen una vez al día. Hace poco menos de una semana les dijeron que a Quibdó iría el papa Francisco, algunos comienzan a hacer la lista de peticiones para ver si se hace el milagro de que lleguen los alimentos y con ello la calidad de vida.
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