Piden al Concejo revisar el contrato de Sertravi en Villavicencio

Piden al Concejo revisar el contrato de Sertravi en Villavicencio

Concejales revelan que el contrato de servicios de tránsito no tuvo estudios técnicos.

03 de febrero 2016 , 09:11 a.m.

Tras un extenso debate que se prolongó por más de tres horas en el Concejo de Villavicencio, quedó en el ambiente que el contrato de concesión que le entregó la Alcaldía de Raúl Franco (2008-2011) al consorcio privado para la prestación de los trámites y servicios de tránsito de la ciudad, no fue bien evaluado.

Así lo hicieron saber ayer los concejales Natalia Pineda, Felipe Hartman y Carlos Julio Serrato, quienes adelantaron un debate de control político al Consorcio Servicios de Tránsito de Villavicencio (Sertravi) y criticaron su gestión.
Felipe Hartman, concejal por el Polo Democrático, sostuvo que ese modelo de concesión impuesto en la ciudad ha sido nefasto para Villavicencio.

“Son cinco años de errores continuos. Por ejemplo en la formulación del contrato no se hizo un estudio tarifario para saber cuáles serían los ingresos y las posibilidades reales de recaudo. Lo que se ve es una carencia de estudios técnicos y financieros”, dijo Hartman.

Sostuvo que al inicio de la concesión se calcularon ingresos por 1.617 millones de pesos y que el más bajo en cinco años ha sido de 4.344 millones, al tiempo que agregó que la Alcaldía asume el pasivo laboral de los agentes de tránsito, mientras que Sertravi solo se encarga de recibir la plata y se lleva el 60 por ciento del recaudo.

“Este es mucho mayor de lo que aparece en ciudades como Medellín o Cartagena en donde los privados recaudan el 38 y 28 por ciento”, sostuvo.

Por tales razones, dijo, va a pedir una acción de nulidad para el contrato de concesión y buscará la forma de consolidar una estrategia con un operador público para que se pueda recuperar este servicio y hacer una agenda para equilibrar de una manera más equitativa los ingresos.

Carlos Julio Serrato, concejal de Cambio Radical, dijo que toda la carga prestacional la tiene el municipio con el pago de los agentes o guardas azules de tránsito y que así el negocio es bien redondo para el privado.

Serrato manifestó que tras el debate quedaron unas conclusiones y que hoy se presentará un cuestionario al secretario de Movilidad de Villavicencio para que informe qué pasó con el tema.

“Le recordaremos al alcalde que de acuerdo con la ley tiene la posibilidad de revisar ese contrato y que puede declarar una nulidad unilateralmente”, agregó.

'No se ajusta al Código de Tránsito'

Carlos Julio Serrato, concejal de Villavicencio sostuvo que el carro fantasma que anda por las calles de la capital del Meta a la caza de infractores para hacer las fotomultas, lo está operando un particular sin capacidad técnica ni amparado por la parte normativa del Código Nacional de Tránsito.

“Es una persona particular ajena a la Secretaría de Movilidad y no se acopla a la norma y el Código dice que quien opera un vehículo debe ser miembro activo de la Policía de Tránsito. Por lo tanto, las fotomultas son ilegales y se van a caer porque el comparendo no se le hace al vehículo sino al conductor”, sostuvo.

De igual forma, el concejal dijo que la Tesorería municipal les envió un documento en el que se explica que en el 2010 Sertravi no pagó el impuesto de Industria y Comercio y que eso ya refleja un incumplimiento.

Finalmente, el concejal Carlos Julio Serrato explicó que el consorcio Sertravi tenía que colocar, según el contrato, 1.617 millones de pesos para ser invertidos en las instalaciones en donde están funcionando pero que no hay registro, ni factura, ni recibo alguno para saber si efectivamente se hizo o no la inversión.
Sostuvo que no ve claro esas inversiones.

'Hay que restarle los costos operacionales'

Gina Paola Torres, gerente de Sertravi, sostuvo que hay muchos asuntos precontractuales de los cuales el consorcio no fue partícipe y que la concesión fue una decisión tomada por el mandatario de turno para sacar a licitación el proceso.
“Nosotros como proponentes nos presentamos y ganamos la licitación y empezamos operaciones con todas las obligaciones. Las cifras tanto en cantidad de trámites realizados como en resultados económicos, demuestran un beneficio económico para el municipio”, dijo Torres.
Aclaró que para liquidar el contrato de concesión debe tenerse en cuenta la responsabilidad civil y jurídica. Acá están pensando que los ingresos por $3.000 millones son netos pero hay que restarle el costo operacional que implica una nómina de 60 personas, servicios públicos, costos y una atención cuidadosa. Los costos operacionales equivalen al 70% de los ingresos, dijo.

Rubén Darío Romero Castro
Redactor Llano Sie7edías
@RubnDaroRomeroC

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