Fiscalía debe más de $ 470.000 millones por detenciones injustas

Fiscalía debe más de $ 470.000 millones por detenciones injustas

Millonarias indemnizaciones se suman a las 9.731 demandas en curso que siguen por casos similares.

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01 de febrero 2016 , 11:15 p.m.

Los miles de demandas que colombianos han radicado contra la Fiscalía General por decisiones que los privaron injustamente de la libertad siguen siendo una vena abierta por la que cada año se pierden millonarias sumas de dinero.

Hoy, en el saldo en rojo de la Fiscalía, ya hay orden de jueces para que se giren 477.000 millones de pesos a colombianos que perdieron su libertad y que al término de un proceso administrativo la justicia encontró que se cometieron errores.

Esas millonarias indemnizaciones, que cubren condenas de los últimos cuatro años, se podrían sumar a las 15.123 demandas que hoy siguen en trámite y de las cuales más del 64 por ciento (9.731 casos) corresponden a privaciones injustas de la libertad.

Los demandantes reclaman, en promedio, el pago a su favor de sumas mayores a los 70 millones de pesos. La cantidad varía según el caso y se evalúa el tiempo de detención, si fue intramural o domiciliaria, el impacto social, el número de familiares afectados en el caso, entre otras variables.

Aunque hay casos muy sonados, como el del exdiputado Sigifredo López, que estuvo privado de su libertad por su supuesta responsabilidad en el asesinato de sus 11 excompañeros de la Asamblea del Valle y cuya investigación fue cerrada, hay miles de procesos de ciudadanos del común que también han terminado enredados en investigaciones de las que luego quedaron a salvo.

Es el caso de Luis Arturo Sánchez*, quien estuvo meses en la cárcel La Picota, de Bogotá, por el hurto de varias pacas de cigarrillos. En el 2009 un juzgado de ejecución de penas determinó que “su morfología” no correspondía a la persona que cometió el delito y ordenó su libertad. Hoy, siete años después de quedar libre, adelanta una conciliación con la Fiscalía por el daño causado.

Conciliación, una salida

Con el fin de contrarrestar que siga marcando el taxímetro de las millonarias demandas contra la Fiscalía, el organismo implementó la conciliación extrajudicial y judicial como mecanismo para terminar anticipadamente los procesos. Con esta política, según cifras de la Dirección Jurídica de la entidad, ya se conciliaron 1.406 casos. A la semana llegan a esa dependencia 120 casos a conciliación.

Las demandas de quienes argumentan que los privaron sin razón de su libertad han llegado en muchas ocasiones al Consejo de Estado, que el año pasado decidió sobre 378 casos de privación injusta, de los 1.722 procesos que falló en todo el 2015. Es decir que los errores en la Fiscalía ocuparon la atención de los magistrados en un 22 por ciento.

Una de las principales razones de condena es que, aunque puede que la Fiscalía actuó legalmente, se considera que causó un daño al restringir la libertad.

El Consejo de Estado viene poniendo el acelerador a la toma de decisiones, pues había casos represados desde hace años. El presidente del alto tribunal, magistrado Danilo Rojas Betancourth, explica que ya están fallando casos que entraron en los años 2010 y 2011.

Rojas señaló que esas decisiones han permitido avances importantes en el sistema penal colombiano.

A juicio del magistrado Rojas, uno de los avances para reducir el riesgo de errores judiciales y garantizar los derechos de los investigados es la reforma presentada por el Gobierno al Congreso y aprobada el año pasado, que racionaliza las medidas de aseguramiento, planteando como última salida la cárcel para los procesados.

“El mensaje es recordarles a jueces y fiscales que la última opción del sistema penal es la privación de la libertad y que hagan uso de las restantes medidas de aseguramiento existentes”, agrega Rojas.

El abogado Eduardo Julián Ramírez Uribe, director de Proyecto Inocencia, programa de la Universidad Manuela Beltrán, señala que coartar la libertad es la vulneración más grande que se le puede hacer a un ser humano.

Por ese afán de conseguir personas a las cuales se les puede endilgar responsabilidad, los protocolos son vulnerados. Porque lo que dejan ver acá no es la eficiencia ni la efectividad como órgano estatal sino, al contrario, la deficiencia y los problemas que tienen”, advirtió.

El grupo de abogados del Proyecto Inocencia recoge, en su mayoría, casos en los que no hay plena identidad y se hace mal aplicación de la norma. Utilizan acciones de revisión, tutela contra sentencia judicial y derecho de petición para que la justicia estudie de nuevo los casos de personas que están condenadas y alegan ser inocentes.

Un informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de junio del 2014, que estudió las fallas del sistema, señala que “existen pruebas testimoniales débiles” y que no se hace una efectiva “verificación de la fuente”.

Casi 20 años esperando perdón

Dieciocho años después de la muerte de Alberto Jubiz Hazbún, quien fue involucrado y detenido injustamente por 4 años por el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, la Fiscalía y la Policía ofrecieron el año pasado disculpas públicas a su familia. En el 2014, el Consejo de Estado condenó a la Nación por su detención, y por la de Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, también sindicados en el homicidio.

Wilson Jubiz, hermano de Alberto, afirmó que fueron años muy difíciles desde cuando se dio la captura.

“Cómo es posible que los organismos de justicia no evaluaran que un hombre mayor de 60 años y con problemas en una pierna, no podía asesinar al doctor Galán”, dijo en su momento.

“Cuando recuerdo la imagen de nuestro hermano en la televisión, señalado como el hombre que disparó, derramo lágrimas”, agregó.

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¿Cuál es la estrategia para contrarrestar tantas demandas?

Se han implementado capacitaciones a los abogados que tenemos en las seccionales, se han fortalecido los memoriales que se presentan con el objetivo de rebatir el régimen de responsabilidad objetiva (donde los jueces concluyen que se condena por preclusión o absolución) que ha instaurado el Consejo de Estado y que es la razón por la cual tenemos tantas condenas. Se busca que haya un giro en la jurisprudencia y que entren a valorar las verdaderas circunstancias de los procesos que se tiene en curso.

¿Cómo operan los comités de conciliación?

El comité evalúa todas las solicitudes que nos llegan en condena y también aquellos procesos judiciales donde, sin tener un fallo, se configuran las causales para que la Fiscalía concilie y terminar anticipadamente los procesos. Generalmente se concilia por el 70 %.

¿De dónde salen los recursos para efectuar los pagos?

Por apropiaciones que nos hace el Ministerio de Hacienda específicamente para el rubro de las sentencias y conciliaciones. Este año fue de 72.900 millones de pesos.

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El hecho de que la Fiscalía ordene una medida de aseguramiento tiene 50-50 hacia el futuro. La ley obliga a los entes acusadores en los distintos sistemas penales del mundo a tomar medidas cuando se inicia una investigación y hay ciertos elementos de juicio.

Hay una presión muy grande, la gente siempre reclama que las respuestas sean punitivas y cárcel, y si no las hay es porque no hay respuesta de la Fiscalía.

Da la impresión de que si hay más capturas es que la Fiscalía está siendo más eficiente y está haciendo su trabajo, pero no necesariamente corresponde a la realidad.

* Nombre cambiado

 JUSTICIA
vivrod@eltiempo.com

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