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Momento de decisiones

Además de la búsqueda de la paz, se construya una verdadera democracia y una sociedad menos injusta.

Colombia inicia el 2016 enfrentada a dos realidades que podrían acelerar ese proceso de cambio que muchos hemos esperado por décadas. La primera, la firma del acuerdo con las Farc, que, con excepción de unos pocos pesimistas, los colombianos ven cada día más como una realidad muy cercana. La segunda, un escenario económico complejo que demandará no solo grandes esfuerzos del Gobierno, sino del sector productivo y de todo el país. A este último hecho, que genera pesimismo, se le está dando más trascendencia que al primero, que puede ser el inicio del quiebre histórico que necesitamos.
La combinación de estos dos escenarios se puede convertir en la gran oportunidad de tomar decisiones de fondo en las políticas públicas y en el accionar del sector privado, de manera que, además de la búsqueda de la paz, se avance en construir una verdadera democracia y una sociedad menos injusta.
Es el momento de reconocer que no se le puede dejar a la política social tradicional toda la responsabilidad de la calidad de vida de la población ni la distribución de los beneficios del desarrollo. La política económica tiene un contenido de equidad que se ha ignorado y no se ha explorado, donde puede estar la causa de los reducidos avances en equidad. La política económica y, en general, las estrategias sectoriales no son neutras en términos de su impacto sobre la vida de la población, y reconocerlo, identificarlo, puede acelerar la reducción de desigualdades injustificables.
Cuando se van a invertir billones en infraestructura, es el momento de reconocer que esa inversión puede ser prioritariamente para aquellas zonas que saquen del aislamiento a sectores marginados del país. Y la clave está en el empleo digno que se genere en este y otros campos, porque la informalidad está acabando con las posibilidades de construir verdaderos proyectos de vida de dos tercios de la población activa del país.
Tres decisiones pueden tomarse de inmediato en la política social. En salud, ya tenemos prácticamente cobertura universal, pero el sistema de salud hace agua, tiene filtros por donde se escapan recursos y se enriquecen sectores mientras la gente sufre. Ese modelo fracasó. Un sistema universal en el que las EPS y las IPS dejen de ser las que manejan a su antojo los recursos y la atención de los pacientes se puede hacer ya. La salud es un derecho por el cual debe responder el Estado, y la ejecución de los servicios debe hacerla un sector privado realmente supervisado y que entienda que maneja recursos públicos. Ni competencia real ni eficiencia produjo la Ley 100.
En educación, no más medidas parciales que afectan a máximo miles de estudiantes, cuando el problema es de millones. Ya tenemos cobertura universal en primaria, y avanzamos en secundaria. Es hora de dirigir todos los recursos y esfuerzos a fortalecer la educación pública gratuita. Las brechas entre ricos y pobres empiezan en la cuna y se consolidan en el proceso educativo.
Finalmente, el tema de la seguridad social: con Beps no vamos a lograr la cobertura universal requerida en un país que envejece rápidamente y lleno de informales. Tres pilares, uno solidario –Chile, por ejemplo– que se ocupe de ingresos de los adultos mayores pobres; otro donde las contribuciones de salarios altos ayuden a financiar las otras pensiones, y un tercero de capitalización individual. Este es el camino que Colombia lleva 3 décadas evadiendo.
Para estos cambios se necesitan voluntad política y apoyo de esos sectores poderosos que viven en otro mundo, y un incremento sustantivo en los impuestos que provengan de los individuos ricos, de sectores evasores que tienen capacidad, de estrategias para actuar sobre paraísos fiscales, y acabar con esos privilegios a grupos poderosos. Tres brechas: la rural, que ya tiene ruta; la de género, que se agrava, y la regional requieren compromisos serios. Es el momento.
CECILIA LÓPEZ MONTAÑO
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