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Por estafa en masa, investigan a cabezas de universidad indígena

Ministerio de Educación ordenó el cierre porque no reunía todos los requisitos legales.

JUSTICIA
Las presuntas irregularidades que llevaron a la orden de cierre de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao), en diciembre del año pasado, ya tiene un capítulo judicial que pondrá a responder ante la Fiscalía a los directivos y representantes legales del centro educativo. A pesar de la orden de cese de actividades emitida por el Ministerio, Unicjao siguió ofreciendo programas académicos para este año.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que la investigación se inició tras la denuncia del Ministerio de Educación de que ese centro educativo establecido en el departamento de Córdoba no tenía los registros para ofrecer programas académicos y que a pesar de esto venía cursando carreras como medicina, derecho y hasta maestrías y doctorados.
El caso fue entregado a un fiscal de la Dirección Anticorrupción, en donde está el grupo de investigadores que adelantó el proceso por las irregularidades en la Universidad San Martín y que imputó cargos contra sus directivos.
Con inspección judicial, el fiscal ya obtuvo los documentos de Mineducación en los que consta que la universidad, que dice tener el respaldo de cabildos indígenas de la zona, no podía ofrecer programas académicos. Además, se ordenó al CTI realizar una inspección judicial a la universidad para establecer quiénes son sus representantes legales, cuántos estudiantes se matricularon en esos programas y cuánto dinero recibieron.
El primero que tendrá que dar explicaciones es el rector y representante legal, Elías José Villalba, quien ya fue multado por el Ministerio con el pago de 51 millones de pesos. Él tendrá que explicar por qué ofrecieron programas que no cumplían los requisitos legales a los estudiantes. Según cifras del Ministerio, en Unicjao estudiaban más de 700 personas. Villalba hizo parte del Consejo Regional Indígena Zenú y en registros aparece como doctor en medicina homeopática.
La hipótesis de la Fiscalía es que la universidad tenía que tener los permisos legales para funcionar y que la autonomía indígena no justifica que no cuenten con esas autorizaciones. Por ello habrían configurado delitos como estafa en masa y posible falsedad en documento.
Investigadores señalaron que no se requiere la denuncia de los estudiantes del centro educativo para seguir el proceso, y que así ellos consideren que no fueron estafados, el hecho de no cumplir con los requerimientos legales genera una conducta penal. Los estudiantes han realizado marchas y manifestaciones de respaldo a las directivas de la institución.
Luego de examinar las evidencias, el fiscal del caso tendrá que definir si hay elementos de juicio para imputar cargos. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que las directivas del centro educativo podrían intentar argumentar que deben ser juzgados por la jurisdicción indígena, y no por la ordinaria.
La Unicjao tiene multa de $ 193 millones
Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior, anunció en diciembre del año pasado una multa de 300 salarios mínimos legales mensuales (193’305.000 de pesos) para la universidad Unicjao.
Además, a Elías José Villalba, rector y representante legal de la institución, también le fue impuesta una multa de 80 salarios mínimos legales mensuales (51’548.000 pesos).
El centro educativo estaba ofreciendo pregrados de medicina, psicología, derecho y trabajo social, entre otros (cuya matrícula oscilaba entre 1 millón y 1,2 millones de pesos por semestre). También había maestrías y doctorados.
En su momento, Ariza les recomendó a los estudiantes no hacer pagos a la Unicjao y buscar otras instituciones.
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