La franja que pone a Peñalosa a defender su primer megaproyecto

La franja que pone a Peñalosa a defender su primer megaproyecto

Se trata del plan de vivienda Ciudad Norte. Ambientalistas creen que se atenta contra el ecosistema.

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30 de enero 2016 , 06:10 p.m.

Esta semana, la administración del alcalde Enrique Peñalosa dará a conocer los lineamientos de uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno: la habilitación de suelo para la construcción de un programa de vivienda en el norte de la ciudad.

Se trata de 5.000 hectáreas en las que, según Peñalosa, podrá edificarse vivienda para 1,5 millones de personas, con zonas peatonales, transporte público, ciclorrutas, parques, escuelas y espacios verdes gracias a la siembra de unos 100.000 árboles.

Según él, de esta forma se estará garantizando un menor daño ecológico para la ciudad y sus vecinos; se evitará que ese millón y medio de personas se sigan esparciendo por toda la sabana, lo que genera los problemas que hoy padecen los municipios aledaños –falta de transporte, desarrollo insostenible, explotación de recursos sin control, migración, etc.–, y se preparará a la ciudad para atender a los 3 millones de bogotanos que se asentarán en la capital en los próximos 40 años.

Esas 5.000 hectáreas se suman a otras 10.000 que estarían localizadas en los municipios de Mosquera, Soacha y en la localidad de Bosa, donde también se planean desarrollos similares. Sin embargo, estos últimos no han desatado los cuestionamientos que algunos ambientalistas vienen haciendo sobre las pretensiones de Peñalosa en el norte.

El meollo del asunto radica en que el área donde se piensa levantar Ciudad Norte, como se le ha bautizado, involucra 1.400 hectáreas que fueron declaradas por la CAR áreas de conservación, en julio del 2011. De ese total, hay 552,6 hectáreas de restauración que pueden terminar urbanizadas, según los críticos.

La intención de Peñalosa y su equipo no es nueva. Desde su primer gobierno, la idea de generar suelo para que la ciudad pueda extenderse de forma ordenada en el borde norte de Bogotá ha sido reiterativa.

El pasado gobierno, sin embargo, apeló a todas las instancias posibles para blindar la reserva, con el argumento de que la ciudad requería este tipo de salvaguardas ambientales para prevenir, entre otras cosas, los efectos del cambio climático, y que, por tanto, si Bogotá necesitaba crecer, tendría que hacerlo de forma densa y compacta hacia adentro, en el centro ampliado.

Así, en el 2014 la administración consiguió que se aprobara el plan de manejo ambiental en esta área, que permite mantener ciertos usos agrícolas, evita la expansión de bienes inmuebles ya instalados –colegios y universidades– y da un plazo perentorio a otras actividades agroindustriales para que cesen sus labores, como en la floricultura.

Lo que ha irritado a los ambientalistas es que la actual administración reduzca el tema a que en la franja Van der Hammen lo que existen son “potreros y vacas”, cuando, según ellos, se trata de un ecosistema único que hay que rehabilitar para “generar un muro de contención” que evite la conurbación a la fuerza. “En el momento en que se metan vías y nuevos desarrollos se dispara el precio del suelo, y el proceso es irreversible”, anotó una de las voces que se oponen.

Lo que dice el Gobierno

La visión del nuevo gobierno es otra. Si bien reconoce que en las actuales circunstancias no se puede hacer nada, pues la decisión de permitir o no el desarrollo urbanístico que se planea depende del consejo directivo de la CAR y del Ministerio de Ambiente, también advierte que hoy en la franja de protección pululan otros desarrollos que han impactado negativamente la zona.

De acuerdo con un reporte de la CAR, en el área de conservación como tal existen bosques, canales, cercas vivas, humedales, plantaciones forestales, quebradas y vegetación de ronda, que suman unas 100 hectáreas; esto es, un 7,7 % de las 1.395 hectáreas que conforman la franja. El otro 92 % está ocupado por cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, centros de salud, industria, instalaciones aeronáuticas, antenas, torres de alta tensión, escombreras ilegales, bodegas, parqueaderos y viviendas.

Todos estos usos ya hacían parte de la franja cuando la CAR la declaró como zona de protección. Y son hoy parte de los argumentos que esboza la administración para decir que es posible revisar el tema e intervenir para generar allí un desarrollo más ordenado en lo urbanístico y más sostenible en lo ambiental.

“Lo que sucede es que cuando a la gente le dicen que van a construir en una zona de conservación, entran en alerta porque se imaginan que se va a arrasar con ríos y bosques, pero acá no es así”, dijo uno de los defensores del proyecto.

Y aunque los ambientalistas reconocen que, efectivamente, en buena parte de la reserva existen potreros, aseguran que lo que el Gobierno no ha entendido es que la declaratoria de protección y el plan de manejo ambiental señalan que se debe propender a la rehabilitación y conservación de todo el ecosistema para su recuperación plena. Y ello incluye la no intervención de una infraestructura como la que se pretende.

En el fondo, el tema revive el viejo debate sobre el modelo de ciudad que debe preservarse para las actuales y futuras generaciones. La visión de los defensores quiere hacerle honor al biólogo Van der Hammen: permitir la reconexión de los cerros orientales con el río Bogotá mediante el mantenimiento de las condiciones del suelo, para favorecer la preservación de especies animales y vegetales que no pueden coexistir con el concreto y las externalidades que genera la construcción.

La visión de quienes hoy manejan las riendas de la ciudad se enfoca en el mismo principio de preservar los recursos presentes en este privilegiado sector, pero con un enfoque que promueve su sostenibilidad a partir de un desarrollo que no riña con el ecosistema y evite que la ciudad se siga desparramando, con consecuencias devastadoras.

¿Y si no se hace?

Ante los argumentos de que Bogotá no puede densificarse más de lo que ya está, hay otras razones que llevan a la Administración a jugársela por proyectos como Ciudad Norte. Según sus cálculos, mantener el actual estado de cosas generaría hacia el futuro un incremento de las emisiones de CO2 de hasta 2 millones de toneladas al año, el uso de 600 millones de galones de gasolina y tiempos de desplazamiento de más de una hora.

¿Qué es la Van der Hammen?

Es un área de 1.395 hectáreas en el norte, dentro del perímetro de la capital, que se creó en el 2011 para reconectar los cerros orientales con el río Bogotá en el occidente.

Allí quedan, según la Corporación Autónoma Regional (CAR), el santuario distrital de flora y fauna, partes de los humedales de Guaymaral, Torca y la Conejera, además del parque ecológico del cerro de la Conejera y el bosque de Las Mercedes. Pero también hay colegios, equipamientos, canchas, cultivos de flores, actividades agrícolas e industriales y bodegas.

De las 1.395 hectáreas, 81,46 (el 5,84 por ciento) están destinadas a zonas de protección donde hay ecosistemas completos. Hay otra zona de restauración de 552,68 hectáreas (39,61 por ciento de la reserva) en la que la CAR ordenó hacer un restablecimiento ecológico “parcial o total”, para lograr la reconexión. Una vez conseguido ese objetivo, se convertiría en una zona de protección.

Otra zona, denominada de ‘protección del paisaje’, es para la preservación de la hacienda La Conejera, inmueble declarado patrimonio y cuyos terrenos –donde también hay actividad agrícola– ocupan 138,2 hectáreas (9,91 por ciento de la reserva), frente al cerro de la Conejera.

También hay un gran sector de uso sostenible donde se pueden desempeñar actividades productivas y extractivas a lo largo de 622,73 hectáreas, es decir, en el 44,64 por ciento del terreno.

BOGOTÁ

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