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Preguntas aún sin respuesta

Preguntas aún sin respuesta

Muchos militares injustamente condenados son víctimas de una guerra jurídica sombría y clandestina.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
28 de enero 2016 , 07:21 p. m.

Hay preguntas en torno a la justicia transicional que se hacen hoy muchos militares. Suelo escuchárselas cada vez que visito algún cantón o sitio de reclusión donde un buen número de oficiales, suboficiales y soldados pagan condenas o esperan un fallo judicial.

Las preguntas que suelen hacerse son tres: 1. Con la postulación voluntaria de un militar, sea sindicado o condenado, ante el llamado Tribunal de Paz, ¿se derrumba toda presunción de inocencia? 2. ¿Aquel que acuda a dicha instancia deberá aceptar que es responsable de lo que se le acusa y renunciar a la verdad para lograr beneficios jurídicos? 3. ¿Se sancionará a quien insista en su inocencia?

Ciertamente, el presidente Santos ha dicho que las Fuerzas Armadas nunca van a quedar en inferioridad de condiciones a las que se les otorguen a las Farc. Pese a ello, las mencionadas preguntas siguen vigentes. Sombras e inquietudes persisten.

Hay una realidad no bien conocida por los colombianos. Son muchos los militares injustamente condenados por delitos que nunca cometieron. Muchos, sí. Cada vez que visito un centro de reclusión militar escucho relatos estremecedores de oficiales y soldados que, luego de haber arriesgado sus vidas luchando contra la insurrección, se encuentran allí por causa de una amañada justicia.

En realidad, son víctimas de una guerra sombría y clandestina que cumple con eficacia sus objetivos: la guerra jurídica. Apareció cuando las Farc, duramente golpeadas en el campo militar, abandonaron el viejo sueño castrista de llegar al poder por la vía armada. Dos factores jugaron en favor de su nueva estrategia: la absurda suspensión del fuero militar y el escalofriante caso de los ‘falsos positivos’.

Los hubo, sí, claro que los hubo. Surgieron cuando, sin ánimo alguno de maldad y obedeciendo a una cartilla aprendida en las guerras regulares, el general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, puso especial énfasis en las bajas que pudieran hacerse en combate a la guerrilla. Era la condición para que a las tropas se les reconocieran méritos de lucha y a sus mandos, obtener traslados y ascensos. Nunca imaginó el general que con ello oscuros militares sin escrúpulos dieran de baja en remotos lugares a civiles disfrazándolos de guerrilleros.

Ahora bien, a este horror, que llegó a ser repudiado en el ámbito internacional, Gobierno y altos mandos le pusieron fin. Sin embargo, no pudieron evitar que los agentes de la guerra jurídica, adelantada en la sombra por las Farc, lograran convertir en ‘falsos positivos’ a reales guerrilleros caídos en combate. Para ello reclutaron falsos testigos que presentaban a estos últimos como inocentes campesinos de la región. Por obra de tales infundios, que no lograron desenmascarar los defensores de oficio, cientos de oficiales, suboficiales y soldados han sido condenados a veinte, treinta o más años de prisión. “Nunca imaginé –me ha contado uno de ellos– que tres meses después de un real y duro combate, con bajas, yo resultara acusado de un crimen atroz”.

Cuando a estos sitios de reclusión ha llegado la noticia de que la justicia transicional puede conceder a los militares solo ocho años de prisión si reconocen culpas, he advertido dos reacciones opuestas. Más de un desesperado se atreve a confesarle a uno: “Si para obtener este beneficio tengo que declararme culpable de lo que no hice, yo lo hago. Así que, en vez de quedarme encerrado treinta años más, salgo libre en dos años y me puedo ocupar de mi mujer y mis hijos”. Pero hay, por fortuna, otros militares que no están dispuestos a claudicar. “Yo soy inocente y no voy a confesar delitos que no he cometido”, dicen ellos. ¿Qué pasará con estos últimos? ¿Será posible que la enigmática justicia transicional revise sus casos? ¿O simplemente sancionará a quien insista en su inocencia?

Sí, son preguntas aún sin respuesta.


Plinio Apuleyo Mendoza

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