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Piden un Conpes para protección del páramo de Santurbán

Piden un Conpes para protección del páramo de Santurbán

Aunque reconocen formalización de minería y proyectos agrícolas, piden más inversión social.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
27 de enero 2016 , 07:39 p. m.

Trece meses después de que el Gobierno anunció la delimitación del páramo de Santurbán en Santander, blindando cerca de 100.000 hectáreas de proyectos mineros y agrícolas, habitantes y dirigentes de la región mantienen la incertidumbre de lo que pasará, pues consideran que los cambios han sido pocos y lentos.

El 19 de diciembre del 2014, el Gobierno anunció que la extensión resguardada, que corresponde al 76 por ciento del páramo (que tiene más de 120.000 hectáreas en los Santanderes), se encuentra entre los 3.000 y 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, señaló, en ese entonces, que las exploraciones de oro que cuentan con títulos mineros, y se estén ejecutando dentro del área resguardada, operarán hasta cuando expiren las licencias ambientales que poseen y que, al parecer, se extenderían por diez años más.

Transcurrido este tiempo, el exdirector de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Ludwing Arley Anaya –entidad encargada de la protección del páramo de Santurbán–, considera que si bien la inversión y la experiencia piloto han sido importantes para el país y la región, teniendo en cuenta que es el primero de los 35 páramos delimitados, aún persiste, según él, la deuda más grande: la social.
“Desde el primer momento planteamos la necesidad de generar un documento Conpes que beneficie a las 4.000 familias que tradicionalmente han habitado en el páramo, porque son ellas quienes asumen el principal impacto que conlleva la conversión de sus actividades”, dijo el exfuncionario, que recientemente entregó su cargo.

Desde que se delimitó el páramo, la CDMB, con el apoyo del Fondo Nacional Ambiental y el Ministerio de Minas y Energía, han ejecutado cuatro proyectos por un valor aproximado a los 5.000 millones, que incluyen aislamiento de rondas hídricas, conservación y siembra de especies de alto valor ecológico, y el de formalización minera y conversión a tecnología limpia.

“Pero la solución de fondo no ha llegado, que es la social. La CDMB cuenta con recursos limitados, pero pese a ello se ha hecho gestión para conseguir el Conpes social”, agregó Anaya.

Por el momento, una de las prioridades que se necesitan es conseguir los recursos para realizar la zonificación en el páramo de Santurbán que permitirá establecer a ciencia cierta qué procesos pueden continuar en la zona.

Por otro lado, los interesados en el proceso coinciden en que aunque se han logrado algunos avances en lo social no han comenzado en forma la totalidad de los programas productivos que en agricultura y turismo se ofrecieron hace más de un año.

Entre tanto, Freddy Gamboa, presidente del Sindicato Minero de Santander, admitió que la demarcación dio alguna estabilidad jurídica a los procesos agrícolas y mineros, pero “hay un aspecto fundamental que es la zonificación, y ese proceso está en vilo”.

Para los dirigentes de la zona minera su mayor preocupación es la ocupación laboral, pues 1.500 personas perdieron sus empleos por la parálisis en los proyectos mineros de las multinacionales.

Por ejemplo, David Augusto González, exalcalde de Vetas (Santander), precisó que los empleos temporales, creados con inversión del Gobierno, terminan este mes su ciclo de financiación.

Erwin Rodríguez-Salah, cofundador del Movimiento Conciencia Ciudadana, que se opone a la explotación de oro en Santurbán, precisó que “la delimitación se hizo para favorecer intereses particulares y no blinda el agua de los santandereanos, porque las mineras siguen en la zona esperando su licencia ambiental”.

Voceros de las multinacionales han indicado que siguen analizando, en terreno, hasta dónde los afecta la demarcación del área donde hay 28 títulos mineros.

BUCARAMANGA

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