Comienza la lucha por recuperar el espacio público en Bogotá

Comienza la lucha por recuperar el espacio público en Bogotá

Ventas de fritos y de productos que se toman espacios públicos serían los primeros en ser retirados.

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25 de enero 2016 , 08:26 p.m.

Los puntos de ventas de comidas que se preparan y se venden en las calles o aquellos comerciantes que tienden sus mercancías en los andenes y pasos peatonales serían los primeros en ser retirados del espacio público.

La calle 72, uno de los principales corredores de población flotante en Bogotá, entre otros, estarían en la mira de la Administración entrante.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó que parte de su estrategia para devolverle la seguridad a la ciudad es recuperar el espacio público. “No estoy diciendo que los vendedores informales sean delincuentes sino que con el desorden estamos dando el mensaje de que cualquiera puede hacer lo que quiera y no pasa nada”, dijo el mandatario en el programa Arriba Bogotá, de Citytv.

Agregó que muchos sectores de la ciudad se han venido desvalorizando como el caso de la avenida Chile. “Este era uno de los sectores más valiosos de Colombia hace 10 o 15 años. Cuántas personas pierden su empleo porque las grandes empresas ya no quieren invertir en Bogotá, o quién quiere que le pongan venta de chorizo frente a su casa”.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, explicó que las primeras zonas en ser intervenidas serán ejes críticos.

“Algunos vendedores que trabajan en los barrios o cargan sus mercancías no generan tantos problemas como aquellos que tienen todo un montaje en el espacio público que les pertenece a todos”.

La estrategia busca que los ciudadanos retornen a las calles, sobre todo, aquellos que han migrado a los centros comerciales por encontrarlos más seguros. “Eso no es sano. En las mejores ciudades del mundo el espacio público es el lugar de encuentro predilecto”, dijo Peñalosa.

Otro de los objetivos es que la gente vuelva a caminar como una opción de transporte, así como impulsar el uso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Todo eso se logra si hay una ciudad menos caótica y con menos ruido en la que se pueda transitar. “Esto no beneficia a los más ricos. Ellos dentro de sus carros ni se dan cuenta. Es el ciudadano promedio el que se verá más beneficiado con la medida”, agregó Peñalosa.

El Alcalde tiene claro lo establecido por la Corte Constitucional cuando dijo que los lugares que ya habían sido recuperados en el pasado se podrían recuperar de nuevo. En ese sentido sectores como San Victorino tendrían que despejar sus calles y plazoletas de ventas que ocupen el espacio público de forma indebida. Hoy es común ver allí venta de chicharrones, bebidas o arroces que se fritan o se preparan en las vías y que están expuestos al polvo y la contaminación propia del sector.

Hoy la incertidumbre es también para los vendedores que dependen de esta forma de empleo. Ellos han dicho que antes de cualquier medida se debe realizar un censo en el que se tenga claro cuántas personas dependen de este trabajo en Bogotá.

Peligros de la manipulación indebida

El control de las ventas ambulantes de alimentos no solo responde a la necesidad de recuperar el espacio sino a la de un problema de salud pública que han investigado expertos como el profesor John Jairo Bejarano, titular del Departamento Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia, quien realizó un estudio sobre los vendedores de alimentos en espacios callejeros en Bogotá (2014) y sus consumidores, ubicados en el perímetro de universidades de las localidades de Teusaquillo, Candelaria y Chapinero y con consumidores, estudiantes de estas instituciones educativas y/o población flotante.

Uno de los problemas encontrados fue que las condiciones de almacenamiento tanto de la materia prima como de los alimentos preparados no eran las adecuadas, que no había control de temperatura y que los alimentos están expuestos al ambiente por muchas horas mientras se venden, lo cual los pone en riesgo de contaminación.

Otra de las conclusiones fue que los vendedores no cuentan con una educación sanitaria para la manipulación de alimentos ni con agua potable para realizar un correcto lavado de manos. Los trabajadores de esta actividad también padecen cambios bruscos de clima, no cuentan con tiempo para almorzar y están todo el día en la misma posición.

Muchos vendedores no utilizan elementos de protección como tapabocas, redecilla para el cabello y guantes desechables. Según el estudio, los aceites utilizados para las frituras están oscuros, lo cual indica la reutilización permanente, posible contaminación química y formación de sustancias tóxicas que a largo plazo pueden causar enfermedades en el consumidor.

“Aunque hay excepciones, las condiciones en donde están ubicados, esquinas en vías de alto flujo vehicular y tráfico peatonal, impiden que sus productos cuenten con unas condiciones óptimas de seguridad alimentaria”, dijo Bejarano.

Otros peligros son los combustibles que utilizan, como gas, pues no cuentan con la seguridad suficiente en las vías públicas para la manipulación y protección de cilindros. No obstante, Bejarano dice que es necesario capacitar y asistir a esta población porque “muchos son personas desplazadas que dependen de este trabajo para vivir”.

‘Somos 120.000 los que vivimos de la calle’

Félix Arturo Palacios Arenas, miembro de la junta directiva del Instituto para la Economía Social (Ipes) como representante de los vendedores ambulantes, dice que lo primero que esperan de la administración actual es un censo que compruebe cuántas personas y familias dependen de esta actividad. “El Ipes dice que somos un poco más de 42.000, yo le puedo hablar de más de 120.000 personas que dependen de esta forma de trabajo. Solamente hicieron un censo en la carrera séptima y el 20 de Julio, pero no en todo Bogotá”.

Agregó que el alcalde Peñalosa no los ha citado a reuniones y que antes de un desalojo esta población espera alternativas económicas y laborales que les permitan sacar adelante a sus familias. “Nosotros estamos dispuestos a ir a capacitaciones, como de manipulación de alimentos, que nos permitan encontrar nuevas alternativas de empleo”, dijo Palacios.

Otra de las críticas de esta población es la falta de continuidad de programas como el de los quioscos del Distrito.

“Esos se los daban a personas que los necesitaban pero que luego de capacitarse tenían que migrar a otras actividades. Eso nunca se hizo y hoy hay personas que llevan más de cinco años trabajando con este mobiliario”, explicó Palacios.

Respecto de las mafias que operan en el espacio público, Palacios dijo que es el Distrito el que debe investigar los bienes y propiedades de muchos vendedores ambulantes. “Hay gente que no tiene necesidades tan prioritarias como otras que sí dependen de este negocio para sostener a sus familias. Esa caracterización se debe hacer lo antes posible”.

Palacios acepta que deben sancionar a quienes incumplan con las normas pero pide que los desalojos no comiencen sin antes concertar proyectos con la población.

BOGOTÁ

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