No han comenzado las sesiones y el Concejo ya tiene los primeros enfrentamientos internos entre los antiguos (22) y nuevos concejales (23).
Los problemas corren por cuenta del ‘carrusel’ de sindicatos, una herencia histórica que se vive cada cuatro años cuando los concejales que se quemaron en las elecciones dejan amarrados a varios funcionarios en cargos que la mesa directiva saliente les adjudicó por resolución a los primíparos.
Son 31 asesores, 9 auxiliares administrativos, 8 conductores, 7 profesionales universitarios y 5 secretarios ejecutivos que fueron repartidos.
Según el artículo 5 del Acuerdo 492 del 2012 cada concejal tiene derecho a tener su propia Unidad de Apoyo Normativo (UAN), conformada por 12 funcionarios de libre nombramiento y remoción. El 50 por ciento deben ser profesionales. Para contratar cuentan con $ 32’784.000 mensuales (48 salarios mínimos).
En octubre pasado se conformaron tres organizaciones sindicales –ajenas a los sindicatos de base–. La expectativa era continuar de largo con sus jefes o los herederos de estos y de paso garantizar la permanencia, ganarse un par de meses de sueldo y no perder la continuidad en sus cargos. Como muchos no salieron elegidos, ahora esos funcionarios pasan a trabajar con los nuevos concejales.
El concejal Rolando González (Cambio Radical) está molesto por esta situación, que califica de vergonzosa y politiquera para la ciudad, además porque la persona que le asignaron solo apareció hasta el 12 de enero. “Yo inicié mi trabajo el 4 de enero y ella solo llegó 8 días después. La situación ya la puse en conocimiento de la Procuraduría y de la oficina de control interno del cabildo distrital”, afirmó González.
Gloria Elsy Díaz Martínez (Partido Conservador), a quien le asignaron a dos personas sindicalizadas, también se siente afectada. Llama la atención porque una de ellas fue asesora y mano derecha del exconcejal investigado por el ‘carrusel’ de la contratación Ómar Mejía Báez, también del Partido Conservador.
Díaz Martínez se pregunta por qué no se hizo la distribución también entre los concejales antiguos, por lo que para ella es una situación ilegítima y pidió que una vez se conforme la nueva mesa directiva, se derogue esa resolución.
Lo paradójico es que esa misma jugada la hicieron varios miembros de su partido, el Conservador. Por ejemplo el equipo de la exconcejal Soledad Tamayo Tamayo también se sindicalizó. Dentro de los ‘azules’ el malestar es evidente como quiera que la excandidata y líder de esa colectividad, Marta Lucía Ramírez, puso en conocimiento el tema en sus redes sociales.
Así fue la jugada
Esta maroma política para quedarse con los cargos del Concejo fue impulsada también desde la oficina de la exconcejal del partido de ‘la U’ Liliana Guaquetá de Diago, quien trató de heredarle la curul a su hija Diana que venía en la lista cerrada del partido Centro Democrático. Pero las cosas no salieron y los 9 trabajadores de la exconcejal fueron repartidos entre los concejales nuevos; entre ellos a Hollman Morris, a quien le asignaron el conductor que le manejaba a Guaquetá de Diago.
Otro de los quemados fue Fernando López. Su heredera no llegó con la suficiente fuerza y los tres miembros de su confianza que se sindicalizaron fueron a parar entre los concejales Rolando González, también de Cambio Radical, Daniel Andrés Palacios Martínez y Andrés Forero Molina, del Centro Democrático.
A Severo Correa Valencia, investigado por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción, le funcionó la jugada. Seis de sus funcionarios pasaron a manos de su hijo, Ricardo. Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical, que salió del Concejo para cederle el puesto a su esposa, Luz Marina Gordillo, del Partido Liberal, antes de irse le dejó amarrados 8 cargos con el fin de que no le fueran a meter gente que no es de su confianza.
Una de las asesoras sindicalizadas sostuvo que ella sí tiene derecho a asociarse, que es legítimo y que además fue ella la que elaboró todas las ponencias y las propuestas que presentó su jefa, quien pretendía heredar su curul, pero que salió quemada.
La nueva mesa directiva debe decidir si mantiene la resolución o la deroga y hace una nueva distribución de los sindicalizados. A ellos les deben seguir pagando hasta tanto no se resuelva su condición.
EL TIEMPO se abstiene de dar los nombres de los funcionarios debido a que la mayoría de ellos están en situaciones especiales, como fuero sindical, el cual debe ser resuelto por un juez laboral, en maternidad o en condiciones de vulnerabilidad manifiesta.
BOGOTÁ