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'Fallos del Consejo de Estado demuestran que nos cuesta más la guerra'

'Fallos del Consejo de Estado demuestran que nos cuesta más la guerra'

Nuevo presidente del tribunal habla, entre otros temas, del papel del Consejo en posconflicto.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de enero 2016 , 10:06 p. m.

El nuevo presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, asegura en entrevista con EL TIEMPO que en las sentencias por la responsabilidad de la Nación, por acción u omisión, en violaciones de los derechos humanos está documentada buena parte de la historia del conflicto en el país. Por eso, dice, los fallos de esa corte deberían jugar un papel clave en la reconstrucción de la verdad de lo que pasó en la guerra.

Rojas pretende llevar el Consejo de Estado a las regiones para un ejercicio inédito: hablarles a los mandatarios de las condenas más frecuentes contra la Nación, para tratar de que el ejemplo sirva para prevenir actuaciones administrativas que den pie a nuevas demandas.

Usted llega a la presidencia del Consejo de Estado en un momento en el que la imagen general de la justicia, y de las altas cortes, no es la mejor...

Lo más importante es presentar resultados reales de lo que se hace en las altas cortes. La pérdida de confianza ciudadana se presenta porque los ciudadanos no tienen una información completa y suficiente del trabajo en las cortes. Tienen una cierta información y se quedan con esa imagen. Las altas cortes realizan labores muy importantes, pero no son suficientemente conocidas por la ciudadanía.

¿Por qué la demora para decidir casos como el del exalcalde Petro o el del procurador Ordóñez?

En el caso del Procurador no puedo pronunciarme. La corporación aceptó mi impedimento. Pero, en sentido general, lo que pasa en estos casos es que son difíciles de tramitar, si bien no necesariamente complejos desde el punto de vista jurídico.

En el caso del Procurador hubo muchos impedimentos, recusaciones e incidentes particulares en el trámite procesal. En el caso del exalcalde Petro, pasó lo propio. Creo que ha habido de alguna manera la celeridad correspondiente, en los términos procesales, en cada uno de los casos. A veces se presenta en los medios que el Consejo de Estado está dividido en función de ciertos procesos. Dicen que unos sectores apoyan a Petro, y que estos otros al Procurador. Esta es una imagen que se debe acabar.

El Consejo de Estado ha sido responsable y serio en la toma de decisiones, independientemente de las ideologías y tendencias que pueda tener cada uno de sus miembros. A la hora del debate, la Sala Plena es muy sensata e inteligente.

¿Las vacantes que se van a generar este año en el Consejo de Estado van a impedir que se tomen decisiones?

En estos momentos ese no es un problema. Para el primer trimestre del año, si se tomaran ese tipo de decisiones por parte de la Sala Plena, no habría ninguna dificultad porque justamente este es uno de los momentos donde está completa: 27 miembros en ejercicio.

Falta un miembro de la Sala de Consulta, pero para la toma de decisiones judiciales el Consejo está completo. Pero este año se van ocho miembros del Consejo de Estado, y el año pasado elegimos a otros nueve. El hecho es que en los primeros cuatro meses de este año, todas las decisiones de la Sala Plena tienen felizmente un quorum con el que se pueda tomar decisión.

El Consejo cambió el reglamento para elegir magistrados. ¿Cree que ese ejemplo deben seguirlo las otras cortes?

En esta corporación veníamos padeciendo la dificultad de nombrar los nuevos magistrados; ese proceso se podía demorar hasta año y medio, y eso en cualquier escenario es una dificultad. A nosotros nos ha ido bien, creo que fue una buena práctica hacer el cambio y valdría la pena que las cortes siguieran ese ejercicio.

Su antecesor en la presidencia, el magistrado Rafael Vergara, se manifestó varias veces en contra de la reforma de equilibrio de poderes. ¿Usted qué opina de esa reforma?

Yo creo que no debió suprimirse la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Particularmente siempre consideré, y sigo considerando, que el diseño de la Constitución de 1991, en relación con la administración de la justicia, quedó bien hecho y que si en algún momento histórico el funcionamiento de este desarrollo constitucional no dio los resultados que esperaban, esto no daba para la solución radical que se tomó.

Yo creo que algunas modificaciones importantes, sin suprimirlo, habrían sido suficientes. Entonces no estoy de acuerdo con la reforma. Sin embargo, ante lo hecho, hay que asumirlo. Yo soy el presidente del Consejo de Estado, y en esa condición soy su representante ante el nuevo Consejo de Gobierno y tengo una responsabilidad que cumpliré como debe hacerse.

¿Qué va a pasar con las medidas cautelares del mismo Consejo de Estado que tienen congelado ese Consejo de Gobierno?

Ese es el gran reto y la angustia que tenemos, que tengo yo y que tendrán los nuevos presidentes de la Corte Constitucional y de la Suprema de Justicia. Estamos en el peor de los mundos posibles, no existe un Consejo de Gobierno funcionando (por las medidas cautelares) y a la Sala Administrativa que está en funciones no la toman en serio. El Gobierno no se la toma en serio. Le parece que ya no es un interlocutor válido. Pero mientras no esté funcionando el Consejo de Gobierno Judicial creado en la reforma de equilibrio de poderes, pues tenemos que atender lo que tenemos.

Sé de las dificultades que tiene la Sala Administrativa para pedirle una cita al Ministro de Hacienda y conversar temas importantes que tienen que ver con el Consejo de Estado en materia presupuestal. Pero no lo consideran un interlocutor válido, y creo que esto es un acto errado.

¿Cuál será el papel del Consejo de Estado en el posconflicto?

Las decisiones de la Sección Tercera, a la que pertenezco, frecuentemente se refieren a asuntos relacionados con violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto. Se han proferido condenas por masacres, desapariciones, tortura y en general por graves violaciones de derechos humanos, bien por acción u omisión del Estado.

Este tipo de decisiones envía un primer mensaje, que es económico: nos cuesta más la guerra que la paz. Pero hay un segundo mensaje: es un ejercicio de recuento histórico y de memoria. Por eso, considero que esas decisiones del Consejo de Estado deberían hacer parte del archivo de Memoria Histórica del conflicto. 

JUSTICIA

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