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Estrategias para alcanzar una paz duradera

Estrategias para alcanzar una paz duradera

Según el autor, no se pueden repetir experiencias donde la búsqueda de la paz no generó un cambio.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de enero 2016 , 08:21 p. m.

Tanto el Presidente de Colombia como el jefe de los negociadores del Gobierno en las negociaciones de La Habana, previamente a la posible firma de un acuerdo de paz con las Farc, han insistido en que dicho acuerdo no implicará ningún cambio del modelo político ni de las estructuras económicas y sociales que lo sostienen.

Por ello, tal y como sucedió con el posconflicto en otros lugares del mundo en donde se aplicó la solución del conflicto a través de una “paz posible” y solo se negoció la incorporación de los insurgentes a la vida democrática y las garantías para ello, sin llegar a solucionar los problemas estructurales que generaron el conflicto, la frustración será casi inmediata. Pues el acuerdo de paz se confundirá con una simple desmovilización de un grupo armado insurgente.

Cambios necesarios

Uno de los puntos al que se debe dar más importancia es el acompañamiento de la firma de la paz a la gestación de una nueva racionalidad que haga explícitos los cambios que necesita una sociedad para ser distinta de la que estuvo enfrentada en una guerra o conflicto armado.

Sería lamentable que aquí suceda lo mismo que en Guatemala, sur de Filipinas o Paraguay, para poner unos ejemplos, donde las transiciones entre guerra y paz o dictadura y democracia no generaron nuevos imaginarios para el cambio de la sociedad que había. Ello explica en parte la indiferencia o apatía social hacia esos acuerdos y a la situación posacuerdo de paz.

Por ello, para alcanzar resultados más prometedores, los distintos actores sociales y políticos de Colombia deberán abordar transformaciones de fondo lo más pronto posible. Y para hacerlo será requisito indispensable el cambio de varios factores y actitudes anquilosadas. Pues para el logro de la paz se requieren muchas más variables que la simple negociación y firma de acuerdos. Hay que realizar acciones políticas encaminadas a solucionar los problemas causantes de la inconformidad social.

Sin grandes inversiones sociales y sin la desprivatización de los privilegios, concentrados en un pequeño grupo de personas o familias, la situación posconflicto caería en el mismo desasosiego producido en Centroamérica, Angola, Mozambique, Somalia, Sudán o Afganistán, para citar casos conocidos.

De ahí la importancia de tener como referencia la enseñanza posfirma de los acuerdos de paz de varios países, en particular de Centroamérica, donde las altísimas cifras de criminalidad en el posconflicto están relacionadas directamente con la preservación de la misma estructura económica y los fracasos en la reinserción de guerrilleros, paramilitares, militares y policías distanciados de la guerra tras los acuerdos de paz.

Esto, porque luego del entusiasmo inicial de los acuerdos de paz, en particular en zonas de mayor confrontación armada y debido a los incumplimientos, hubo una constante frustración y recrudecimiento de la violencia, ahora indiscriminada, sin tintes ideológicos, y de carácter delincuencial, que llevó a no pocos a sentir nostalgia por la “seguridad” imperante en los años de guerra.

Causas estructurales

Teniendo en cuenta lo anterior, es urgente formular estrategias de paz que modifiquen las causas estructurales que dieron origen y alimentan hasta hoy el conflicto armado colombiano. Es urgente un plan estratégico de índoles social y económica, independiente del mismo acuerdo de paz, que transforme de manera radical la continuidad histórica de la estructura económica y social de Colombia, en la que es central el papel de la tenencia injusta de la tierra en los conflictos de expresión violenta.

Se debe aprovechar la coyuntura de paz para resolver la profunda crisis humanitaria que padece el sector rural, con el ofrecimiento de condiciones óptimas para la titulación de tierras, al levantar un verdadero censo agrario, definir linderos y promover la recuperación integral de las zonas abandonadas o perdidas por causa del conflicto. Es decir, con la prestación de los servicios básicos de salud, educación, formación técnica y créditos agrarios favorables.
Hay que priorizar la transformación del modelo de acumulación imperante por décadas, en uno de redistribución más justa. Si bien no es posible realizar una “revolución por decreto”, un cambio estructural profundo solo se podrá alcanzar mediante un pacto social. En caso contrario, la fuerte hegemonía económica de parte de un reducido grupo de familias y su negativa a un sistema de redistribución más justo seguirán como fuente de conflictos.

La degradación y el alargamiento del conflicto impedirán crear un clima de reformas y aumentarán los ataques contra el patrimonio e integridad de la clase dominante. No abrir los espacios políticos ni posibilitar una mejor redistribución económica llevará, en breve plazo, a la conformación de nuevos grupos ilegales armados. Es necesario comprender que el país del inexorable futuro no podrá, como hasta ahora, hacer cambios aparentes para seguir igual.
También es preciso reconocer que un sistema electoral ininterrumpido por más de medio siglo no es sinónimo de democracia plena. En la fase posconflicto, los nuevos partidos y movimientos políticos necesitan garantías suficientes. Es forzosa la reglamentación ética de los partidos para evitar que reproduzcan los vicios de las llamadas maquinarias electorales.

Entre las tareas más urgente está generar desarrollo social que impida que millones de colombianos pobres tengan que recurrir al sistema clientelista del bipartidismo, vigente aún en la mayoría del país. Hay que acabar con la violencia electoral que impide a otras alternativas partidarias su actuación en la escena política de una manera abierta, y las campañas de cualificación del voto deberán ser masivas, en especial entre los más jóvenes.

Un punto crítico y de la mayor atención es el problema de la corrupción en lo público, flagelo de grandes proporciones. El país deberá encontrar mecanismos eficaces de juzgamiento para los casos de apropiación indebida de miles de millones de pesos por los funcionarios o agentes del Estado.

Paralelamente a los cambios estructurales de tipo material, Colombia necesita con urgencia la transformación de valores, para que la promoción social no se dé a través del delito, con la complicidad silenciosa de la sociedad. La admiración por los éxitos económicos de criminales de cuello blanco exige ser contrarrestada no solo con campañas educativas, sino con la recuperación de la justicia y el fin de la impunidad imperante.

Así sea un tema que cause recelos, en tiempos de paz es necesario reducir el número de miembros de las Fuerzas Armadas, y el cambio de su doctrina. El estamento militar colombiano, ante la inexistencia de conflictos exteriores directos, ha tenido como misión exclusiva la llamada “seguridad interna”, a través de la represión violenta de la protesta social y los levantamientos sociales contra la injusticia. Entender que el posconflicto hace obligatoria la reducción sustancial de los grandes contingentes militares utilizados durante el conflicto y la necesidad del fortalecimiento de la policía civil en las zonas del conflicto. Así mismo, la justicia penal militar no se utilizará como mecanismo de impunidad y de solidaridad de cuerpo. La justicia ordinaria deberá conocer todos los casos de violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Respecto del narcotráfico, la situación internacional del mercado de las drogas ilícitas hace prever que este continuará en los volúmenes actuales, en un plazo relativamente largo. Se estima que a mediano plazo se presentará una baja en la demanda por la sustitución de la cocaína y la heroína por drogas sintéticas, provenientes de la antigua Europa oriental, Rusia y México. Se confía en que este factor, más el fin del conflicto armado, con la inversión social en las zonas rurales y la implantación gradual de un sistema eficaz de justicia, aleje a miles de productores de coca y amapola de esta actividad ilícita. De ser así, la industria del narcotráfico deberá pagar más por la mano de obra, disminuirá las ganancias y perderá atractivo su operatividad desde Colombia.

Mientras tanto, se aceptarán de manera más abierta los debates, cada día más frecuentes, sobre la legalización de su producción, tráfico y consumo. Motivo por el que una nueva política antidrogas deberá, gradualmente, descriminalizar a los consumidores y tratarlos desde la salud pública. De igual modo, deberá considerar las condiciones sociales de las poblaciones involucradas e invertir en cultivos alternos, acompañados de una buena comercialización, si es necesario subsidiada en su primera fase.

La falsa idea de la globalización de una vía debe evitarse. En particular, la llegada de capitales financieros especulativos debe reducirse al máximo. Tendrán que revisarse y renegociarse los acuerdos de libre comercio, y considerar la soberanía alimentaria y la salvaguardia de los recursos nacionales. No dentro de la idea de un nacionalismo, en el sentido patriótico, sino en el marco del equilibrio de las necesidades de grandes masas de población que dependen de empleos productivos que se han ido perdiendo con su implementación.

Por último, las relaciones de EE. UU. y Colombia, en el presente y el futuro cercano, se implementarán bajo la premisa de que el Gobierno de Washington apoye una paz democratizadora en Colombia. Sin embargo, es crucial para el futuro definir la conveniencia de considerar la importancia de abrir las relaciones políticas y comerciales con otros bloques económicos y políticos mundiales de los que Colombia no podrá estar ausente, y afianzar los vínculos con otros gobiernos con independencia de su matiz ideológico y económico. Igualmente, la participación de la OEA y Unasur como verificadores del proceso de paz será importante si mantienen la neutralidad deseada.

MARIO RAMÍREZ-OROZCO
Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma Nacional de México. Profesor asociado en el doctorado en Educación y Sociedad, en la Universidad de La Salle.

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