El homicidio y el atraco, dos de los delitos de mayor impacto en la seguridad ciudadana y que tradicionalmente se incrementan en los meses de diciembre y enero, bajaron durante el tiempo que estuvo vigente la prohibición del porte de armas decretada por el Gobierno Nacional.
Durante la vigencia de esa medida en todo el país, señalan cifras de la Policía, el homicidio bajó un 17 por ciento: pasó de 1.777 casos a 1.515. El atraco cayó de 15.638 casos a 12.929, una reducción de 2.709 casos.
Esos efectos positivos explican por qué el presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que la restricción del porte de armas se extenderá a todo el año en todo el territorio nacional.
Santos dijo que espera que la decisión contribuya “a seguir disminuyendo el delito y sobre todo los crímenes que se cometen con el uso de estas armas”.
Aunque las administraciones locales en su mayoría son partidarias de la restricción, la decisión final depende de cada Brigada. De allí la importancia de la determinación, pues en la práctica vuelve nacional la medida.
De ahora en adelante, quien sea sorprendido portando un arma que tenga salvoconducto no incurrirá en un delito, pero sí podría perder su arma.
En el caso de Bogotá, en donde la prohibición lleva varios años, la Policía tiene un procedimiento que incluye el decomiso del arma y el inicio de un proceso administrativo que puede tardar varios meses. De todas formas, el ciudadano tendrá que pagar una multa de un salario mínimo.
Hasta ahora la decisión sobre la restricción del porte de armas había sido tomada por las brigadas militares presentes en algunas ciudades, como Medellín, por temporadas y por solicitud de las autoridades civiles.
Según cifras de Medicina Legal, en el 72 por ciento de los casos de homicidio registrados en el 2014 fue usada un arma de fuego.
Rubén Darío Ramírez, consultor en temas de convicencia y seguridad ciudadana, sostuvo que la decisión debe estar acompañada con el fortalecimiento de la Fuerza Pública para garantizar el control de las armas ilegales.
“Más del 90 por ciento de los delitos se cometen con armas que no tienen salvoconducto. Por eso, el reto es desarmar a los ciudadanos que tienen armas legales, pero garantizarles que su seguridad no se va a afectar”, indicó Ramírez.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que muy pocos países han dado ese paso trascendental y que la medida es el principio para un desarme generalizado.
“Este año se va a dar el desarme de la guerrilla y la restricción del porte legal va a ser muy importante para reducir la violencia a todos los niveles”, indicó.
Las armas legales están sobre todo ligadas a casos de muertes por intolerancia, que en Colombia pueden ser cuatro de cada 10.
Restrepo coincidió en que el presidente Santos debe dar la orden de que la Fuerza Pública salga a las calles a hacer cumplir la medida y, sobre todo, “a desarmar a las personas que tienen armas ilegales”.
En Colombia la solicitud de licencia para portar armas se ha ido reduciendo año a año. Según las autoridades, hoy habría alrededor de 800.000 armas amparadas por el Departamento de Control Comercio de Armas y Municiones, entidad que depende del Ministerio de Defensa.
Entre tanto, el número de armas cortas ilegales en manos de delincuentes podría superar los dos millones.
EL TIEMPO