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Los dolorosos relatos de torturas en la época del Palacio de Justicia

Los dolorosos relatos de torturas en la época del Palacio de Justicia

La justicia cotejó la existencia de una zona reservada para torturas en el Cantón Norte de Bogotá.

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La sentencia a 40 años de prisión proferida en las últimas horas en contra del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, exjefe de inteligencia militar en Bogotá, por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 30 años, tiene en sus apartes nuevos detalles relacionados con el caso.

Sánchez Rubiano fue sentenciado por la desaparición de Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, administrador y empleado de la cafetería del Palacio que fue tomado por un escuadrón de guerrilleros del M-19.

Imágenes de la retoma del Palacio de Justicia / Archivo Particular

En el fallo condenatorio contra Sánchez Rubiano, de 479 páginas, se habla de la existencia de una zona ‘especial’ en el Cantón Norte en donde a finales de los años 70 eran llevados allí detenidos que eran sometidos, según estas declaraciones, a fuertes interrogatorios.

El actual congresista José Antonio Navarro Wolf, quien fue miembro del M-19, declaró en este proceso el 6 de marzo de 2007 que fue detenido por la Policía y puesto a disposición del Ejército que lo mantuvo por 19 días en la Escuela de Caballería.

Afirmó que por una noche estuvo detenido en la Unidad Militar de Tolemaida, donde fue sometido a interrogatorios, en los que utilizaron técnicas poco ortodoxas, y sufrió maltrato físico y psicológico, sin que durante esos 19 días tuviera contacto con persona distinta a sus interrogadores, y solo después de transcurrido este tiempo fue conducido ante la autoridad judicial competente.

Navarro explicó que todo sucedió “para el año 1980, época en la que se encontraba vigente el llamado Estatuto de Seguridad que permitía las detenciones administrativas antes de que hubiera una decisión judicial”.

En el mismo escrito, el mayor Óscar William Vásquez reconoció que mantuvo en su poder los documentos de identidad de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, quienes también fueron torturados en una sede militar ubicada al sur de Bogotá.

Cuando se le preguntó sobre quién manejó a los retenidos por sospecha, Vásquez expuso: “No, doctora, no supe quién manejó los retenidos, pero en este punto sí le quiero contar algo: cuando había retenidos de cualquier naturaleza, no estoy hablando del Palacio de Justicia, cuando había retenidos de cualquier naturaleza, se llevaban a la Escuela de Caballería porque allá existían las celdas o calabozos para tener a esos retenidos. En las instalaciones del Cuartel General no existía ninguna celda ni calabozos ni piezas de retenidos, por ejemplo, cuando yo hice una operación que era mi blanco contra el grupo Ricardo Franco, los retenidos después de los allanamientos, se llevaron a la Escuela de Caballería y como eso sí era de mi blanco, allí estuve yo dirigiendo los interrogatorios”.

Para la parte civil en este proceso, esa labor la desarrolló igualmente Vásquez posteriormente a la que menciona, cuando regresó el 7 de noviembre a la brigada y los días posteriores, “dirigiendo los interrogatorios a algunas personas llevadas allí como sospechosas, tal como ocurrió con José Vicente Rubiano, quien manifestó que fue trasladado a la Escuela de Caballería y fue torturado durante los interrogatorios”, describiendo, entre quienes participaban en sus interrogatorios, a un capitán “pastuso” que era quien mandaba a la gente a que les pegara.

Detalles de la zona reservada

Se afirma que el B2, unidad de inteligencia militar, operó como seleccionador y clasificador de las personas que salían del Palacio de Justicia, siendo claros los casos de Irma Franco, Orlando Arrechea Ocoro, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Magalys Arévalo y Orlando Quijano, quienes, en virtud del señalamiento como 'especiales' del que fueron objeto, recibieron un tratamiento particular y degradante en el segundo piso de la Casa del Florero.

Igualmente, se afirma que dentro del procesamiento del que eran objeto las personas declaradas como 'especiales', el ciclo se cerraba con su aislamiento en instalaciones militares, en donde el B2 tenía un papel preponderante en los interrogatorios; encontrándose  plenamente establecida la existencia de una zona reservada para interrogatorios en los predios de la Escuela de Caballería, zona a cargo del B2 de la Brigada XIII, como lo confirman los traslados de los conductores, las retenciones de civiles en Zipaquirá y el mismo comandante de la Escuela de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega.

Más detalles

En cuanto a lo expuesto por los apoderados de la parte civil, en el que se refieren expresamente a que el mayor Vásquez Rodríguez, cuando regresó a la Brigada, el 7 de noviembre, y durante los días posteriores, dirigió los interrogatorios de algunas personas llevadas allí, catalogadas sospechosas, como José Vicente Rubiano, quien manifestó haber sido trasladado a la Escuela de Caballería, en donde, asegura, fue interrogado y torturado, considera “mentirosa y malintencionada” la vinculación que hacen de su prohijado con el capitán mencionado por el testigo, pues tal y como está mencionado en la misma resolución de acusación Vásquez Rodríguez es oriundo de San José de Pare (Boyacá), mientras que según el deponente “el capitán pastuso era el que mandaba a la gente a que nos pegaran, pero de los otros que nos pegaban no se sabía qué grados tenían porque no tenían distintivos de grado. Ellos, los que nos pegaban, decían era ‘mi capitan’. Había cuatro o cinco además del capitán”.

Testimonio Orlando Quijano

En el mismo sentido se tiene la versión de Orlando Quijano, quien cuenta cómo, luego de permanecer desde el 6 hasta el 7 de noviembre en la Casa del Florero, un oficial ordenó que lo trasladaran al Cantón Norte, siendo llevado al batallón de Usaquén, a las caballerizas en la 7.ª con 100, donde lo sometieron a varios interrogatorios en un cuarto oscuro. Asegura que en la Brigada, si bien no lo torturaron físicamente, lo interrogaron con trato fuerte, diciéndole que era del M-19, que “cantara” cuánta gente se había metido al Palacio. Allí, dice, duro un día o día y medio, hasta cuando lo llevaron a la Sijín, en la avenida Caracas con calle 6.ª, donde permaneció aproximadamente un día, viendo ese lugar, en los patios, “al negrito” Orlando.

Orlando Quijano trabajaba como abogado en el Palacio de Justicia y sobrevivió al holocausto. / Archivo Particular

Cuenta que de la Casa del Florero lo sacaron rápido y lo metieron en una camioneta por la calle 11, pensando que lo llevaban para matarlo.

Orlando Arrechea Ocoro, el 28 de noviembre de 1985 y ante la comisión especial de la Procuraduría, señaló que en el museo le “dijeron que me dejaban retenido por sospecha; luego de eso me hicieron varias preguntas y hasta el día siguiente nos echaron para la Brigada y luego para la estación sexta para buscar antecedentes (…), nos llevaron en una patrulla, me parece que del Ejército (…), eso fue adonde está el coronel Luis Carlos Sadovnik (…), únicamente nos tomaron las huellas”.

Plazas Vega habla de la zona especial

En las instalaciones de la Escuela de Caballería, en el sector de las caballerizas, para la época de los acontecimientos estudiados existía un sector conocido como área de coordinación reservada, a cargo del B2 de la Décimo Tercera Brigada, en donde además desarrollaban labores los miembros de la contraguerrilla y al que no tenían acceso ni el comandante de la Escuela de Caballería, ese fue el sitio donde se llevaban a cabo los interrogatorios.

Así lo dio a conocer el mismo comandante de la ESACAB para la época, coronel Luis Alfonzo Plazas Vega, quien reconoce que “dentro de las instalaciones de la Escuela de Caballería y en el área general de las pesebreras existe y existía una edificación que no estaba bajo el control del comandante de la Escuela de Caballería, sino de la Brigada 13, y particularmente correspondía al B12 de la Brigada. No tenían ni el comandante de la Escuela ni los oficiales control, ni responsabilidad ni acceso a ese lugar. Allí también operaban las fuerzas de contraguerrilla urbana que tampoco dependían del comandante, sino de la Brigada”. Y agrega que “a ese lugar es posible que hayan sido conducidas personas en proceso de investigación”.

El coronel Plazas Vega dijo que a partir de 1978, un sector de la Escuela de caballería que funcionaba como “enfermería de ganado caballar” fue habilitada “por disposición de la Brigada como área de interrogatorios y dependiendo directa y exclusivamente de la misma Brigada”.

El coronel Alfonso Plazas Vega, en 1985, participó en la retoma del Palacio de Justicia. / Archivo Particular

 Es claro que personas sacadas con vida del Palacio de Justicia por miembros del Ejército y de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que participaron en la operación de la retoma de la edificación fueron conducidas a la Casa del Florero, donde se les consideró sospechosos de pertenecer o ser colaboradores del M-19; siendo remitidos a las instalaciones de la decimotercera brigada, específicamente algunos al sector de las caballerizas, donde funcionaba un área reservada a cargo del B2, destinada para llevar a cabo interrogatorios.

La finalidad, como se hacía palpable, era someter a estas personas a interrogatorios más profusos y especializados”, bajo un tratamiento más severo, agresivo y violento del que ya de por sí se les brindaba a los sospechosos o especiales en la Casa del Florero, donde, además de mantenerlos con los brazos en alto, mirando contra la pared, llegaban a propinarles puntapiés y a maltratarlos halándoles el pelo y profiriendo en su contra expresiones soeces y amenazadoras.

José Vicente Rubiano Galvis, quien en noviembre de 1985 fue retenido por el Ejército en la vía Zipaquirá, muestra cómo las torturas fueron un medio no poco utilizado como instrumento para obtener información.

Da cuenta este deponente que “tres o cuatro días antes de lo de Armero”, fue detenido en un retén militar en la vía Zipaquirá, porque en el bus en que viajaba los militares encontraron armas y lo tomaron como sospechoso a él, a su acompañante y a otro de los pasajeros.

Afirma que fueron trasladados “al lado de Usaquén a la Escuela Militar que queda en la 106” y los “metieron en unas caballerizas” en donde fueron objeto de múltiples maltratos con el propósito de que dijeran que eran “subversivos” , “porque el día anterior había sido la toma del Palacio de Justicia y nos torturaron hasta que más no pudieron”. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel Modelo, permaneciendo allí 15 días, al término de los cuales, con ayuda del secretario de Obras Públicas, Carlos Hernán López, logró salir en libertad.

El lugar a donde fue llevado “es pequeño, como de 1,20 por 2 metros de largo, en donde meten un caballo, queda sobre la Séptima”.

Recuerda que entre quienes lo detuvieron se encontraban un capitán y un teniente, a quienes vio en el municipio de Zipaquirá, y respecto al capitán dice que era “un pastuso bajito”, pero no recuerda el nombre.

Al solicitarle aclarar en qué lugar fue sometido a los maltratos, torturas y choques eléctricos a los que hizo alusión, aclara que primero lo torturaron en la oficina a la cual ha hecho mención y después lo encerraron en las caballerizas. Respecto a los choques eléctricos, manifiesta que fue tanto en Zipaquirá como en la oficina de la Escuela de Usaquén.

Traslados para torturas

El concepto del juzgado, basado en los testimonios, es que de esta manera está demostrado, incluso en parte con reconocimiento de responsabilidad por el Estado colombiano ante la justicia internacional, que varias personas rescatadas del Palacio de Justicia, consideradas sospechosas, entre ellas, Irma Franco Pineda, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson, fueron trasladados a instalaciones militares y de Policía por ser considerados sospechosos; estos últimos fueron sometidos a torturas y en el caso de Franco Pineda posteriormente fue desaparecida.

En el expediente obra un documento suscrito por Ricardo Gámez Mazuera, dirigido a la Procuraduría general de la Nación, en el que aparte de dar a conocer su historial como miembro de la Policía Nacional desde cuando ingresó a la Escuela de Carabineros en Villavicencio, asegura haber participado en labores de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, por lo que tuvo conocimiento de las torturas sufridas por Carlos Augusto Rodríguez Vera, de quien se dice “salió del Palacio y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión".

Las torturas buscaban que Rodríguez Vera aceptara ser colaborador del M-19 en la toma del Palacio de Justicia, pues se manejaba la hipótesis de que “en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto”.

Afirma que Carlos Augusto Rodríguez, durante cuatro días, fue sometido a la privación de alimentos y bebidas, siendo colgado de sus pulgares, golpeado con violencia en sus testículos y arrancadas sus uñas, falleciendo como consecuencia de esos tratos. Además, al parecer fue inhumado “en secreto, probablemente en ‘los polvorines’, cerca del sitio donde se hacen prácticas de polígono, en la misma escuela”.

Los testigos

Magalis María Arévalo vio salir del Palacio en el grupo de liberados en las postrimerías del operativo de recuperación a dos guerrilleros heridos que se habían cambiado de ropa, aseverando que un soldado conducía “al mono alto” hacia la Casa del Florero. Sobre este episodio precisa que un guerrillero mono de ojos verdes, herido en la mano, vistiendo camiseta y 'jean', salió del Palacio de Justicia: “Yo lo vi atravesando la calle, la carrera Séptima, rumbo a la Casa del Florero, custodiado por un soldado”.

Luz Mary Montaña, para la época de los hechos empleada de la empresa Serviaseo Ltda, manifiesta que cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia, ella y una compañera se refugiaron en un cuarto de servicio, a donde llegaron dos guerrilleros mal heridos, a quienes personal del Ejército, una vez establecieron control de ese sector, los asesinaron.

“Bajaron unos soldados y golpearon en el cuarto. Pero ya más tarde preguntaron que si había gente… repitieron otra vez, y a mí me amenazaron los guerrilleros, dijeron que no fuéramos a hablar porque ahí nos mataban. Entonces uno de ellos empezó a regañar al compañero por haberse quejado, y los soldados decían: 'Si no abren la puerta ponemos una granada para que explote esto'. Y yo pensé que a patadas no me mataban los guerrilleros por haber abierto la puerta y de primera salió mi compañera y el Ejército nos preguntó que quienes éramos, entonces uno de los guerrilleros dijo que éramos las señoras del tinto y nosotras dijimos que no porque éramos del aseo y a mi compañera la hicieron salir con las manos arriba y luego salí yo y nos preguntaron que quiénes eran los muchachos que estaban adentro y entonces el Ejército nos amenazó que teníamos que decir la verdad y si no nos mataban, entonces ellos cogieron y nos subieron por las escaleras, tres escalones no más, al tercer piso y nosotras volvimos y les repetimos que eran guerrilleros y ellos les dijeron a los dos muchachos que se pararan, les dijeron tres veces que se pararan y uno de ellos, el que estaba herido en las espaldas, le dijo: 'Compa, yo no me puedo parar, ayúdeme' ” y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros, y en ese momento ellos gritaron ya para morir”, relató Montaña.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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