En Colombia, es poco lo que las personas naturales ponen a la hora de pagar impuestos. Esa es la razón que da la Comisión de Expertos para proponer que más personas contribuyan con base en sus ingresos y también en lo que consume.
Aunque en los ajustes tributarios realizados en los últimos años se elevó la base, la realidad es que no fue suficiente y peor aún, el mecanismo se hizo más complejo.
Al igual que en las empresas, la Comisión de Expertos Tributarios plantea eliminar el Iman y el Imas, dejando un solo impuesto a la renta.
La Comisión insiste en ajustar las tarifas que existen, teniendo en cuenta que hay pocos rangos y que es muy abrupto el salto entre quienes no pagan y la primera tarifa.
En ese sentido, plantea reducir la base a quienes ganan desde 1,5 millones de pesos al mes, con tarifas muy bajas (hoy es desde 2,4 millones de pesos mensuales).
En ese sentido, el director de la Dian, Santiago Rojas, dijo en entrevista con 'Blu Radio', que en la actualidad unos 2 millones de colombianos declaran renta, pero que con una eventual reforma tributaria deberían hacerlo 5 millones de personas, lo que implica que 3 millones de colombianos más también lo hagan.
Para lograrlo, estima que deberían declarar renta los que ganen un poco más de 1'800.000 pesos mensuales.
La idea es que la tarifa a pagar aumente progresivamente, hasta un máximo de 35 por ciento para quienes devengan salarios superiores a 8,6 millones de pesos mensuales.
Según el informe, si bien esto ayudaría a aumentar en 3 millones de personas el número de contribuyentes, “un poco más del 80 % de la población trabajadora seguiría sin tributar”.
En este impuesto también habría un cambio en la clasificación de las personas. Ya no sería por actividad (empleados, trabajadores por cuenta propia y otros), sino por rentas de trabajo (salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, etc.) y otras rentas.
Por otra parte, la propuesta de la Comisión habla de limitar el uso de los beneficios para lograr deducciones, que según el documento tienen un costo fiscal de 3,5 billones de pesos al año.
Aquí, no se trata de eliminar alguno en particular (pagos de intereses de vivienda, dependientes, aportes), sino de imponer un tope de 35 por ciento de los salarios e ingresos derivados del trabajo y de 10 por ciento de las rentas líquidas, siempre y cuando no superen los 4.500 UVT (unos 133,8 millones de pesos).
Por otra parte, la propuesta incluye gravar a las pensiones altas con las mismas condiciones que los salarios. Como se recuerda, el 80 por ciento de las pensiones son inferiores a dos salarios mínimos, por lo cual estas quedarían por fuera.
Según el documento, los dividendos deberían incorporarse como ingresos gravables en la renta ordinaria de personas naturales.
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