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Corte Constitucional ordena estabilizar el modelo de basuras de Bogotá

Corte Constitucional ordena estabilizar el modelo de basuras de Bogotá

Corte Constitucional dejó en firme término impuesto por la SIC para garantizar la libre competencia.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
21 de diciembre 2015 , 08:24 p. m.

La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá cumplir con la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para estabilizar el actual esquema de recolección de basuras y garantizar que el servicio se preste bajo la libre competencia.

El fallo también contempla respetar los avances y proteger a recicladores para que sean parte del negocio con el objetivo de estabilizar el modelo para la ciudad.

El alto tribunal dio a conocer la decisión en la que se reactiva el término de seis meses, que había concedido la SIC a la administración, para definir un modelo de recolección de basuras para Bogotá.

El esquema, que puede seguir siendo el implementado por el alcalde Gustavo Petro, deberá garantizar el libre mercado a través de un esquemas "de competencia pura o simple", "áreas de servicio exclusivo" o de "prestación directa del Estado".

Aunque la decisión de la SIC había sido proferida en septiembre pasado, la Corte Constitucional se tomó estos tres meses para "verificar que estaban dadas las condiciones para que la población recicladora pudiere ser incluida en cualquiera de dichos escenarios (de libre competencia)", afirmó el tribunal.

La orden se da más de un año después de la crisis que tuvo a Bogotá prácticamente tres días sin recolección de basuras, y en la que Petro llegó a ser destituido por la Procuraduría.

Según las autoridades, Petro "cometió el error de asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad de realizar esas labores (la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá)".

“La determinación intencionada del señor Alcalde quedó evidenciada en las precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, en los meses de julio y agosto del 2012, así como en sus intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo”, señala el fallo.

Hoy, los privados operan en casi el 40 por ciento de la capital.

El expediente también decía que Petro, “de manera libre, consciente y voluntaria”, expidió un decreto que “vulneraba los principios constitucionales de libre empresa y competencia e impuso una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre del 2012”.

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